Ex fiscal dejó ir al supuesto asesino de Armando Chavarría

Houston, Texas, USA.- La línea de investigación de mayor interés público en el caso del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, Armando Chavarría Barrera, es la política. El principal y único señalado en esta indagatoria es el exgobernador, Zeferino Torreblanca Galindo.
La supuesta declaración del extinto comandante de la Policía Ministerial, Trinidad Zamora Rojo, en la que acusaba al ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, de haber ordenado el asesinato de Armando Chavarría Barrera, no está en el expediente del caso, nunca existió.
Marco Antonio Mönge Arévalo/Interacción
De acuerdo a una síntesis del expediente, que se desprende de la averiguación previa BRA/SC/02/1751/2009 —a la que Interacción tuvo acceso— en su lugar se encuentra la declaración ministerial hecha por el exprocurador General de Justicia del Estado (PGJE) Alberto López Rosas, en la que afirma que obtuvo dicha información de manera informal, en una “entrevista” con Zamora Rojo.
El 20 de agosto de 2009, fue asesinado a balazos el entonces presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, afuera de su domicilio, le dispararon dentro de su automóvil Volkswagen Bora, cuando éste se disponía salir a ejercitarse.
El 18 de agosto de 2014, el periódico El Sur dio a conocer la supuesta declaración ministerial de Zamora Rojo: “El asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera, perpetrado el 20 de agosto de 2009, fue ordenado por el entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y ejecutado por un grupo de policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
“Así lo dijo en los primeros días de junio de 2011 el comandante de la Policía Ministerial, Trinidad Zamora Rojo, en una declaración ministerial rendida ante la Procuraduría e integrada al expediente del caso.”
Más tarde, el 17 de septiembre de 2014, al exprocurador López Rosas lo requirió la PGJE, en su momento dirigida por Iñaky Blanco Cabrera, para que aclarara cómo obtuvo la declaración de Zamora Rojo quien, según la versión periodística, también participó en el asesinato de Armando Chavarría junto con más ministeriales.
“Con motivo de diversas publicaciones periodísticas en las que se informa que el ex procurador de Justicia del Estado, Lic. Alberto López Rosas, declaro que había obtenido información del Homicidio de Armando Chavarría de parte de un Comandante Trinidad Zamora Rojo, en el sentido que policías ministeriales eran autores materiales del crimen, pagados por altos funcionarios del Gobierno del Estado, esta autoridad se abocó a la investigación [sic]”, reza el documento de siete hojas. 
De acuerdo a la síntesis del expediente del caso, la declaración ministerial a la que hace referencia El Sur, jamás existió como tal, ya que el reporte del expediente desprende que en la declaración ministerial de López Rosas, éste aclaró haber obtenido dicha información mediante una “entrevista”. Nunca menciona que fue una declaración ministerial:
“…en relación a los hechos que se investigan (Alberto López Rosas) proporcionó información de personas probablemente relacionadas con el homicidio de Armando Chavarría Barrera, conocidas a través de una entrevista con el hoy occiso comandante Trinidad Zamora Rojo, resultando las personas de nombres Rafael Romero Romero y/o Felipe Romero Romero, Jorge Luis García Jacinto y Arturo Arellano Pérez, Policías ministeriales del Estado de Guerrero [sic]”.
Posterior a lo expuesto por el exprocurador, como consta en el documento, la Fiscalía Guerrerense se dispuso a tomar la declaración de los otros dos ex policías ministeriales, trasladándose a los centros de readaptación social de Puente Grande Jalisco y Tepic Nayarit, sin éxito, ya que los supuestos incriminados “se negaron a rendir su declaración”.
“El 6-nov-2014, personal de esta Fiscalía Especializada, con auxilio de personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se constituyó en el interior del Centro Federal de Readaptación Social de puente Grande Jalisco, con la finalidad de recabar la declaración de Rafael Romero Romero y/o Felipe Romero Romero, quien se encuentra recluido por delitos de orden federal, y quien en relación a los hechos que se investigan, se negó a rendir su declaración.
“El 21-nov-2014, personal de esta Fiscalía Especializada, en compañía de personal de la Fiscalía General del Estado en Tepic, Nayarit, se constituyó en el interior del Centro de Readaptación social No. “4 Noroeste”, con la finalidad de recabar la declaración ministerial de Jorge Luis García Jacinto, recluido por delitos federales, quien en relación a los hechos que se investigan, se negó a rendir su declaración [sic]”.
