San Quintín: El negocio del agua y de los freseros

Grandes consorcios trasnacionales e inversionistas mexicanos como Carlos Slim Helú, están compitiendo ya por el contrato para construir la planta desalinizadora de agua de mar en el Valle de San Quintín, con capacidad para producir hasta 500 litros por segundo; la empresa ganadora cubre el costo de la obra estimado en 500 millones de pesos y, en contraparte, adquiere el derecho a vender el volumen de agua potable producida durante 30 años, teniendo como principal cliente al propio Gobierno del Estado.

Olga Alicia Aragón/ A los Cuatro Vientos/ La Jornada BC

En su primera etapa, la planta desalinizadora potabilizará 250 litros de agua por segundo, cantidad suficiente para cubrir la demanda actual de la población.

Es la primera obra que realizan el Gobierno del Estado y el sector empresarial, con el esquema jurídico financiero de Asociaciones Público Privadas (APPs).

La figura de las APPs estaba ya contemplada en la Ley de Proyectos de Asociaciones Público Privadas, decretada el 30 de octubre de 2009 por el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, pero fue derogada el 22 de agosto de 2014, cuando el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas para Baja California, propuesta por el gobernador Francisco Vega Lamadrid, reformando además el artículo 100 de la Constitución Política del Estado para elevar a rango constitucional la figura jurídica y financiera de las APPs.

Una figura extraña

DOLARES CONTEO MANOS

La Ley de APPs incorpora una figura peculiar y novedosa: obra por “proyecto no solicitado”.

Conforme al artículo 25 de esta Ley, “cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público privada podrá presentar su propuesta a la dependencia o entidad estatal competente”, sin previa solicitud o convocatoria.  Basta con que las dependencias o entidades “señalen, mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado y en su página en Internet, los sectores, subsectores, ámbitos geográficos, tipo de proyectos y demás elementos de los proyectos que estén dispuestos a recibir”.

En este caso,  Libra, Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., junto con una empresa de otro país, presentó el 27 de febrero del presente año el “proyecto no solicitado” oficialmente denominado “Sistema Integral Hídrico San Quintín, etapa producción de agua potable mediante desalinización”.

El Sistema Integral Hídrico contempla la inversión del sector privado en la producción de agua potable mediante un proyecto de desalinización de agua marina tomada de pozos playeros, para una capacidad de 8 millones de metros cúbicos anuales destinados al uso público urbano.

Libra S.A de C.V, es la misma empresa que en alianza con el consorcio español OHL construyó la primera planta desalinizadora concesionada al sector privado, en la ciudad de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, obra inaugurada por Felipe Calderón Hinojosa en abril de 2007.

Esta planta para desalar agua marina, con capacidad de 200 litros por segundo, construida por la empresa Promoaqua (constituida por las compañías Vazlu, Cisa, Libra e Inima), vende el agua al municipio en una concesión de 20 años. La obra costó 230 millones de pesos y fue financiada en un 30 por ciento con un crédito a “fondo perdido” por el Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra), a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

¿OHL participa en San Quintín a través de filiales?

OHL Medio Ambiente Inima

Manuel Guevara Morales, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, confirmó que  Libra S.A de C.V,  “junto con una empresa de otro país”, presentaron el “Proyecto no solicitado”, pero no informó el nombre de la empresa extranjera.

“No recuerdo su nombre en este momento”, dijo eludiendo la pregunta. Pero enfático reiteró que OHL no se ha inscrito en el concurso.

Comentó, en cambio, que se inscribieron ya otras tres empresas, entre ellas Inima y la española Abengoa.

Mencionó a Carlos Slim entre los inversionistas que participan en esta licitación y dijo que otras diez empresas, incluidas israelíes y españolas, solicitaron información de la convocatoria.

“Algunas sólo compran las bases técnicas de la licitación, que cuestan 35 mil pesos, pagan por ver y después deciden si le entran, ya que tienen aún de cinco a seis meses para hacer la propuesta final”, explicó Guevara.

 –¿Qué sucede en caso de que la empresa que presentó el proyecto no solicitado, pierda el concurso?

