La Larga Lucha por la Justicia y la Libertad

El Abogado es un profesional cuyo objetivo fundamental debe ser colaborar en la defensa de la justicia.

Vox populi, vox Dei. Recordatorio en el día del abogado.

Carlos Reyes Romero / A los Cuatro Vientos

México era uno de los países más avanzados en materia de justicia popular. Era así, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos −la original promulgada el 5 de febrero de 1917− establecía con absoluta claridad y precisión que los delitos del orden común, los de imprenta y las faltas y delitos oficiales de los funcionarios y servidores públicos, debían ser juzgados por jurados populares.

Precursoramente, por vez primera en toda nuestra vida independiente, los constituyentes de 1917, todavía en el fragor de la Revolución, elevaron a rango constitucional los jurados populares en México.

Así, en el Artículo 74 se establecía como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la de “V.- Conocer de las acusaciones que se hagan a los funcionarios públicos de que habla esta Constitución, por delitos oficiales, y en su caso, formular acusación ante la Cámara de Senadores y erigirse en Gran Jurado para declarar si ha o no lugar a proceder contra alguno de los funcionarios públicos que gozan de fuero constitucional, cuando sean acusados por delitos del orden común.”

Y el Artículo 76, establecía como facultad exclusiva del Senado, la de “VI.- Erigirse en Gran Jurado para conocer de los delitos oficiales de los funcionarios que expresamente designa esta Constitución.”

La Cámara de Diputados estaba facultada para conocer de las acusaciones sobre delitos oficiales que se hacían a los funcionarios públicos y de formular las acusaciones ante la Cámara de Senadores, en lo que ahora conocemos como juicio político, y la Cámara de Senadores, erigida en Gran Jurado, era la que establecía las sanciones que debían aplicarse.

En el caso de los delitos del orden común, era facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, erigirse en Gran Jurado, para determinar si había o no lugar a proceder contra el acusado.

A mayor abundamiento en el Artículo 109 se establecía que “Si el delito fuere común, la Cámara de Diputados, erigida en Gran Jurado, declarará por mayoría absoluta de votos del número total de miembros que la formen, si ha o no lugar a proceder contra el acusado.”

Y para más precisión, en el Artículo 111, se preceptuaba que “De los delitos oficiales conocerá el Senado, erigido en Gran Jurado; pero no podrá abrir la averiguación correspondiente, sin previa acusación de la Cámara de Diputados.”  Y agregaba en su párrafo cuarto: “En los casos de este artículo y en los del anterior, –se refiere expresamente a los delitos oficiales, faltas u omisiones, y a los delitos comunes en que incurran los funcionarios públicos− las resoluciones del Gran Jurado y la declaración, en su caso, de la Cámara de Diputados, son inatacables.”

DIPUTADOS FEDERALES FUERO
Foto: Red Política

Esto se establecía respecto de los funcionarios públicos que gozan de fuero –o inmunidad constitucional como se le conoce ahora− pero también se establecía con claridad cómo proceder en el caso de todos los demás servidores públicos.

Al respecto el mismo artículo 111, contenía en su párrafo sexto el siguiente y trascendental precepto: “El Congreso de la Unión expedirá, a la mayor brevedad, una ley sobre responsabilidad de todos los funcionarios y empleados de la Federación, determinando como faltas oficiales todos los actos u omisiones que puedan redundar en perjuicio de los intereses públicos y del buen despacho, aunque hasta la fecha no hayan tenido carácter delictuoso. Estos delitos serán siempre juzgados por un Jurado Popular, en los términos que para los delitos de imprenta establece el artículo 20.”

El mencionado artículo 20 establecía ni más ni menos que en todo juicio del orden criminal, el acusado tenía la garantía de que “VI.- Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la Nación.” Más claro ni el agua… pero limpia y purificada; porque en la actualidad las aguas judiciales andan más bien turbias.

La Constitución original de 1917 se refiere a los jurados populares en cinco de sus artículos, a saber: en los artículos 5 y 36 para establecer la obligatoriedad de los ciudadanos de ser jurados; en el ya mencionado artículo 20; en el Artículo 72, donde impide al Ejecutivo de la Unión hacer observaciones respecto de estas resoluciones y declaratorias del Congreso; el artículo 79, y el artículo 130 donde se prohíbe a los jurados populares intervenir en asuntos religiosos.

