Derechos humanos y milicia

El informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), titulado “Tlatlaya a un año: La orden fue abatir”, presentado el 2 de julio pasado en la Cd. de México junto con otros directivos de ONG’s de derechos humanos, ha causado revuelo en el ámbito nacional e internacional y ha abierto un boquete a la fallida estrategia federal de utilizar a las fuerzas armadas para el combate al crimen organizado.

Raúl Ramírez Baena/ A los Cuatro Vientos

Christof Heyns, Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU, desde Ginebra ha instado a las autoridades civiles a “investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a las violaciones del derecho a la vida”.

A su vez, la CNDH ha solicitado a la Sedena el documento íntegro que contiene la orden de mando de “abatir delincuentes en horas de oscuridad” y que fue recibida por militares que ejecutaron a presuntos delincuentes en Tlatlaya hace un año, y exige al ejército cancelar las órdenes a soldados que incluyan el término “abatir”.

Si bien la palabra “abatir” no necesariamente significa “matar”, con documentos oficiales obtenidos vía juicio de amparo, Clara Gómez, testigo de la ejecución de 22 personas el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya y madre de Erika Gómez, una de las víctimas ejecutadas, y sus abogados del Centro Pro, evidenciaron que la orden transmitida a la tropa por el mando militar en Tlatlaya fue precisamente esa, “abatir” a presuntos delincuentes. Incluso, el parte militar que daba cuenta del incidente, elaborado el día de los hechos, habla de “22 delincuentes abatidos”. Ni siquiera “presuntos” delincuentes.

Clara Gómez, protegida con el seudónimo de Julia, declaró que fueron los soldados quienes dispararon primero y que sólo uno de ellos murió en el enfrentamiento, y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Clara, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los ejecutaron.

En esa y en muchas ocasiones la tropa no aplica los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza (incluida la fuerza letal), como son los “Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley” y el “Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”.

Se violaron también el “Código de Justicia Miliar” en materia de obediencia debida y el “Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas”. Este último fue pasado por alto en los apartados sobre “Obligaciones de los mandos” y “Acciones u omisiones que dan lugar a la determinación de responsabilidad legal para los mandos”.

Las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya fueron encubiertas por el alto mando castrense y por las autoridades civiles federales y del Estado de México.

MARINOS CAPTURAN PERSONAS

José Francisco Gallardo Rodríguez, general brigadier del Ejército Mexicano, señala que la milicia actúa sin controles institucionales, por ello existen las violaciones a los derechos humanos. “El Ejército está entrenado para aniquilar a un enemigo, no para tutelar los derechos humanos. Si a la tropa le dices que combata a un narcotraficante, ellos están preparados para matarlo no para detenerlo y entregarlo a la autoridad civil”.

La crisis que sufre hoy el ejército mexicano por violaciones graves a los derechos humanos y en menor medida la Marina de Guerra no es nueva. Desde el inicio de su mandato, Felipe Calderón lanzó su consabida “Guerra contra el narcotráfico” mediante la incorporación masiva del ejército en labores de prevención e investigación de los delitos. Muchos advertimos del peligro que se cernía sobre la nación con esa decisión y el riesgo de colocar a las fuerzas armadas en situación de violaciones a los derechos humanos.

En un país presidencialista los deseos de Calderón se hicieron realidad y el ejército mexicano, sin vigilancia y control, irrumpió en las comunidades del país, hasta la fecha, sobre todo en aquellas regiones en que el crimen se ha enseñoreado y donde se concentra la pobreza. No han abatido –ahí si- ni una ni otra.

En 2007 se presentaron 375 quejas contra militares; en 2008 fueron 1 mil 230; en 2009 –el año con el mayor número de registros– se alcanzaron 1 mil 791; en 2010 bajaron a 1 mil 415; en 2011 se obtuvieron 1 mil 695 y el último año del sexenio de Felipe Calderón cerró con 1 mil 503. En total, 8,009 quejas que arrojaron 142 Recomendaciones expedidas por la CNDH. Por abusos de la Semar se presentaron en el mismo período 1,227 quejas.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, hasta febrero de2015, se acumularon 3,063 quejas en contra de la Sedena y 1,231 contra la Semar.

A la administración de Enrique Peña Nieto no le ayuda políticamente que se hayan hecho públicas las directivas militares que forman parte de la causa penal que se sigue a oficiales y tropa por el caso Tlatlaya, donde se asienta que el presidente de la República ha considerado al narcotráfico como “la amenaza a la seguridad nacional, el más grande riesgo para la salud social, la más cruenta fuente de violencia”.

Esta visión es una prueba de que Peña Nieto ha decidido continuar la “guerra al narcotráfico” de Calderón, utilizando a las fuerzas armadas bajo la óptica de la seguridad nacional y no de la seguridad pública. Por algo el artículo 21 Constitucional dispone que: “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

A raíz del informe del Centro Pro se ha iniciado una campaña mediática para descalificar el trabajo de las ONG dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos. Por un lado, se ha dicho que el Centro Pro utiliza a Clara Gómez para desprestigiar al ejército y por otro, en los portales informativos que destacan dicho informe, hay un alud de respuestas de los “lectores” claramente dirigidas a descalificar el trabajo de los defensores de los derechos humanos. Nada de esto ayuda a esclarecer las cosas, al contrario.

RAUL RAMIREZ BAENA* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste. Ex procurador de los Derechos Humanos en Baja California.