–Desde el momento en que se inscribe, recibe un certificado del Gobierno del Estado, en que éste se compromete a pagarle los gastos realizados en los estudios que por ley debe presentar junto con la propuesta del proyecto. El monto a pagar no debe exceder el 4 por ciento del valor del proyecto–, dijo Guevara. Entre otros documentos, la ley exige que la empresa promotora presente estudios de impacto ambiental y de factibilidad financiera y técnica

Cabe mencionar que el presidente de Grupo OHL en México, José Andrés de Oteyza, en la inauguración de la planta desalinizadora de Los Cabos (página de la Presidencia de la República), hizo un reconocimiento a “los socios locales del Grupo OHL, las empresas Vazlu, Cisa y Libra, quienes aportaron técnicos calificados y con amplia experiencia para la realización del proyecto”.

INIMA, empresa filial del Grupo OHL fue responsable de la construcción de la planta. Tiene más de 40 años de experiencia en la desalación de agua. En 1964 construyó la primera planta en el mundo, ubicada en Cabo Verde, África. Ha construido las mayores plantas desaladoras de Europa y Latinoamérica. También participó en la construcción de una planta en Argelia con capacidad de 2 mil 400 litros por segundo y en la primera planta desaladora para consumo humano en los Estados Unidos.

La trasnacional española Obrascón, Huarte y Lain -conocida internacionalmente por sus iniciales OHL-, adquirió a través de INIMA la concesión de la planta desalinizadora de Ensenada que está en construcción. Ahora tiene el contrato la subsidiaria mexicana “Aguas de Ensenada”.

En 2007, el Grupo OHL tenía en México una inversión comprometida de 2 mil 500 millones de dólares en obras de infraestructura hidráulica, autopistas de peaje, aeropuertos, ferrocarriles y desarrollos turísticos. Actualmente el consorcio español está inmerso en un escándalo internacional, acusado de haber sobornado a funcionarios mexicanos para adquirir contratos de obras.

“30 años se pagará con las tarifas”

El secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, ingeniero Manuel Guevara, en la reunión con directivos y socios de la COMICE (Foto: Edgar Lima / La Jornada BC).
El secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, ingeniero Manuel Guevara, en la reunión con directivos y socios de la COMICE (Foto: Edgar Lima / La Jornada BC).

Durante una reunión con empresarios de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de Ensenada (Comice), el pasado viernes 10 de julio Manuel Guevara Morales, titular de SIDUE, confirmó que de acuerdo con la Ley de APPs,  “se pagará con tarifas de agua, durante 30 años, la concesión a la empresa ganadora del concurso que realizará la inversión de 500 millones de pesos, cantidad que se estima costará la planta desalinizadora”.

La Ley establece como prioritario, dentro del Presupuesto de Egresos que deberá aprobar el Congreso del Estado cada año, el pago de las “contraprestaciones” a las empresas privadas que invierten en infraestructura y prestación de servicios a través de APP´s.

Más aún, este esquema financiero fue elevado a rango constitucional, a propuesta del gobernador Vega Lamadrid. La Ley obliga al Gobierno del Estado a dar prioridad dentro del gasto público los pagos mensuales que deberá cubrir a las empresas privadas con las que a través de APP´s establece contratos de inversión.

“Si el costo de la tarifa es alta, para cubrir los pagos (a la empresa inversionista) tal vez se tengan que otorgar subsidios por parte del gobierno estatal, considerando que la gente de San Quintín es de bajos recursos”, dijo el titular de SIDUE

Guevara Morales entreabrió otra posibilidad de pago a la empresa concesionaria: hacer una “mezcla de tarifas”, combinando las tarifas diferentes que se cobran en las ciudades de Tijuana, Mexicali, Playas de Rosarito y Ensenada, “para ayudar entre todos a los usuarios de San Quintín”.

¿A fondo perdido?

El gobernador Francisco Vega con el alcalde Gilberto Hirata y el director de la CONAGUA en una reunión en San Quintín para tratar el tema hídrico del valle en octubre de 2014 (Foto: Rasarito en la Noticia).
El gobernador Francisco Vega con el alcalde Gilberto Hirata y el director de la CONAGUA en una reunión en San Quintín para tratar el tema hídrico del valle, en octubre de 2014 (Foto: Rasarito en la Noticia).

El “Sistema Integral Hídrico San Quintín” incluye, además de la planta desalinizadora que se construye con el esquema de inversión de APPs, una inversión del gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CNA) estimada en 300 millones de pesos, para la construcción e instalación de una macrored de 60 kilómetros y siete tanques de almacenamiento de agua, para cubrir el suministro a los seis poblados del Valle de San Quintín.

