Grupo Z Gas vinculado en caso de corrupción en Guatemala

A pesar de contar con dos empresas suspendidas por evasión fiscal, uno de los consorcios de gas propano más grande del país, que en Ensenada, Baja California, está a punto de abrir una megaplanta que almacenará millones de pies cúbicos de gas LP, goza de los privilegios de tener un depósito aduanero privado y de no pagar impuestos.

La Nación

Las investigaciones del Ministerio Público (MP), y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CI­CIG), dieron a conocer el modus operandi de los principales cabecillas de la estructura de defrau­dación aduanera denominada La Línea, liderada por Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Bal­detti.

Sin embargo, la captura de Gustavo Martínez, yerno del presidente Otto Pérez Molina, sirve de llave para abrir una puerta en donde se ocultaron negocios dudosos que favorecieron a empresarios reales, como Miguel Zaragoza, propietario del emporio de Zeta Gas.

Del caso que conocen los tribunales de justicia, son pocos los detalles que a la fecha han sido proporcionados acerca de las empresas corruptoras que se beneficiaron con la estructura criminal, de la cual se capturó a los extitulares de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco y Carlos Muñoz, quienes guardan prisión preventiva en la cárcel de la zona 18.

La Nación tuvo acceso a información privilegiada que revela cómo el consorcio del empresario Miguel Zaragoza, a pesar de tener dos empresas sancionadas por evasión fiscal, fue beneficiado con una prórroga para administrar un depósito aduanero privado por 15 años sin pagar impuestos.

Las empresas del consorcio Zeta Gas de Centro América, S.A. o Exportaciones de Centro América, S.A. que reportan la misma dirección y de quien, Sergio Ramón Cervantes Chaparro es su representante legal son: Arrendadora y Servicios Atlas, S.A., Gas Zeta, Inmobiliaria Agua Caliente, Dis­tribuidora Llama Azul, Combustibles de la Sonora, S.A., Constructora Quetzal y Gas Nacional.

En todas, Cervantes Chaparro figura como representante legal, además, la Constructora Quetzal y Zeta Gas de Centro América, S.A. están ubicadas en la misma dirección, una en la cuesta de Sonora y la otra en el kilómetro 97.3 de la autopista a Puerto Quetzal en Escuintla.

En los archivos de la SAT aparece como inhabilitada Constructora Quetzal, según lo especifica el expediente C285765, de fecha 5 de junio de 2006.

También en los registros de la SAT se encuentra el expediente C360767, en el que consta la inhabilitación de Gas Nacional, vigente desde el 16 de enero de 2013. A esta empresa le aparecen otras dos inhabilitaciones: una con fecha del 6 de junio de 2006 (C287326), y otra del 14 de noviembre de 2012 (C360198).

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La base legal en la que se basó la SAT para realizar la inhabilitación de las empresas ligadas al consorcio de Zeta Gas es el artículo 56 del Código Tributario, el cual establece: “la morosidad en el pago de obligaciones tributarias o el ser sujeto de un proceso de cobro de un adeudo tributario por la vía económico-coactiva, hará que el contribuyente o el responsable quede impedido de cotizar, licitar y celebrar los contratos a que se refiere la Ley de Contrataciones del Estado, con este último y sus instituciones descentralizadas o autónomas, incluyendo las municipalidades, por cuatro (4) años a partir de la declaratoria”.

A pesar de los antecedentes descritos, el 24 de septiembre de 2014, el Diario de Centro América publicó el Acuerdo Gubernativo 1817-2014, en el que se detalla lo siguiente: “se autoriza como auxi­liar de la función pública aduane­ra para efectuar como depositario aduanero privado a la entidad denominada Zeta Gas de Centro América, Sociedad Anónima (…) y por ende en el establecimiento, custodia y conservación de gas licuado de petróleo (G.L.P.) con suspensión de derechos arancelarios a la importación e impuestos correspondientes”.

El depósito tiene 18 tanques de almacenamiento, cada uno tiene la capacidad de guardar un millón de galones de gas propano, es decir, un total de 18 millones de galones, los cuales en apariencia eran enviados a países centroamericanos.