En tanto, Zamora Rojo fue asesinado en junio de 2011, fue encontrado desmembrado y desollado, sus asesinos tiraron sus restos en un puente vehicular en Chilpancingo, al margen de sus restos, una cartulina con el siguiente texto: “sea quien sea cabrones pasados de verga a todos los chaqueteros dedos y chapulines esto va para todos ustedes del color más fuerte los rojos [sic]”.
De acuerdo al documento fechado el 26 de junio del presente año, el párrafo destinado a la declaración de Alberto López Rosas, y la búsqueda de la declaración de los otros dos ministeriales supuestamente involucrados, se ubican dentro del apartado “Línea de investigación (delincuencia organizada) narcotráfico” y no en la “Línea de investigación (política)”.
La comunicación en ese apartado —“Línea de investigación (delincuencia organizada) narcotráfico”— concluye en que hasta el momento, del cúmulo de diligencias realizadas, no se ha establecido el móvil del crimen de Armando Chavarría Barrera y conocer a sus actores materiales e intelectuales. “Se continúan con las investigaciones”.
 
ZEFERINO LE DISPUTÓ A CHAVARRÍA EL CONTROL DEL CONGRESO
 
El extinto diputado Armando Chavarría Barrera no sólo tuvo que pugnar por la Comisión de Gobierno de la 59 Legislatura contra la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Congreso de Guerrero, sino también hizo frente al exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo, conducto el exdiputado local Carlos Álvarez Reyes. 
El hecho se revela en una síntesis del expediente del caso, que se desprende de la averiguación previa BRA/SC/02/1751/2009, al menos cinco personajes de la vida política del estado lo expresaron en su declaración ministerial: Napoleón Astudillo Martínez, Catalino Duarte Ortuño, Celestino Cesáreo Guzmán, David Jiménez Rumbo y Saúl López Sollano.
Estratégica la Comisión de Gobierno
El control del Congreso de Guerrero es importante para los grupos políticos: quien logre la presidencia de la Comisión de Gobierno goza de ventajas como el clientelismo, mayor visibilidad entre sus líderes políticos, la exposición constante en medios de comunicación y, lo más importante, el acceso a los recursos públicos.
En este caso, el control financiero y de la prensa era buena oportunidad para las aspiraciones tanto de Armando Chavarría, que quería contender por la gubernatura, como para los fines de Zeferino Torreblanca que era posesionar a su grupo político.
Antes, para cortar las aspiraciones de Chavarría y de cualquier actor político en el gobierno estatal, que no fuera a fin a su proyecto, Torreblanca quitó de todas las Secretarías de despacho las delegaciones de Comunicación Social, para que nadie más que él tuviera presencia en los medios de comunicación: “quien quiera salir en los medios le tiene que costar de su bolsa”, era la política de Zeferino, dijo una fuente que pidió omitir su nombre.
En ese entonces Armando Chavarría estaba atado de manos en la Secretaría de Gobierno, a pesar de ser el candidato natural del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para la gubernatura del estado, por ello era importante que tuviera el control monetario y político del Congreso de Guerrero, además de la presencia mediática.
Pero la suerte no se cargó del todo hacia Chavarría, pues el empate en la elección de diputados en el Congreso de  Guerrero, hizo que se tuviera que alternar la presidencia de la Comisión de Gobierno con el PRI, que entonces coordinaba Héctor Vicario Castrejón. Como consecuencia Chavarría se vio obligado a hacer concesiones importantes con el PRI y los demás partidos políticos.
Chavarría vs. PRI
A casi tres años de haber arribado la alternancia en el poder, Armando Chavarría renunció a la Secretaría General de Gobierno, para contender por la vía plurinominal a una diputación local.
En la elección de 2008, en la que se renovaban las curules en el Congreso de Guerrero, y presidencias municipales, el PRD y el PRI empataron en el número de legisladores —18 legisladores cada partido— lo que dio lugar a un Parlamento sin mayoría que desembocó en la formación de un gobierno de coalición (al interior del Congreso) entre el PRD, los partidos de izquierda e incluso el Partido Acción Nacional (PAN) grupo político con marcadas diferencias.
Los diputados del PRD y PRI encabezados por Armando Chavarría y Héctor Vicario Castrejón, respectivamente, reunidos a puerta cerrada, luego de ardua negociación, acordaron emitir un Acuerdo por la Gobernabilidad del Congreso del Estado, dicho documento permitía tanto al PRI como al PRD alternar la presidencia de la Comisión de Gobierno por un año legislativo, cada uno.