“Se requiere esa macrored y los siete tanques, para hacer llegar el agua de la planta desalinizadora a los poblados”, dijo el funcionario tras reiterar que esa obra será “cien por ciento federal”, dijo el titular de SIDUE.

Es probable que en esa parte del proyecto, se destinen recursos a “fondos perdido” de alguna institución federal, admitió.

Guevara aseguró que la planta desalinizadora y la macrored junto con los siete tanques de almacenamiento, están programados para que concluir sus construcciones al mismo tiempo.

Dijo que en un periodo máximo de dos años, estarán en operación abasteciendo 250 litros de agua potable por segundo a los habitantes del valle de San Quintín.

El pasado 26 de junio fue lanzada la convocatoria para la construcción de la desalinizadora. El 7 de agosto se abren los sobres que contienen las propuestas de los concursantes y el fallo se emitirá el 28 del mismo mes. El 14 de septiembre el Gobierno del Estado, a través de la SIDUE y la Comisión Estatal del Agua, firmará el contrato con la empresa ganadora y el plazo de ejecución del periodo de inversión se efectuará 18 meses después a partir de esa fecha. El inicio de la obra de infraestructura, al día siguiente de que sean aprobados los proyectos ejecutivos.

El conjunto de la obra incluye, en su primera etapa: “diseño, elaboración del proyecto ejecutivo, equipamiento electromecánico y pruebas de funcionamiento de la planta de desalinización, así como su construcción, operación, conservación, mantenimiento incluida su potabilización, conducción y entrega de 250 litros por segundo y la disposición del agua de retorno (salmuera) durante 30 años”.

El negocio de los freseros

Francisco Vega y parte de su gabinete, en el anuncio oficial del arranque del proyecto desalinizador para San Quintín (Foto: Cortesía).
Francisco Vega y parte de su gabinete, en el anuncio oficial del arranque del proyecto desalinizador para San Quintín (Foto: Cortesía gobierno de Baja California).

El gobernador Francisco Vega, quien calificó de “histórico” el que por primera vez se aplique en el estado el esquema de inversión de las APPs y sea para una obra hidráulica de gran magnitud, dijo que ls desalinizadora cubrirá el 100 por ciento de la demanda de la población. Más aún, “permitirá un remanente en la oferta del vital líquido que contribuirá al crecimiento de los campos agrícolas y la generación de mayores fuentes de empleo”.

Destacó cifras: en San Quintín se suministran 135 litros por segundo de agua, contando con diversas fuentes de abastecimiento a través de pozos, pero la demanda es de 218 litros por segundo, por lo que sufre un déficit de 83 litros por segundo. Y resaltó la solución: La nueva planta generará de inicio 250 litros por segundo, con capacidad para duplicar ese volumen.

El gobernador dijo que actualmente se siembran en San Quintín 8 mil 500 hectáreas, cuando hace diez años eran 30 mil. “La construcción de la desalinizadora, da la posibilidad de recuperar superficies cultivables”.

La licitación de la planta desalinizadora de San Quintín se anuncia tres meses después de la reunión que  sostuvieron Francisco Vega y el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) Enrique Martínez Martínez, con grandes agricultores de este valle incorporados a un grupo de élite mundial de productores y comercializadores de fresas, arándanos y moras, quienes solicitaron la construcción de esta obra hidráulica.

El pasado 14 de marzo al gobernador y el titular de Sagarpa asistieron a una reunión en el Rancho BerryMex, donde los freseros pidieron la construcción de una planta desalinizadora en el Valle de San Quintín, para garantizar el riego de sus tierras, considerando que tienen el plan de abrir otras 3 mil hectáreas al cultivo de frutillas.

La meta es producir 395 mil toneladas de berries de exportación y ganar 365 millones de dólares.

El proyecto presentado a Sagarpa –cuyo documento se encuentra en el portal de esta Secretaría- incluye inversión pública y privada para construir y operar una planta desalinizadora de agua de mar, que al inicio produciría 350 litros por segundo de agua potable, hasta alcanzar mil litros por segundo en siete años, permitiendo elevar a 6 mil hectáreas la producción de frutillas de exportación.

Este grupo de agricultores, integrado a la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Aneberries), se propone ampliar sus exportaciones a China, Japón, Corea y Hong Kong, teniendo a San Quintín como principal plataforma de producción.