Slim, Cetto, trasnacionales; de todo en la rapiña territorial de BC

Decenas de miles de hectáreas y lotes rurales de la zona costera de Baja California que poseen ejidatarios, comuneros,  indígenas nativos y migrantes, entrarán a un programa de regularización que ponga fin a una política agraria de corrupción que incluye al delegados y funcionarios de cuatro dependencias federales.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Entre los empresarios nacionales y extranjeros que se beneficiaron con el proceder del Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA), la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT)  y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), están Carlos Slim Helú, Luis A Cetto y la compañía Fuerza Eólica San Matías, S.A. de C.V.

Lo anterior fue parte de las denuncias que formularon campesinos y pueblos indígenas nativos y migrantes adheridos o simpatizantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Asociación Civil, al subsecretario de Desarrollo Agrario de la SEDATU, licenciado Arturo Nahle García, quien ante la avalancha de quejas, protestas y casos de presunta corrupción agraria en el estado, anunció para el viernes 14 de agosto la instalación de una “mesa agraria” con los delegados de las cuatro dependencias señaladas como las culpables de la “anarquía territorial” en ejidos, comunidades indígenas nativas, centros rurales de avecinados, áreas de posesión y colonias indígenas migrantes de los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.

Tan sólo la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social del Valle de San Quintín presentó al funcionario federal necesidades de regularización en 77 colonias de indígenas migrantes que representan 24 mil 345 lotes anómalos que se ubican en las delegaciones municipales de Punta Colonet, Camalú, Vicente Guerrero y San Quintín.

Para tener una idea de lo que significa ese retraso agrario cabe señalar lo que el licenciado Nahle García informó en la reunión: Todos los recursos humanos y presupuestales de la SEDATU y la CORETT a nivel nacional actualmente están enfocados a la regularización de 54 mil lotes del ejido Alfredo B. Bonfil que abarca los municipios Benito Juárez (asiento de la ciudad turística de Cancún) e Isla Mujeres, Quintana Roo, porque representa el cumplimiento del Compromiso 170 que hizo Enrique Peña Nieto antes de convertirse en Presidente de la República.

Por ese motivo, confirmó el subsecretario, desde hace dos años la CORETT y la SEDATU en Baja California abandonaron la regularización de siete mil lotes urbanos en Tijuana.

Siete mil lotes irregulares de Tijuana están en espera de que se cumpla compromiso de Peña Nieto en Cancún (Foto: Tijuana Digital).
Siete mil lotes irregulares de Tijuana están en espera de que se cumpla compromiso de Peña Nieto en Cancún (Foto: Tijuana Digital).

Aparte, posesionarios y solicitantes de terrenos nacionales ubicados en Tijuana, Tecate y Ensenada denunciaron que la SEDATU retrasó, por actos de negligencia, omisión y corrupción de algunos de sus funcionarios en Baja California y el Distrito Federal, la titulación de aproximadamente 10 mil hectáreas.

Mientras tanto, representantes de los pueblos indígenas pai pai y kiliwa denunciaron que empresas eólicas españolas y nacionales hicieron contratos a espaldas de los auténticos pueblos nativos para pagar 1.20 dólares por cada hectárea que compraron o subarrendaron para la instalación de parques eólicos.

Destacó el caso de la comunidad kiliwa San Matías, en donde la compañía Fuerza Eólica San Matías adquirió derechos ambientales para 250 hectáreas pero ahora busca quedarse con 27 mil más para usufructuar cinco permisos mineros que según afirmó el licenciado Jaime Martínez Veloz comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México -dependiente de la Presidencia de la República-, son propiedad del empresario mexicano Carlos Slim Helú.

Por su parte la licenciada Norma Alicia Carvajal Acosta,  subdelegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Baja California, denunció que el magnate de la industria vinícola de México, Luis A Cetto, pretende despojar de 195 hectáreas a la tribu kumiai de San Antonio Nécua, en el Valle de Guadalupe, en donde se ubica el pozo de agua potable que más gasto y mejor calidad ofrece en toda la región vitivinícola.

Finalmente, Marco Antonio Ortiz Salas, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), asociación civil que convocó la reunión con el subsecretario Arturo Nahle, destacó que la idea del diálogo con el funcionario es reanudar el seguimiento a los acuerdos que hace dos años la coalición firmó con la SEDATU, la CORETT, el RAM y la PA para resolver cientos de expedientes relativos a temas de terrenos nacionales y comunidades indígenas del país, convenios que se quedaron en el aire por el olvido que aplicaron las cuatro dependencias federales.