Tras un Poder Legislativo sin gobierno y días de parálisis legislativa, Armando Chavarría pegó primero: juró antes que Vicario a su cargo como nuevo presidente de la Comisión de Gobierno.
 Chavarría vs. Zeferino
El exgobernador Zeferino Torreblanca, a sabiendas de las aspiraciones de Armando Chavarría sugirió a este último ser diputado federal, bajo la premisa de que tendría mayor movilidad en el estado y podría hacer su campaña para gobernador con mayor libertad.
El entonces líder de la extinta corriente política del PRD Polo Guerrerense de Izquierda no aceptó.
Así lo trasluce el propio Torreblanca en entrevista con este autor el 29 de abril de 2014:
— Yo le dije, en esta oficina, que le sugería que mejor fuera diputado federal, para que se moviera en el estado y así no tuviéramos de alguna manera confrontación para su futuro. —deslizó el exgobernador Zeferino Torreblanca
— ¿Ése fue el error de Chavarría? —pregunto este autor.
— Yo creo que, éh… no, no sé si sea el error… no sé si le haya ocasionado la muerte. ¿No? Son muchos factores. ¿No? Muchos análisis, pero yo creo que en el caso particular de Armando, debería de haber sido diputado federal, para poderse mover plurinominal en todo el estado, y estar en una actitud de menos confrontación y de mayor suma.
Pese a ello, Chavarría “confrontó su futuro”: de acuerdo a la síntesis de las declaraciones ministeriales que forman parte del expediente de la Fiscalía Guerrerense sobre el caso, el 6 de noviembre de 2009, Saúl López Sollano manifestó que Armando Chavarría le confiesa que Zeferino Torreblanca “no estuvo de acuerdo que se postulara como candidato a diputado local, proponiéndole, que se postulara como candidato a diputado federal” [sic], además que el ex gobernador “se opuso a que fuera nombrado coordinador de la fracción parlamentaria del PRD., ya que promovió a Carlos Álvarez” [sic].
Lo que confirma que Torreblanca Galindo no quería a Chavarría en la Comisión de Gobierno. Sería una piedra en el camino para las visiones políticas del exgobernador: Armando Chavarría dejaría de ser subordinado para estar a la par del exgobernador.
Carlos Álvarez, la otra carta
Zeferino Torreblanca necesitaba un hábil negociador que controlara el aparato legislativo guerrerense, sus finanzas y por consecuencia también la base del PRD en el reparto de la administración del Congreso de Guerrero. 
Como se aprecia en las síntesis de las declaraciones ministeriales de los personajes de la vida política del estado, era importante para Zeferino Torreblanca mantener el control del Poder Legislativo guerrerense mediante Carlos Álvarez Reyes (hombre de sus confianza, pues fue secretario de Finanzas en la primera parte del periodo de Torreblanca) para no tener “confrontación” de poder a poder con Armando Chavarría. Tal como sucedió.    
A continuación presentamos las declaraciones ministeriales que forman parte del expediente del caso Chavarría, un documento integrado por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fueron obtenidas por la PGJE en 2009, meses posteriores al asesinato de Armando Chavarría, y se encuentran  establecidas en el apartado Línea de investigación (política).
Se transcriben, sin interpretaciones:
Napoleón Astudillo Martínez, diputado local de la 59 Legislatura, 8 de septiembre de 2009: “…con la única persona que tuvo algunos desencuentros políticos fue con el diputado Carlos Álvarez Reyes, ya que este pretendió quitarle la Presidencia de la Comisión de Gobierno” [sic].    
Catalino Duarte Ortuño, diputado local de la 59 Legislatura, 8 de septiembre de 2009: “…tuvo varios desencuentros con el diputado Carlos Álvarez Reyes, llegó hasta los insultos y descalificaciones en tribuna en contra del Lic. Chavarría” [sic].     
Celestino Cesáreo Guzmán, diputado local de la 59 Legislatura, 8 de septiembre de 2009: “…que por los medios de comunicación se dio cuenta de las diferencias que tuvo Chavarría en el congreso con el diputado Carlos Álvarez” [sic].       
David Jiménez Rumbo, senador, 14 de octubre de 2009: “…que el primer conflicto que se dio con el Gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, fue que una vez electos diputados locales, el Lic. Chavarría y Carlos Álvarez, querían la dirigencia de la fracción del P.R.D., en el congreso, porque tenían mayoría, el gobernador hablo con ambos por separado y se arregló el problema al confirmar que el Lic. Chavarría tenía la mayoría de los diputados.               