Actualmente, sólo se alude a los jurados en los Artículos 5, 36, 72 y 79 y sólo se mantiene para el Senado la facultad de erigirse como tal, bajo la modalidad de Jurado Menor o Jurado de Sentencia.

JUSTICIA IMPUNIDAD CARTON

El resto de esta legislación de avanzada fue “rasurada” o de plano suprimida por la reforma constitucional del 28 de diciembre de 1982, con la que el salinismo inauguró el ciclo de desnacionalización del país; y con la reciente reforma del 18 junio de 2008, para establecer el sistema de justicia acusatorio.

El Congreso Constituyente de 1917 procedió en cuanto a la justicia popular conforme a la más pura tradición del Common Law, o derecho comunitario, que rige actualmente en los países más avanzados de Norteamérica, Europa, Asía y África; donde también, aunque en una versión mixta, tiene su origen el sistema de justicia penal acusatorio y oral que se extiende rápidamente por el mundo moderno. Sólo en México, y particularmente en Guerrero, vamos a paso de tortuga.

Los jurados populares tienen sus antecedentes más remotos en los tribunales populares de Grecia y Roma, en las asambleas judiciales de los pueblos germánicos y en los tribunales compuestos por jueces profesionales y por ciudadanos legos designados por sorteo, que operaban en Francia e Italia.

Pero el antecedente más directo es el jurado popular inglés. Conforme al cual el proceso penal se realiza ante dos jurados distintos: el Grand Jury o Gran Jurado, que se encarga de determinar si es procedente o no la acusación (también llamado Jurado de Acusación), y el Petty Jury o Jurado Menor, que se encarga de emitir el veredicto sobre la acusación (también llamado Jurado de Sentencia).

Aunque el sistema de jurados populares ha evolucionado, sigue conservando su esencia, porque está considerado como uno de los mejores medios para lograr tanto la participación del pueblo en la impartición de justicia −lo que es consustancial y así lo exige la auténtica democracia− como la independencia de los jueces ante el poder, para lograr el debido acatamiento de la ley y la sujeción de todos al debido pero legítimo proceso; de la misma manera que permite garantizar la efectividad del principio de la soberanía popular y en consecuencia de los derechos humanos.

Esto es vital, porque en México el Poder Judicial tiene una concepción monopólica y patrimonialista del derecho, conforme a la cual la justicia es privativa de especialistas con grado académico, en la que no debe intervenir el pueblo porque según ellos no es su función.

La misma conducta mantienen el gobierno, el ministerio público y los mandos de cuerpos de seguridad pública, respecto del uso de la fuerza para combatir el crimen y la violencia, lo cual según afirman es monopolio exclusivo del Estado; fingiendo olvidar, a ver si pega, que el Estado es un todo que engloba al pueblo y al gobierno, en vinculación con el territorio donde están asentados.

Por mandato de nuestros tres grandes movimientos sociales: la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, y con el refrendo institucional de las grandes Constituciones de 1824, 1857 y 1917, en México “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo” y en consecuencia, “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.”

MORELOS SOBERANIA PUEBLO

Así debe de ser. Sin embargo siempre ha habido una fuerte oposición de los poderes públicos y sus corifeos, −unas veces abierta, otras soterrada y difusa− a que el pueblo comparta e intervenga en las funciones de gobierno; a pesar de las múltiples y reiteradas declaraciones de políticos de todo cuño acerca de la necesaria y benéfica participación ciudadana en los asuntos públicos. Nada hay más ruin que la hipocresía.

Vamos para atrás en cuanto a la participación del pueblo en la seguridad pública y la impartición de justicia, la eliminación de la corrupción y la impunidad y la vigencia del federalismo.

Pareciera que la democracia nunca se va a asentar plenamente en México. Afortunadamente desde el mundo indígena nos llega una luz de esperanza.

Al pelear por su autonomía, por la libre determinación y por el derecho al gobierno propio, a la solución de sus conflictos conforme a su propias normas y al elegir a sus autoridades y representantes de acuerdo a sus propios métodos, es decir al ejercer la libre representación política, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas nos están señalando la ruta por donde debemos transitar todas y todos los mexicanos.

Es una larga lucha por la justicia, pero también por la libertad y la dignidad. Hay una luz en el túnel.