Ante el temor al desalojo, regresó la “guardia masiva” de locatarios a La Bufadora

La Asociación Civil “La Bufadora en Pie de Lucha” instaló de nuevo un operativo de “guardia masiva” en el sitio turístico porque, dijo su vocero Darvy Batallar Gómez, el juez federal Víctor Manuel Bravo Melgoza “está empeñado en llevar a cabo el desalojo de la zona comercial para cumplir los compromisos que tiene” con empresarios, ejidatarios y el gobierno de Baja California.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos / La Jornada BC

Ensenada, B.C., a 9 de julio de 2015.- Para ello –agregó- el  Juez Séptimo de Distrito en Ensenada pasa por encima de una disposición de la Segunda Sala del Tribunal Colegiado de Distrito en Mexicali que en marzo aceptó por unanimidad, revisar la sentencia de Bravo Melgoza, a quien de manera oportuna informó de su resolución.

“El miércoles 8 de julio recibimos información precisa que nos preocupó mucho. Primero, los mandos de los 200 gendarmes que el pasado fin de semana iban a desalojarnos y luego se replegaron a la ciudad de Tijuana, están de nueva cuenta en Ensenada; los ejidatarios que piden el desalojo –del Ejido Coronel Esteban Cantú- están exigiendo lo que ellos consideran el cumplimiento inmediato de la ley; y finalmente se canceló una reunión en donde participarían funcionarios del Ayuntamiento de Ensenada, que ha hecho un importante papel de mediador en el conflicto”.

Por ello, los 157 locatarios de la Asociación Civil “La Bufadora en Pie de Lucha” se reunieron ayer miércoles 8 de julio, y a las 19.00 horas tomaron la decisión de reanudar la “guardia masiva” del sitio turístico, acompañados por decenas de familiares y simpatizantes de su movimiento.

BUFADORA LOCATARIOS EN LUCHA

– “El desacato que el juez Bravo Melgoza está haciendo de la resolución del juzgado colegiado de Mexicali, puede tener un costo político muy grave para él y para quienes representa. El caso está siendo analizado por un tribunal del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas, totalmente fuera del área de influencia del gobierno de Baja California, los ejidatarios, los empresarios que se quieren quedar con La Bufadora y el propio Manuel Bravo”.

Por esto, agregó Batallar, el juez de distrito en Ensenada “está obcecado en hacer cumplir su orden de desalojo y eso es lo que nos tiene muy preocupados”, insistió el locatario.

Darvy Batallar reveló que “la actitud ilegal” del juez Bravo se notificó por escrito el 8 de julio al secretario de Gobernación  Miguel Ángel Osorio Chong, al senador por Baja California Marco Antonio Blázquez, y a la delegación de la Procuraduría General de la República en el estado.

– “En la guardia masiva somos muchos, pero los gendarmes también son muchos. Si hay un enfrentamiento, sus consecuencias serán responsabilidad directa del juez Bravo Melgoza y de la gente que él representa”.