“El segundo conflicto se suscitó entre el Lic. Chavarría y el Gobernador, cuando el Lic. Chavarría, fungía como presidente de la comisión de gobierno hecho para atrás una iniciativa de ley que le convenía al Gobernador, ante esto el Gobernador intento quitar de la presidencia al Lic. Chavarría, por conducto del diputado Carlos Álvarez, esto origino un enfrentamiento político con el Gobernador y el grupo que encabezaba el Lic. Chavarría, pero de nueva cuenta se sentaron a dialogar con el Gobernador para poner fin a esas diferencias” [sic].
Hasta ahí la transcripción de las declaraciones ministeriales.
Llama la atención que Carlos Álvarez Reyes no fue llamado a declarar, o cuando menos su declaración no está contenida en la síntesis del expediente fechada el 26 de junio de 2015.
Lo que sí hizo la entonces PGJE, fue buscar insistentemente una videograbación de una sesión de la 59 legislatura que contenía un debate, en tribuna, entre el exdiputado Carlos Álvarez y Armando Chavarría, que exhibe el desencuentro entre los dos personajes al que hace referencia Catalino Duarte Ortuño.
Durante el debate, Álvarez Reyes recriminó, de manera airada, a Chavarría la falta de transparencia en las finanzas del Poder Legislativo; sin embargo, no hay referencia alguna del contenido del video en la tarjeta informativa.
Aunque era evidente la pugna por la Comisión de Gobierno, Álvarez Reyes siempre negó a la prensa que quisiera dar un “golpe de Estado”, para ser coordinación de la fracción legislativa del PRD y por ende apoderarse de la presidencia de la Comisión de Gobierno.
 
ZEFERINO TORREBLANCA, ÚNICO POLÍTICO SOSPECHOSO EN EL CASO CHAVARRÍA
 
La línea de investigación de mayor interés público en el caso del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, Armando Chavarría Barrera, es la política. El principal y único señalado en esta indagatoria es el exgobernador, Zeferino Torreblanca Galindo.
Al iniciar la averiguación previa BRA/SC/02/1751/2009, siendo aún gobernador, a Torreblanca Galindo se le hizo llegar, por escrito, un interrogatorio desarrollado por el fiscal encargado del caso.
Años más tarde, en 2014, se le requirió personalmente a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); de esa comparecencia, sólo se sabe que negó haber ordenado el asesinato del entonces líder del Congreso de Guerrero.
Hoy, a casi seis años de distancia, Interacción tuvo acceso a la síntesis del interrogatorio escrito, que Torreblanca Galindo retornó a la PGJE.
Un texto de siete puntos, que se centra básicamente en la explicación del retiro de las escoltas y su relación personal con Armando Chavarría; las respuestas permiten apreciar que el fiscal encargado del caso no hizo la pregunta incómoda: ¿Usted lo mandó a matar?
Según la síntesis del expediente, el domingo 30 de agosto de 2009 Zeferino Torreblanca retornó el cuestionario. Salta a la razón que haya sido a sólo diez días del asesinato de Chavarría. No se aclara cuántas preguntas fueron realizadas, ni qué se le preguntó.
En los siguientes párrafos, transcribimos el texto de lo que la Fiscalía estatal cree que fue lo más relevante que declaró este personaje, con sus faltas de redacción, sintaxis y ortografía; además, ponemos en sus manos parte de una entrevista realizada por este autor en 2014, cuyo contenido pudiera ser parecido a lo declarado por el exgobernador a la PGJE en septiembre de 2014:
(…) “Que su relación política laboral con el agraviado fue fluida, respetuosa.
“Que sus diferencias se aclararon con el paso del tiempo, que finalmente a través del diálogo encontraron respuestas a sus discrepancias.
“Que en una ocasión fue al domicilio del agraviado y comió con él y su familia.
“Que la seguridad le fue retirada porque al principio no forma parte del decreto que tenga derecho de hacer uso de la seguridad personal y en segundo término porque el gobierno determinó que todos los servidores públicos de seguridad pública que estuvieran a cargo de algún servidor público o dependencia había que concentrarse.
“Con motivo del programa iniciativa Guerrero, a cargo del Secretario Jorge Peña Soberanis y para mejorar la cobertura de los operativos, a petición de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la PGJE, se concentró a los escoltas comisionados con ex funcionarios del ejecutivo del estado.
“Que el agraviado le solicito que permanecieran con el uno de los policías comisionados, que es el que se encuentra comisionado con la familia.
