Ante agresión militar, arropan derechohumanistas a indígenas kumiai de La Huerta

Las dos instancias defensoras de los derechos humanos  en México y Baja California, conjuntamente con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), sostienen hoy por la tarde una reunión con las  cuatro víctimas de un grupo de soldados que el domingo 26 de julio los asaltaron, robaron, lesionaron y amenazaron sin ninguna causa.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Ensenada, B.C., a 28 de julio de 2015.- Las dependencias buscan darles protección cautelar ante la posibilidad de que vuelvan a ser objeto de agresiones toda vez de que del Resguardo Militar de El Ciprés y del retén castrense en el valle de Ojos Negros, informaron a las víctimas por la vía telefónica que “ya pueden pasar por sus pertenencias” y olvidar el asunto.

En entrevistas por separado con los licenciados Heriberto López, subcomisionado de los Derechos Humanos del Estado en Ensenada, y el licenciado Juan Malagamba Zentella, coordinador peninsular de la CDI, se confirmó que la denuncia ´penal por los hechos se presentará el miércoles 29 de julio en la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en Ensenada.

Hoy por la tarde se reunen con las víctimas y sus familias en la comunidad kumiai La Huerta y el poblado Puerta Trampa, los siguientes funcionarios: El licenciado Heriberto López y visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el licenciado Isidro Pérez Hernández, jefe del Departamento Jurídico de la CDI en la península, y visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Corresponde a la Comisión Estatal integrar la averiguación de los hechos y certificar, conjuntamente con los visitadores de la CNDH y el abogado general de la CDI en Baja Californi, las lesiones infringidas a los kumiais Gilberto González Vaquero y Fernando Nuñez Aldama, así como a Rogelio Salgado y una mujer residentes del poblado Puerta Trampa, ambas localidades pertenecientes a la delegación municipal de Ojos Negros, Ensenada.

Una vez que termine la primera etapa de la investigación, el expediente que la CEDH abrió este día en Ensenada como parte de una queja de oficio, se entregará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ésta la amplíe y siga por ser la instancia a la que le corresponde conocer el tema por su alcance militar.

Las tres dependencias acordaron también acompañar a las víctimas a recoger el dinero y un teléfono celular que los militares les quitaron el día de la agresión, bienes que de acuerdo con información que la CEDH recabó entre las víctimas y sus familiares, se encuentran en el Resguardo Militar de El Ciprés.

RETEN CONSEJOS SEGURIDAD

“Obviamente no quieren ir solos porque temen que les vayan a hacer algo por haber denunciado los hechos. Hemos sido informados de que incluso un teniente del ejército mexicano que trabaja en el retén militar del valle de Ojos Negros, los está buscando para darles sus cosas”, comentó Malagamba Zentella.

De acuerdo con el relato de hechos que por separado hicieron los cuatro agredidos el domingo 26 a funcionarios de la delegación Ojos Negros, los militares, con aliento alcohólico, los detuvieron sin motivo y a los nativos los desnudaron del torso y con la parte plana de un machete los golpearon en la espalda y cabeza. Después los despojaron de un teléfono celular y de mil pesos en efectivo que uno de los kumiai tenía para comprar alimentos.

No es ésta la primera ocasión que elementos del ejército mexicano son acusado de cometer actos que violan los derechos humanos de los indígenas en La Huerta.

Hace tres años -el 30 de julio de 2012-, soldados irrumpieron sin orden de cateo en la comunidad kumiai, en donde sacaron violentamente de su domicilio a un miembro de la tribu, además de golpear a seis menores de edad, siete mujeres y dos hombres.

Por la gravedad de los hechos, la CNDH solicitó en una Recomendación al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), general Salvador Cienfuegos Zepeda, que instruyera expresamente al general Gilberto Landeros Briseño, entonces comandante de la segunda Zona Militar en Baja California, para que se abstuviera “de realizar operativos con vehículos no oficiales” e iniciar la investigación en contra de los que ordenaron y de los que toleraron esas prácticas.

Pocos meses después Landeros fue relevado de su cargo.

Cabe destacar que en aquella ocasión el entonces alcalde de Ensenada Enrique Pelayo Torres, condenó de manera enérgica los hechos que se imputaron a los militares.  Tres años después Gilberto Hirata Chico, actual presidente municipal de Ensenada y representante del nivel de gobierno que fue el primero en conocer los hechos del domingo 26 de julio, hasta las 16.14 horas de hoy no había hecho ningún pronunciamiento.