Elorduy, Mancillas, Mario Aguilar: los nombres en la crisis langostera de El Rosario

Los socios de dos empresas de producción rural que capturan langosta roja en El Rosario, Ensenada, acudirán a instancias internacionales protectoras de los Derechos Humanos para resolver la disputa territorial de 75 mil hectáreas terrestres y marinas que en 2008 fueron “dolosamente sobrepuestas” por la comisión federal de pesca y el gobierno de Baja California.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Ensenada, B.C., a 18 de septiembre de 2015.- Antes promoverán un amparo contra posibles órdenes de aprehensión que los gobiernos federal y estatal pudieran girar en contra los integrantes de las asociaciones rurales pesqueras Kashigi y Mortera de Leyva que desde el martes 15 de septiembre, fecha de apertura de la pesca comercial de langosta en Baja California, cerraron los accesos a la zona de pesca para los integrantes de la Cooperativa Ensenada, con quien desde 2008 sostienen una confrontación que en el pasado ha resultado violenta.

“Si para el lunes 21 de septiembre el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, no resuelve el problema que la federación y el gobierno de Baja California crearon en El Rosario, acudiremos a tribunales internacionales para resolver de fondo este problema”, indicó  Eduardo Cota Osuna, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) en el estado.

Por su parte Rogelio Moreno Peralta, presidente de la Asociación Pesquera Mortera de Leyva, y Iván Arce Acevedo, tesorero del grupo Kashigi, rechazaron la mediación de Matías Arjona Rydalch, secretario estatal de Pesca y Acuacultura, en virtud de que los marginó de las negociaciones que el gobierno de Baja California sostuvo semanas atrás con la Sociedad Cooperativa Pesquera Ensenada, “mostrando una clara inclinación hacia ese grupo, lo cual está lejos de toda objetividad e institucionalidad que le corresponde a su responsabilidad como servidor público”.

Por su parte el licenciado Carlos Alberto Cotri Olguín, asesor legal de la CODUC Baja California, manifestó que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), principal responsable del conflicto en El Rosario, anunció que funcionarios del organismo dependiente de la SAGARPA sostendrá reuniones con las dos asociaciones de producción rural y la cooperativa el lunes 21 de septiembre en Ensenada.

Pero Moreno Peralta y Arce Acevedo expresaron escepticismo en los resultados de la reunión ya que “en los últimos cuatro años ha hecho lo mismo: convoca de último minuto a juntas de conciliación pero no resuelve el fondo del problema, que es la invasión de terrenos y la entrega de una concesión de pesca de langosta roja por 15 años a los cooperativistas, en una zona en la que ellos no trabajan desde hace más de 30 años”.

La región de pesca que mencionan se ubica en el llamado Polígono 2-El Rosario que va de puerto San Carlos hasta Campo Nuevo, en donde por décadas se reporta la sobreexplotación de langosta por pescadores furtivos.

– “Nosotros explotamos comercialmente esa zona por más de tres décadas. En 1988 la misma autoridad pesquera solicitó a los pescadores asentados en esa zona que cuidáramos la región de la pesca ilegal de la especie, por lo que las asociaciones Kashigi SPR de RL, y Mortera de Leyva SPR de RL, hemos cuidado y trabajado la región desde esa fecha”.

LANGOSTEROS MORTERA LEYVA-KASHIGI
Directivos de las asociaciones de producción rural Leva Mortera y Kashigi, narran las presuntas tropelías de funcionarios federales y estatales en el conflicto por la pesca de langosta roja en El Rosario

Los socios de las dos organizaciones de producción rural son miembros del Ejido Reforma Agraria Integral, y por lo tanto titulares de las parcelas colindantes con la zona federal marítimo terrestre donde se encuentra el Polígono 2.

“Por esa razón es que estamos asentados en la misma zona y en la que contamos con permisos de pesca para la captura de otras especies”, explicaron Moreno y Arce.

Manifestaron que en 2004, al incumplir con los requisitos establecidos por la ley, la autoridad pesquera no renovó la concesión de pesca de langosta roja a la Cooperativa Ensenada. En cambio, en 2005 la CONAPESCA otorgó a la asociación Mortera de Leyva un permiso de fomento de pesca de langosta, documento que canjeó en agosto de 2008 por un permiso de pesca comercial para la captura de dicha especie.

La confrontación arrancó días después cuando la cooperativa Ensenada se presentó en la misma zona de pesca con una concesión de la Comisión federal que avaló y cabildeó el entonces secretario estatal de Pesca del Estado, César Mancillas Amador, por órdenes del que era gobernador de Baja California: Eugenio Elorduy Walther.

“La zona de concesión estaba sobrepuesta en las áreas de pesca que se dieron a Mortera de Leyva y a la asociación Kashigi. Hablamos de 75 mil hectáreas”, precisó Cotri Orlguín.

Los asociados explicaron así el incidente: “En un acto protocolario, el gobernador en turno (Elorduy Walther) entregó copias simples de los permisos de pesca de langosta roja a la Asociación Pesquera Mortera de Leyva SPR de RL, con las coordenadas correctas derivadas del permiso de fomento pero al momento de recibir de la autoridad federal el permiso original, las coordenadas del polígono fueron modificadas y por lo tanto diferentes al permiso original que se había entregado. Ante la irregularidad detectada, el permiso fue rechazado por la empresa al haber sido engañados”.

Con ese acto, comentaron, la autoridad pesquera federal generó el conflicto que se vive en El Rosario, en donde la cooperativa Ensenada considera que existen grupos criminales asociados al narcotráfico que han invadido su zona de pesca, y en donde elementos del ejército mexicano han detenido a personas supuestamente portando armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

– “Pero esas acusaciones fueron fabricadas ya que los detenidos, socios de las dos asociaciones en conflicto con la cooperativa, demostraron que las armas les fueron ‘sembradas’ y por ello seis meses después de que los detuvieron obtuvieron su libertad al no existir pruebas que los incriminaran”, comentó Osuna Cota.