“Que se retiró la seguridad a todos los que tenían escoltas que eso no fue particular” [sic].
¿Usted lo mandó a matar?
El año pasado, a casi cinco años del asesinato de Chavarría, este autor entrevistó al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
Es posible que lo expuesto en esta entrevista, haya sido lo mismo que planteó en su declaración ministerial aquel martes, 2 de septiembre de 2014, pues pesaba sobre él la supuesta acusación de Trinidad Zamora Rojo, de que le había dado la orden de matar a Chavarría.
¿Usted lo mandó a matar? —pregunté. “No, absolutamente que no”, contestó Torreblanca Galindo, a una pregunta que veía llegar, pues la entrevista había tomado un rumbo distinto, pero obligado. La conversación giraba en torno a la alternancia en el proceso democrático de Guerrero.
Antes, solté la primera pregunta que encaminaba a las demás interrogantes exigidas:
—¿El Estado es asesino, contador?
—¿El Estado qué? —sorprendido, contestó el exgobernador con otra pregunta.
—¿Es asesino? —repliqué.
—¿El Estado? —volvió a contestar con otra pregunta.
—Mjm —atajé. Si él contestaba con preguntas yo lo podía hacer con una onomatopeya
—No, de ninguna manera.
Sentado frente a su escritorio de su oficina en Costa Azul, Acapulco, el exgobernador reclinó su sillón y abrió los ojos cuando solté la primera pregunta incómoda. La analizó:
—¿Quién mató a Armando Chavarría?
—La información que nosotros tenemos es que fueron grupos que no estaban de acuerdo con él y que tienen que ver con la subversión —contestó, el exgobernador sin querer dar detalles.
—Qué significó Armando Chavarría para usted? —volví a ser sutil para reencaminarlo.
—Un contrincante, un compañero, un colega, una gente con la que finalmente pudimos tratar, pero dos formas distintas de hacer política.
—¿Llegó a algún acuerdo con él?
—No. Al contrario, él platicó (…), y las últimas veces que platicamos, él cambio radicalmente la postura, que seguramente alguien le dijo que era peleando con Zeferino como lo iba a lograr. Es más, yo le dije, en esta oficina, que le sugería que mejor fuera diputado federal, para que se moviera en el estado y así no tuviéramos de alguna manera confrontación para su futuro.
—¿Ése fue el error de Chavarría?
—Yo creo que, éh… no, no sé si sea el error… no sé si le haya ocasionado la muerte, ¿no? Son muchos factores, ¿no? Muchos análisis, pero yo creo que en el caso particular de Armando, debería de haber sido diputado federal, para poderse mover plurinominal en todo el estado, y estar en una actitud de menos confrontación y de mayor suma. Como candidato eres más light, como gobernante empiezas a ejecutar acciones. No. Platicamos muy bien con él. Él me dijo claramente: “Sí usted no quiere que yo sea gobernador, yo no voy hacer gobernador. Quiero pedirle que me ayude. Écheme la mano”…
—¿En esta pasada elección (2011)?
—¿Armando?
—Sí, ¿o en el 2005?
—La que hablamos un poco antes de su cumpleaños. Que me invitó el 27 de agosto a su cumpleaños. Las últimas veces que hablamos.
—¿Textual, le dijo “si usted no quiere que yo sea”…?
—Así me lo dijo Armando. Claro, y eso yo lo he comentado. Él vino a platicar de la seguridad, vino hablar de las hermanas, como quién dice vamos a encontrar un acuerdo. Yo lo único que le dije, en alguna ocasión, nadie en sus cinco sentidos entrega la gubernatura a los tres años. —Relató exaltado, al momento que abrió los brazos y las palmas de las manos para reafirmar sus palabras.
Personajes afines a Armando Chavarría, han referido que Zeferino Torreblanca es el autor intelectual del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno el Congreso de Guerrero, por ello la pregunta:
—Usted fue el sospechoso número uno.
—¿De lo de Armando?
—Sí.
—De hacer novelas se pueden hacer muchas novelas. ¿Cuál sería el fundamento? Quitar a Armando Chavarría, ¿para que llegara quién? Para que llegara Ángel Aguirre. Solamente que fuera yo un loco.
Aquel martes, 29 de abril, la aparente calma para Torreblanca Galindo en lo político y mediático, me dio la oportunidad de preguntar:
—¿Usted lo mandó a matar?
—No, absolutamente que no.
—¿Por qué lo mataron?
