Incontrolables, militares y policías continúan violando derechos humanos en BC

Ni las recomendaciones de instancias nacionales y estatales protectoras de los derechos humanos, ni las denuncias ante organizaciones internacionales que tutelan la investigación y sancionan los crímenes de lesa humanidad, detienen los actos de tortura, lesiones, amenazas, allanamientos de morada, asesinatos y graves privaciones a la libertad y desaparición forzada cometidas en Baja California por corporaciones policiales y militares.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Ensenada, B.C., a 24 de agosto de 2015.- Tan sólo en el primer semestre del año la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió ocho Recomendaciones por diversas violaciones que incluyen al menos tres casos de tortura y la muerte de un hombre en los separos de la policía municipal de Mexicali.

Y dos de los 25 policías municipales de Tijuana que denunciaron tortura, lesiones, amenazas y graves privaciones a la libertad cometidas en 2009 por elementos del ejército y policías bajo el mando del teniente coronel Julián Leyzaola López y al capitán Gustavo Huerta Martínez, exsecretario de Seguridad Pública municipal y exdirector de la policía de Tijuana, respectivamente, fueron violentados este año: Jaime Berumen Burrayo fue asesinado por ahorcamiento en enero y Artemio Duarte Martínez desapareció el 11 de agosto.

Hay sin embargo una esperanza de que las cosas cambien: la Corte Penal Internacional (CPI) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aceptó en mayo abrir el expediente relativo a 95 casos de tortura ligados a personas detenidas arbitrariamente por agentes de seguridad de Baja California, torturadas y acusadas falsamente de tener algún vínculo con el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

El licenciado Raúl Ramírez Baena, ex ombudsman de los Derechos Humanos en Baja California y director general de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN), se mostró complacido por la decisión de la CPI pero fue claro en resaltar: “Es cierto, Baja California está en la mira de la comunidad internacional, la ONU, la OEA, la CPI, los medios de comunicación y las ONG pero esto desafortunadamente aún no termina”.

Destacó que la CCDHN, órgano civil que junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), presentó los 95 casos de tortura a la CPI en septiembre de 2014, ya hizo tres actuaciones en los casos de los policías Jaime Berumen y Artemio Duarte.

– “Luego del asesinato de Berumen solicitamos a la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) que tramitara medidas cautelares en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para los 24 agentes que seguían vivos y denunciaron los actos de tortura de 2009 y 2010. Esto se logró en junio pero la protección cautelar nunca se hizo efectiva y por eso el 11 de agosto Artemio Duarte desapareció”.

Es el caso Duarte Martínez lo que motivó la segunda acción de la CCDHN: pidió al ministerio público que integra la averiguación, y después hará lo mismo con el juez penal que analice la investigación, que califique el delito como “desaparición forzada”.

La tercera tarea está en marcha: “También buscamos que los diputados revisen y ajusten este delito en el Código Penal de Baja California porque tal y como hoy está concebido y redactado, es ambiguo  y desarmonizado totalmente con el estándar internacional”.

Edificio de la Corte Penal Internacional en La Haya, países bajos (Foto: Venezuela Hoy).
Edificio de la Corte Penal Internacional en La Haya, países bajos (Foto: Venezuela Hoy).

Las actividades de la organización humanista se presentarán en La Haya, Países Bajos, para que se sumen a la indagatoria que la Fiscalía de la Corte Penal decidió abrir en respuesta a la petición de investigar delitos de lesa humanidad que militares y policías de Baja California cometieron en el contexto de la “guerra al narcotráfico” de Calderón.

En su informe, la FIDH, la CMDPDH y la CCDH documentan y denuncian torturas, graves privaciones a la libertad y desaparición forzada cometidas en Baja California entre los años 2006 y 2012 por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado.

Los documentos demuestran que los 95 casos constituyen crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI porque el carácter de las violaciones a los derechos humanos es “sistemático y generalizado”, que “responden a una política gubernamental, implementada por las autoridades militares, principalmente, y de cuerpos policiales a través del ataque a civiles, con el objetivo de presentar ‘avances y logros’ en la lucha contra el crimen organizado”.

La relación de los hechos que ya aceptó y abrió a pesquisa la Fiscalía Internacional en La Haya, destaca un padrón específico seguido por los criminales: detenían civiles sin orden judicial en sus casas, los sometían a torturas en instalaciones militares, les obligaban a firmar hojas en blanco que serían utilizadas para su autoincriminación o para incriminar a otros, y se les implantaban drogas y armas como “evidencia”.

En múltiples ocasiones se presentó a las víctimas ante los medios de comunicación como responsables, y los hechos ocurrieron con conocimiento, aprobación e incluso participación directa de los principales oficiales militares y policiales de Baja California, como es el  caso del entonces teniente coronel Julián Leyzaola López y al capitán Gustavo Huerta Martínez, en el caso de los 25 policías torturados en un campo militar de Tijuana conocido como “El Aguaje de la Tuna”.