Los negocios eran simulados para comercializarlos en Guatemala a precios de “descuento o de oferta”, el trasfondo de estas transacciones era evadir impuestos y tener ganancias millonarias.

Grupo Z Gas y la corrupción en Guatemala

Chihuahua, Chih.- La fiscalía general y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) identificaron a dos empresas mexicanas —la farmacéutica Droguería Pisa y la energética Z Gas Centroamericana— que presuntamente participaron en las millonarias redes de tráfico de influencias detectadas en los últimos tres meses en la institucionalidad estatal de ese país, se supo ayer.

La Fiscalía y la CICIG revelaron en mayo que Pisa habría aceptado pagar sobornos para ganar un contrato con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El jueves anterior, denunciaron que el “representante legal” de Z Gas entregó una “dádiva económica” para una millonaria rebaja en una póliza que debía pagar en dólares y se pasó a quetzales, la moneda guatemalteca.

Pisa Internacional, de México, y que opera en América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa, nunca respondió las consultas de este diario. Ninguna autoridad de Z Gas, parte de una operación centroamericana del Grupo Zeta, de México, pudo ser contactada por este periódico.

ZETA GAS ESFERAS LP

Guatemala enfrenta una conmoción institucional desde abril, cuando la fiscalía y la CICIG iniciaron las revelaciones de corrupción política que tienen arrinconado al presidente Otto Pérez Molina e incluyen las que denunciaron en mayo en la seguridad social y en junio en la policía.

Contrato. Tres guatemaltecos —dos directivos y un empleado de la Droguería— están presos desde mayo por cohecho activo, dos por asociación ilícita y uno por tráfico de influencias. Se les acusa, junto a 15 jerarcas y empleados del IGSS, ya detenidos, de haber aceptado pagar cerca de 2.4 millones de dólares para que el instituto otorgara un contrato por casi 15.4 millones de dólares en 2014 a la firma por servicios de diálisis peritoneal.

La CICIG, instancia querellante de Naciones Unidas instalada en 2007, halló “interés de funcionarios públicos” para que, en arreglo “con personas afines” a Pisa, se “le beneficiara” con el contrato.

En la energética, dos de sus trabajadores están en calidad de fugitivos, acusados de asociación ilícita, cohecho activo y falsedad ideológica. La CICIG reveló que Z Gas logró reducir el monto de una póliza para abrir un depósito aduanero privado en puerto Quetzal, en el Pacífico.

Entre julio y octubre de 2014, Z Gas pidió autorización para el depósito a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y buscó “un intermediario particular” en el guatemalteco César Medina Farfán, “capaz de ‘contactar’ y ‘lograr’ cualquier tipo de favor de parte de altas autoridades guatemaltecas”, precisó la comisión.

Medina fue el “centro de una red de ilícitos que involucra a funcionarios públicos y a particulares en actos que van en detrimento” de la administración pública y del patrimonio estatal y, aliado a personal aduanero, manipuló “las condiciones en las que lícitamente debiese darse dicho proceso”, añadió.

ZETA GAS PLANTA GUATEMALA

Como jefe de la SAT, Carlos Muñoz, “permitió” sustituir una página “que inicialmente establecía una fianza” por 5 millones de dólares, por una nueva en la que se rebajó a 650 mil dólares, aseguró.

El jueves, las autoridades guatemaltecas capturaron a Gustavo Martínez, ex secretario general de presidencia y yerno del mandatario Otto Pérez Molina, así como al ex ministro de Energía, Edwin Rodas, acusados de corrupción con la transnacional de energía Jaguar Energy, a la que Martínez habría ayudado, “agendando” reuniones entre los inversionistas con el presidente Pérez Molina a fin de “destrabar” los obstáculos legales y ambientales para la construcción de la planta.

No a candidatura de Zury Ríos. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala rechazó ayer la candidatura presidencial de Zury Ríos Sosa, hija del ex dictador José Efraín Ríos Montt, para los comicios generales del próximo 6 de septiembre.

El ente rector de los comicios resolvió que Ríos Sosa, del opositor partido Visión con Valores (Viva), tiene prohibido aspirar a la primera magistratura por ser hija del ex jefe de Estado.

http://www.lanacion.com.gt/los-privilegios-que-otorgo-carlos-munoz-a-zeta-gas/