CONAPRED investiga a dos de los presuntos discriminadores de indigente

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)  anunció que ya abrió una queja de oficio para indagar un presunto acto de discriminación cuando dos personas particulares habrían dado trato indigno a una persona en situación de calle, en la ciudad de Ensenada.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

El Consejo, institución rectora que se encarga de recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones, precisa en un comunicado de prensa que la indagatoria la centrará en dos de las seis personas involucradas en los recientes hechos sobre una fotografía difundida en medios de comunicación.

Aparentemente, las dos personas son quienes en la imagen interactúan directamente con el indigente: el restaurantero Francisco Argüelles Medina y Carlos Alberto Cruz Lugo, presunto director comercial de la empresa Chared del Mar.

Estos actos presuntamente atribuibles a 2 personas particulares, podrían considerarse discriminatorios en términos del artículo primero, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, precisa el Consejo.

La norma constitucional que cita el CONAPRED dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

El comunicado también afirma que la acción de los presuntos discriminadores viola los artículos 1, fracción III, 4 y 9 fracciones XXIII, XXVII y XXVIII; 20 fracción XLIV; y 46 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED).

Lugo y Cruz, los dos hombres a la derecha de la fotografía que Plex publicó en días pasados, son el objeto de investigación del CONAPRED.
Lugo y Cruz, los dos hombres a la derecha en la fotografía que Plex publicó en días pasados, son el objeto de la investigación que abrió el CONAPRED.

El artículo 1, fracción III, define la discriminación: “Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo”.

Los otros artículos sancionan los tratos abusivos o degradantes, la burla y la realización o promoción de violencia por discapacidad -entre otros motivos- cometida por particulares o funcionarios públicos.

Destaca el comunicado que “sin prejuzgar en los hechos referidos, para el Conapred la dignidad e integridad humanas deben velarse por personas e instituciones en cualquier contexto sin menoscabo, y en respeto al derecho de toda persona a vivir libre de discriminación y de ser reconocida como sujeta de derechos sin importar su condición social, como lo mandata la normatividad antes referida”.

Y precisa que al encontrarse el expediente de queja en trámite, la información se encuentra en periodo de reserva por lo que el Consejo no formulará opinión pública al respecto hasta el cierre del procedimiento.

La investigación de la CONAPRED, abierta desde el 23 de julio, se suma a la que abrió el 22 de julio, también de oficio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, que de acuerdo con su titular, Melba Adriana Olvera Rodríguez, turnará al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por ser éste quien tutela el tema cuando los acusados son particulares.