Raúl Ramírez destacó: “En todos los casos documentados las aproximadamente 100 víctimas resultaron absueltas de los cargos por falta de pruebas, o esperan sentencia en procedimientos plagados de pruebas contradictorias y cuestionables. Por el contrario, ningún alto mando militar o policial ha enfrentado cargos penales ante tribunales judiciales mexicanos por los crímenes cometidos contra los policías y civiles, incluidos actos de tortura”.

Algunos de los expedientes también se presentaron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional (AI), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que emitieron o están por presentar recomendaciones, o abrieron investigaciones.

Incluso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió ocho Recomendaciones, de las 20 que formuló en los primeros cinco meses del año, por crímenes que elementos de la Policía Estatal Preventiva, funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado y policías municipales de Mexicali cometieron entre 2012 a 2015.

DETENCIONES SQ

Entre las transgresiones que cometieron los acusados, incluidos agentes del Ministerio Público y médicos legistas, están al derecho a la vida y a la integridad personal; a la legalidad; a la seguridad jurídica, a la propiedad y a la posesión; excesos en la modalidad de lesiones, tortura, tratos crueles, inhumanos, y degradantes; amenazas; prestación indebida de servicio público; así como cateos, allanamiento y visitas domiciliarias ilegales.

Dos de las recomendaciones –las número 15 y 18 del presente año, dirigidas al Secretario de Seguridad Pública estatal Daniel de la Rosa Anaya- son por tortura y otros delitos que perpetraron siete agentes de la Policía Estatal Preventiva: José Manuel Camacho Vázquez, Francisco Javier Ponce Huerta, Martín de Dios García Orozco, Andrés González Michael, Manuel Alejandro Ángel Alzaga, Ángel García Madrigal y Rigoberto Pérez Rivas.

En estos asuntos la forma en como actuaron los policías, de acuerdo con los testimonios de las víctimas residentes de Tijuana, tienen similitudes y destaca el uso de bolsas de plástico para asfixiar a sus martirizados.

Por ejemplo en la Recomendación 15/2015 de fecha 22 de mayo se incluye una parte de la declaración hecha por un hombre en el Ministerio Público del Fuero Común: “Desde el principio eran 3 patrullas de la PEP los que nos abordaron, me pidieron dinero, yo traía como $200 dlls yo les pregunte porque les tenía que dar dinero y me dijeron que nomás, que porque ya me había cargado la chingada (…) les dije donde vivía, me bajaron esposado a mi casa, yo traía las llaves en el pantalón, me metió uno las manos al pantalón y me saco las llaves, lo primero que agarro el oficial moreno, panzón, con orejas largas hacia abajo, como de 34 años de edad, fue un perfume y se lo echo a la bolsa de la camisa, después me preguntaron que donde estaba el dinero, yo les dije que no tenía dinero (…) en cuanto entre a mi casa me pusieron una playera blanca en la cabeza para que no viera, pero si escuchaba), sacaron una bolsa, un policía le dijo a otro que cerrara las ventanas porque se iba a escuchar hacia afuera, las cerraron y me dijeron groserías, me pusieron acostado en la cama con las manos hacia atrás, esposado, con los pies colgando porque estaba primero sentado, un policía se subió en mi estomago para sujetarme, otro agente se subió a la cama atrás de mi cabeza, (cuando me doblaron hacia atrás me quitaron la playera) y me puso la bolsa tapándome la nariz y la boca, como 4 o 5 veces, solo tantean que no se ahogue uno” (foja 74).

Y en la Recomendación 15/2015 de fecha 5 de mayo, otra víctima narra que “al querer dar vuelta por Terrazas del Valle nos pará la Policía Estatal, nos revisaron, a XXXX lo subieron a un carro y a mi golpearon, no nos encontraron nada, y de ahí nos subieron a un sentra gris, de ahí me subieron al carro, me pusieron una bolsa negra en la cabeza, nos tuvieron como media hora y nos llevaron a la colonia Chilpancingo y allá nos siguieron poniendo la bolsa y nos cambiaron de carro, de ahí nos llevaron a la PEP, y estando ahí dentro me torturaron, ponían la bolsa negra, golpes en el estómago, se me subían al estómago, me tuvieron así como 3 horas, de ahí me sacaron para llevarnos a mi casa exigiéndome armas y droga pero yo no tenía nada, me exigieron que los llevara a casa de XXXXXXX y tampoco había nada, de ahí nos llevaron otra vez a sus oficinas y fue cuando me cambiaron de ropa, y me tomaron fotos con un arma y droga, y de ahí ya me trasladaron a PGR, y ahí fue donde empecé a sentir mucho dolor, me tuvieron que revisar los médicos e intervenirme…”(foja 15).

Destaca también la Resolución 7/2015 de fecha 25 de marzo que narra la muerte de Juan Vargas Gutiérrez en las celdas preventivas de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, zona San Felipe, lugar al que fue llevado por agentes municipales luego de una detención arbitraria y violando su derecho a la legalidad y seguridad jurídica, y a gozar de protección especial durante su encarcelamiento bajo el cargo de “intoxicación con heroína”.

En el resto de las Recomendaciones se pide investigar y en su caso sancionar a 21 policías: siete estatales preventivos, cuatro ministeriales y 10 municipales de Mexicali. Algunos de ellos aun trabajan en las corporaciones policiales de Baja California.