—Los argumentos que yo tengo, que no quiero profundizarlos. Que por cierto…
—¿Por qué, exgobernador?…
—¿Mande?…
—¿Por qué (no quiere profundizarlos)?
—Porque están… constan en autos, en el expediente, allí están. Usted oiga, las declaraciones de gente que fue interrogada. Léalas, es un expediente amplísimo. Yo tuve acceso y lo estuve viendo. Además una cosa muy importante, acuérdese que desde el principio, en ese tipo de asesinatos, lo que dije es: ayúdeme la PGR (Procuraduría General de la República). Desde un principio hubo coadyuvanza de la familia. Ellos nombraron (sic). ¿No? Y desde un principio recibimos apoyo y después fue atracción y después (sic) lo manejaron como perdido (el expediente) de manera perversa, y que la señora lo sigue manejando de manera equivocada un asunto que atrajo la PGR.
—¿Tiene copia del expediente?
—No me haga esa pregunta. Lo conozco, es lo más que le puedo decir. Sería un delito decirle que sí.
—¿Se siente culpable de esa muerte?
—De ninguna manera.
—¿Qué tanto conoció a Armando?
—Yo creo que lo conocí más al final. Armando fue un hombre hecho para el sistema, él supo aprender del sistema y supo negociar con el sistema. Acuérdese que con Ángel Aguirre él fue el director del INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos). Él era un gran negociador en las formas de la política antigua…
 
CASO CHAVARRÍA. UN SEXENIO DE IMPUNIDAD
Chilpancingo, Gro., a 09 de agosto de 2015.— El próximo 20 de agosto se cumplen seis años del asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera, y aunque la hipótesis de personajes afines al político perredista, apuntan al exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo, la síntesis del expediente del caso revela lo contrario: “son afirmaciones singulares, sin sustento probatorio”, determina.
Lo pasional, grupos guerrilleros, intereses políticos y narco, son las líneas de investigación que enmarcan la averiguación previa BRA/SC/02/1751/2009, cuya síntesis obra en poder de Interacción, y en la cual se observa que en un sólo párrafo, la Fiscalía guerrerense determinó que no hay razones suficientes para incriminar a Torreblanca Galindo:
 “Importante, los personajes políticos señalan como responsable al C.P. Zeferino Torreblanca Galindo, del homicidio de Armando Chavarría Barrera, sin embargo, son afirmaciones singulares sin sustento probatorio” [sic], subraya el documento, sin especificar algo más.
“En este caso, son declaraciones sin trascendencia jurídica. Una declaración no tiene validez si no tiene sustento probatorio, pruebas documentales. Son dichos, y el que acusa está obligado a comprobar”, afirma un abogado consultado por este autor.
Es evidente que el deslinde hacia Torreblanca pareciera concluyente, pero a la vez no tan serio, pues sólo se le dedica un párrafo o lo que parece una nota al pie, al final del apartado de la línea política.
Los declarantes y acusaciones hacia Z
De la averiguación previa, la línea de investigación política se hizo en base a “las diferentes circunstancias de hechos relacionados a la vida política del agraviado”, por ello, en este rubro, se presentaron a declarar 22 personajes de la vida pública guerrerense, ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE):
Zeferino Torreblanca Galindo, Héctor Vicario Castrejón, Ignacio Rendón Romero, Nelson Valle López, Napoleón Astudillo Martínez, Gisela Ortega Moreno, Catalino Duarte Ortuño, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Celestino Cesáreo Guzmán, Arturo Pacheco Bedolla, Hilda Ruth Lorenzo Hernández, José Higuera Fuentes, David Jiménez Rumbo, Juan Angulo Osorio, Carlos Jacobo Granda, René Lobato Ramírez, Erit Montufar Mendoza, Bonifacio Montufar Mendoza, Jesús Heriberto Noriega Cantú, Saúl López Sollano, Guillermo Sánchez Nava y Mauro García Medina.
Cabe destacar que a Zeferino Torreblanca Galindo se le envió un cuestionario aun siendo gobernador del estado; años más tarde se le requirió; pero no hay registro de su declaración ministerial en la síntesis del expediente, como sí lo hay de Alberto López Rosas, que más o menos fueron citados en la misma fecha.
De entre los 21 personajes, algunos afirmaron ante los medios de comunicación que Zeferino Torreblanca era el autor intelectual del asesinato de Chavarría.
