La desaparición forzada de Artemio Duarte

Al momento de escribir estas líneas, Artemio Duarte Martínez, de 64 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 11 de agosto de este año en Tijuana. Salió por la mañana de su domicilio y no llegó a su trabajo, donde se desempeñaba como carpintero en espera de su reinstalación como policía municipal de Tijuana, tras ganar un laudo a la actual administración municipal.

Raúl Ramírez Baena* / A los Cuatro Vientos

 “El (militar) que me interogava se enojo y me dijo no te agas pendejo hijo de tu pinche madre ya estas viejo para que andes con mamadas y en ese momento otro me puso una bolsa de plastico en la cara obstruyendo la respiración (…) el mismo que me abia interogado me dijo, me mentiste hijo de la chingada, me viste la cara de pendejo pero ahora si te va llevar la chingada asi que dime todo lo que sepas de Playas, porque ya se todo y si no cantas de aqui no sales vivo”.

Lo anterior es parte del testimonio de Artemio Duarte tras su detención ilegal, arraigo y tortura en el cuartel militar “El Aguaje de la Tuna” de la II Zona Militar en Tijuana, en marzo de 2009, junto con otros 24 policías municipales en activo entregados a los militares por sus jefes policíacos, el Tte. Cor. Julián Leyzaola (según acreditó la CNDH, éste dirigió la tortura,) y el Cap. Gustavo Huerta, hechos ocurridos durante la administración municipal de Jorge Ramos, hoy diputado federal electo.

Dicho testimonio, junto con otros casos más de tortura en Baja California, fue entregado al Relator Especial de la ONU sobre Tortura, Juan E. Méndez, en su visita oficial a Tijuana el 30 de abril del año pasado, quien tras su visita resolvió que la tortura en México es de carácter “generalizada”.

Los testimonios de los 25 policías municipales obran hoy en poder de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), a consecuencia de la Petición interpuesta en septiembre del 2012 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), pendiente de resolución.

El expediente de los 25 policías municipales, junto con 31 casos más de tortura perpetrados en Baja California por el ejército y la PEP, documentados entre los años 2009 y 2012, se encuentran también en la Corte Penal Internacional de La Haya en espera del examen preliminar solicitado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la CMDPDH y la CCDH, por la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad en la modalidad de tortura.

El teniente Julián Leyzaola, pieza clave en uno de los perores casos de tortura en México (Foto: Frontera).
El teniente Julián Leyzaola (derecha), pieza clave en uno de los perores casos de tortura en México (Foto: Frontera).

El 22 de enero de 2015, Jaime Berumen Borrayo, otro de los 25 policías municipales torturados en 2009, falleció por entrangulamiento mientras trabajaba como velador en Tijuana, esperando que el actual Ayuntamiento de Tijuana cumpliera con la Recomendación 87/2011 de la CNDH, lo que a la fecha no ha sucedido. Hasta hoy estos hechos no se han esclarecido.

A raíz del crimen de Jaime Berumen, la CMDPDH solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la implementación de Medidas Cautelares para la protección del resto de los policías y sus defensores, mismas que fueron otorgadas en junio de este año, pero no implementadas. En consecuencia, se da ahora la desaparición de Artemio Duarte.

Se han registrado, además, dos casos más de hostigamiento oficial a ex policías municipales pertenecientes al grupo de 25.

Un caso de desaparición forzada

Por todos los antecedentes, la desaparición de Artemio Duarte no puede ser tipificado como un simple caso de desaparición, detención ilegal, extravío, secuestro (nadie ha exigido rescate por su liberación) u otro, sino que se debe establecer por el Ministerio Público como principal línea de investigación, tras la denuncia interpuesta por los familiares de Duarte, su Desaparición Forzada, delito que si bien no está inscrito en el Código Penal de Baja California, sí está contemplado en el Código Penal Federal (artículo 215-A), en la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de la OEA. De ambas, México es Estado Parte obligado a acatar su mandato.

Para efectos de la Convención Internacional, “se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de Agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

México ya tiene suficiente con los miles de torturados y desaparecidos desde la “Guerra al Narcotráfico” de Felipe Calderón hasta la fecha, incluyendo el caso de los 45 normalistas de Ayotzinapa cuya desaparición está por cumplir un año; México está en la mira de la comunidad internacional, la ONU, la OEA, los medios de comunicación y las ONG; México ya no soporta más casos de desaparecidos. ¿Cuándo acabará esta pesadilla?

RAUL RAMIREZ BAENA*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste. Ex presidente de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, hoy Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la misma entidad mexicana.