Desaparición forzada: verdad y justicia

El Informe sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, presentado ayer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es claro en sus conclusiones: científicamente se demuestra que los cuerpos de estos jóvenes “no fueron incinerados en el basurero de Cocula”.

Isidro H. Cisneros/ A los Cuatro Vientos

Se mencionó además que la falta de voluntad del Estado mexicano para esclarecer los hechos, ha dificultado conocer la verdad sobre estos indignantes acontecimientos que marcan un retroceso en nuestra frágil y fragmentada democratización.

A petición de los familiares de las víctimas, y en virtud de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región, se propuso la integración de un grupo de expertos independientes para una verificación técnica de las acciones realizadas por el gobierno tras la masacre de los normalistas.

México suscribió un Acuerdo de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos para la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, dentro de las medidas cautelares que la CIDH otorgó para determinar la situación y el paradero de los estudiantes, proteger la vida e integridad de los heridos, concertar medidas con sus representantes e informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos.

Durante los últimos seis meses, del 2 de marzo al 2 de septiembre, el grupo de expertos realizó una serie de investigaciones, peritajes y entrevistas sobre el ataque masivo que produjo 180 víctimas directas, y que afectó a 700 familiares, quienes aún se encuentran aterrorizados por el dolor y el maltrato.

PERITOS ARGENTINOS IGUALA
Los peritos argentinos trabajan en el basurero de Cocula: «Ahí no fueron quemados», concluyen en su pesquisa (Foto: internet).

El Informe concluye categóricamente que el Ejército, y las Policías federal, estatal, municipal y ministerial intervinieron antes, durante y después de los ataques. La responsabilidad del Estado mexicano quedó plenamente acreditada.

Se informó que la Procuraduría General de la República fue omisa y sus peritajes contradictorios, que permitió el ocultamiento, la manipulación y en algunos casos, la destrucción de evidencias. Una incompetencia generalizada y de tal magnitud, que una de las recomendaciones del grupo de expertos es reformular la investigación y reanudar la búsqueda de los normalistas, así como tomar medidas concretas para garantizar la justicia y la atención a las víctimas, y contra la desaparición forzada en México.

No se dejaron de mencionar las limitaciones establecidas por el gobierno para entrevistar a los militares acantonados en el 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.

La cooperación internacional en materia de derechos humanos siempre es muy positiva en aquellos países en vías de modernización política, porque ayuda a reconocer la centralidad que tienen los derechos humanos en cualquier sistema que se pretenda democrático. La búsqueda de los desaparecidos y el fincamiento de responsabilidades para las autoridades involucradas es importante, porque como se afirmó durante la presentación del Informe: “la verdad debe ser propiciada por los estados; el tiempo que pasa es la verdad que huye”.

Es un reto para el Estado mexicano restaurar la confianza y credibilidad en las instituciones, así como garantizar la verdad sobre los hechos y la justicia para las víctimas.

ISIDRO H CISNEROS*Isidro H. Cisneros. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia. Ex Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal  (isidroh.cisneros@gmail.com    Twitter: @isidrohcisneros) agitadoresdeideas.blogspot.mx