Después, ante la PGJE, las acusaciones se encuadraron en: 1.- El retiro de las escoltas a Chavarría, 2.- Los desencuentros por la Comisión de Gobierno 3.- El homicidio de los dirigentes mixtecos de Ayutla de los Libres, y 4.- El rechazo de iniciativas enviadas al Congreso de Guerrero que privatizarían los servicios públicos en el estado.
En 2009, David Jiménez Rumbo, René Lobato Ramírez, Saúl López Sollano y Guillermo Sánchez Nava declararon ante PGJE, al hacer un comparativo de lo expresado por estos actores en sus declaraciones ministeriales, presentadas de manera sintetizada en la tarjeta informativa del caso, los dos primeros se refirieron de manera muy ligera a los conflictos entre los entonces titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo; mientras que los otros dos exigieron que se investigara al entonces gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo.
En esa misma línea de investigación, Nelson Valle López, Celestino Cesáreo Guzmán y Heriberto Noriega Cantú, manifestaron su preocupación por el retiro de escoltas a Chavarría, pero no aportaron elementos suficientes, e incluso los dos últimos personajes —íntimamente ligados al líder perredista— deslizan que la relación entre Chavarría Barrera y Torreblanca Galindo “fue buena” y que las discrepancias “estaban superadas”, tanto que sería ungido como precandidato a gobernador por el PRD.
“Afirmaciones singulares”
El 14 de octubre de 2009, el senador David Jiménez Rumbo relató a la PGJE los conflictos entre Armando Chavarría y Zeferino Torreblanca avecinados por la coordinación de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso estatal, la presidencia de la Comisión de Gobierno y una “iniciativa de ley que le convenía al Gobernador”, sin especificar cuál ni qué tipo de iniciativa.
Llama la atención el hecho de que —según el documento de siete hojas tamaño carta— Jiménez Rumbo afirmó que Chavarría y Torreblanca “se sentaron a dialogar para poner fin a esas diferencias”; más aún cuando el documento no refiere que el senador perredista haya acusado directamente a Zeferino Torreblanca de ser el actor intelectual del asesinato.
El mismo día y año, René Lobato Ramírez se presentó a declarar. La síntesis desprende que el “miembro activo del grupo político de Polo Guerrerense de Izquierda, se dio cuenta que el gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo, le había tirado la escolta al Lic. Chavarría, que este le comento que había hablado con el gobernador y que este le había comentado que se la había tirado a todos no solo a él. Que Chavarría se había reunido con el gobernador y que le había comentado que quería ser candidato a gobernador, que el gobernador le dijo otro, que él era el candidato natural, que iba a acudir a su cumpleaños para mandar un mensaje de unión en el partido del PRD”
“Afirmaciones sin sustento”
En el caso de Saúl López Sollano y Guillermo Sánchez Nava son más enfáticos en su declaración, el primero pide que Zeferino Torreblanca sea investigado, y el segundo resalta que la muerte de Chavarría fue un asesinato político:
(…) “siendo diputado Chavarría tuvo diferencias por no aprobar una iniciativa de ley enviada por el gobernador para privatizar los servicios públicos, agua potable y alcantarillado, que otro desencuentro con el gobernador fue el homicidio de los dirigentes mixtecos de Ayutla, que por esas circunstancias piensa que el homicidio del Lic. Chavarría, tiene móviles políticos, que se debe investigar al gobernador Zeferino Torreblanca” [sic], sintetiza la tarjera informativa lo declarado por Saúl López Sollano el 6 de noviembre de 2009.
En tanto, Guillermo Sánchez Nava, 20 días después de que declarara su correligionario, afirmó: “el homicidio de Chavarría es un crimen político, primero por su trayectoria política, segundo: por los cargos públicos de elección popular que ocupo, tercero: por ser el aspirante más fuerte a la candidatura a gobernador. Que era obvio que había diferencias entre el agraviado y el gobernador, a raíz de su renuncia a la secretaria de gobierno, rechazo que se agudizo con la iniciativa del gobernador de concesionar algunos servicios públicos como el agua potable” [sic].  
Antes, el 8 de septiembre de 2009 Nelson Valle López declaró que Armando Chavarría le confió estar “preocupado porque cuando estuvo en la Secretaria de Gobierno, había tenido asuntos difíciles que ameritaban seguir con esa seguridad, que se la solicitó al Gobernador de nueva cuenta pero que éste se la había negado” [sic]. Nelson Valle llegó a pensar “que la muerte del Lic. Chavarría, fue para evitar que fuera candidato a gobernador por e P.R.D. en alianza con otros partidos y organizaciones sociales” [sic].
