Más allá del siniestro

Los mexicanos solemos indignarnos una vez pasadas las tragedias. Casi siempre las autoridades intentan evadir su responsabilidad y los legisladores aprueban leyes para corregir lo que antes no se arregló. Y casi todas las crisis se cargan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las personas adultas mayores no son la excepción.

Raúl Ramírez Baena* / A los Cuatro Vientos

El incendio del asilo “Hermoso Atardecer” del Ejido Querétaro en el Valle de Mexicali, que conmocionó a la sociedad mexicana, destapó la Caja de Pandora. Por un lado, las omisiones de las autoridades de los tres niveles, responsables del buen funcionamiento de este tipo de instalaciones, no sólo del cumplimiento de la “Norma Oficial Mexicana (NOM) para la Prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores”, sino también del trato que se da a los ancianos.

En materia de Seguridad, la NOM dispone que los orfanatos y asilos deben contar con: diseño arquitectónico para el desalojo del inmueble en caso de siniestro; prevención contra incendios de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Siniestros vigente en la entidad federativa o localidad; capacidad necesaria de agua almacenada para el uso en caso de siniestros; detectores de humo instalados en el techo y conectados a un tablero con indicadores luminosos, accesible para el personal; colocación de extintores en lugares estratégicos; sistema de alarma de emergencia sonoro, que se pueda activar mediante interruptor, botón o timbre estratégicamente colocado y accesible al personal; sistema de iluminación de emergencia en las áreas de tránsito del personal y de los usuarios; señalamientos apropiados de tamaño mayor que el usual, para que orienten al usuario en caso de desalojo; puertas de salida de emergencia con la dimensión necesaria y dispositivos de fácil operación; puertas o canceles con vidrio que limiten diferentes áreas, con bandas de color que indiquen su presencia y, en muros no utilizar materiales inflamables o que produzcan gases y humos tóxicos.

¿Las instalaciones del albergue siniestrado cumplían con todos estos requisitos y las autoridades los hacían cumplir? ¿Otras instalaciones similares cuenten con esas previsiones? ¿Qué no fue suficiente la amarga experiencia de la guardería ABC de Hermosillo?

Para demostrar que no hubo negligencia oficial en la tragedia (nadie vaya a pensar lo contrario), funcionarios estatales y municipales se aprestaron a informar a la población que son muy cumplidores. Según ellos, todo estuvo bien con protección civil y bomberos, además, dicen, hay una excelente supervisión por parte de las autoridades de salud y de asistencia social sobre las instalaciones, servicios y trato a los viejitos.

Foto: Univisión.
Foto: Univisión.

Hay quienes piensan que culpar a terceros del incendio por diferencias en la administración del asilo es mera salida política para evadir la responsabilidad oficial.

El otro aspecto que debemos aprender de esta tragedia es que, a pesar de que existen una Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación y una Ley General de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, así como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, esto es insuficiente. En México no hay una cultura de respeto a los derechos humanos de estas personas, lo que las coloca en situaciones de vulnerabilidad (excluidas del desarrollo y/o sujetas de discriminación). La vejez, casi siempre asociada a la pobreza.

Comenzando por el hogar, en múltiples familias los “viejos” estorban, pocos los quieren en casa. Los hijos se los pasan unos a otros para evadir su manutención y cuidados. Peor aún, las casas son hoy muy pequeñas (45 a 75 m2 de construcción) y los viejos “no caben”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone en el Artículo 25, fracción 1, que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

A pesar de que México firmó y ratificó la Declaración, las pensiones para los adultos mayores son de risa, ninguna persona se puede mantener con lo que entrega el gobierno, así que los hijos los tienen que sostener y cuidar muy a su pesar. Una boca más y medicinas que se convierten en una carga. Y con ello, el rechazo. Una forma de evadir su atención es enviarlos a un asilo, con lo cual el anciano se siente abandonado a su suerte, lo que acelera su muerte. Peor aún, los ancianos que viven en condición de calle.

INCENDIO ASILO VIEJITOS SILLAS RUEDAS

Es común que los viejos se sientan solos y caigan en fuertes depresiones que mellan su ya de por sí endeble salud, o que se enfermen constantemente para así llamar la atención.

Por la falta de políticas públicas en la materia, en México hay pocos médicos geriatras, que es la rama de la medicina especializada en la atención de las enfermedades de la vejez, y menos aún gerontólogos, que son quienes abordan todas las dimensiones de la vejez, incluyendo los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales.

Con los avances de la ciencia médica, con más mujeres trabajando como es su derecho y mujeres profesionales que procrean pocos hijos a mayor edad y con más control de la natalidad, la tendencia de la población mundial es a envejecer. No hay sistemas de pensiones que aguanten el ritmo de envejecimiento de la población y algo tenemos que hacer para que las y los viejos gocen plenamente de todos sus derechos humanos.

Así es que debemos aprender a no ser tan coyunturales y a indignarnos no sólo por la muerte de 17 ancianos, porque miles están en riesgo. También debemos exigir al Estado porque nuestro destino irremediable puede ser la vejez, la que debemos vivir a plenitud y con dignidad, no arrimados o abandonados a nuestra suerte en un asilo, si bien nos va.

RAUL RAMIREZ BAENA* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y ex procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California