De Celestino Cesáreo Guzmán el reporte —a todas luces mal escrito y con evidentes faltas ortográficas y lleno de errores de “dedo”— indica que afirmó: “la relación (de Chavarría) con el Gobernador del Estado fue buena salvo el incidente que tuvo cuando le retiraron sus escoltas que tenía desde que será Secretario de Gobierno” [sic].
Por su parte, el 28 de octubre de 2009 “declaró Jesús Heriberto Noriega Cantú, administrador del congreso del estado, que fue el gobernador del estadio quien ordenó retirarle la escolta al Lic. Chavarría, que desconoce los motivos. Que el Lic. Chavarría le comento que las diferencias con el gobernador del estado estaban superadas, que inclusive iba a acudir a su cumpleaños el día 27 de agosto de ese mismo año, que iba a festejar en el salón cuicalli donde acudirían líderes de las diferentes corrientes políticas lo cual aprovecharían para destaparlo como gobernador” [sic].
El Sur, caso especial
El documento que desprende la síntesis del expediente del caso Chavarría, justifica que el desarrollo de la línea de investigación política, evolucionó por las declaraciones e información emitida en el periódico El Sur, luego del asesinato del líder del Congreso de Guerrero:
“En esta línea de investigación fueron declaradas varias personas de la vida política del Estado de Guerrero, en seguimiento a las diferentes declaraciones realizadas por estos personajes principalmente en el periódico el sur” [sic].
La excusa que para que el director de El Sur se presentara a declarar fue básicamente la misma: “por las publicaciones que se realizaron en este periódico entorno a este caso, ya que en varias ocasiones publicaron que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, es el autor intelectual de este homicidio” [sic].        
El martes, 29 de diciembre de 2009, el director del periódico El Sur, Juan Angulo Osorio, fue trasladado por agentes ministeriales a las instalaciones de la PGJE, en calidad de presentado.
Angulo Osorio había sido citado a declarar con anterioridad, pero se había negado a asistir ajustándose al derecho máximo de la libertad de expresión.
Así lo recuerda el documento de la Fiscalía: “a esta persona se citó a declarar hasta en tres ocasiones” (…) “al no comparecer fue presentado con la policía ministerial, se negó a declarar argumentando que por ser periodista solo escriben, no son testigos” [sic].
Aquel martes, por la noche, a su salida, visiblemente molesto, pero cabizbajo, Juan Angulo explicó a la prensa que respondió sólo a una de las 49 preguntas que le hicieron sobre el caso: que conoció a Chavarría “como periodista y como fuente”.
La síntesis del expediente del caso incluye una nota al pie, mal redactada y fuera de contexto, que se refiere a la comparecencia de Angulo Osorio, las negritas y lo subrayado es tal cual viene en el documento:
“Importante: no hizo ninguno de los señalamientos en contra el C. P. Zeferino Torreblanca Galindo, que ha realizado en los diferentes medios de comunicación principalmente en el periódico el sur, de que él era el autor intelectual del homicidio del Lic. Chavarría” [sic].        
¿Un asesinato perfecto?
A la fecha, los seguidores de quien fuera presidente de la Comisión más lucrativa e importante en el Congreso de Guerrero, no han podido demostrar que Zeferino Torreblanca es el actor intelectual del crimen. Sus declaraciones sirvieron de poco.
Años atrás, se le dio énfasis a la línea pasional; pese a ello, la teoría oficial fue que grupos subversivos ajustaron cuentas con quien hasta el momento de su muerte era el político más importante del PRD en Guerrero, porque según no estaban de acuerdo con él.
Esa fue la hipótesis que hasta el último día de su gestión mantuvo el exgobernador Torreblanca, e incluso la reiteró en una entrevista con este autor, en abril de 2014.
La única “evidencia” fuerte contra el ex gobernador era la versión que supuestamente deslizó el extinto comandante de la policía ministerial Trinidad Zamora Rojo a Alberto López Rosas.
Pero la apatía del exprocurador frente a tan relevante señalamiento lo llevó a que ni siquiera lograra que fuera asentada de manera formal en una declaración ministerial en el expediente del caso. Zamora Rojo fue asesinado.
A la fecha, la investigación continua sin avances, del cúmulo de diligencias realizadas, no se ha establecido el móvil del crimen y conocer a sus actores materiales e intelectuales.
*Publicado originalmente en el semanario “Interacción”;
Publicado con la autorización del autor; el 11 de agosto de 2015