La nueva agresión a locatarios de La Bufadora: Más de lo mismo

Para los 157 comerciantes de artesanías de La Bufadora, uno de los principales destinos turísticos de Baja California por tratarse de un fenómeno natural que anualmente recibe 380 mil visitantes y provoca una derrama económica de 80 millones de pesos, la presencia inusual de 200 gendarmes federales en la ciudad de Ensenada los días 2 y 3 de julio, es el último capítulo de una historia de agresiones en su contra hecha por el gobierno del estado y el juez federal Víctor Manuel Bravo Melgoza.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

“El gobierno de Baja California es quien está detrás de un proyecto que busca privatizar la zona turística de La Bufadora. Son Francisco Vega (Lamadrid) y Pablo Alejo (López Núñez, subsecretario de Gobierno del Estado en Ensenada) quienes, junto con el juez Bravo Melgoza, hacen uso faccioso de la Gendarmería Nacional para tratar de desalojarnos del derecho de vía del sitio y vender a particulares la zona”, manifestó Darvy Batallar  Gómez, representante de la Asociación Civil “La Bufadora en Pie de Lucha”.

El vocero de los locatarios también acusó a Bravo, juez Séptimo de Distrito en Ensenada, de pretender involucrar en esa dinámica de intimidación y provocación a la violencia, al Ejército y a la Armada de México.

– “Pero las dos instancias castrenses se negaron a tomar parte en el desalojo que el juez ordenó el 6 de enero, por lo que Bravo Melgoza, de manera por demás sospechosa, usó a una parte de las fuerzas policiales federales destacadas en el estado en un operativo que fracasó, tal y como ahora sucedió en días pasados”.

El juez federal determinó el desalojo de los comerciantes en noviembre de 2013, luego de que el gobierno estatal dejó de aportar pruebas ministeriales en un juicio agrario contra el ejido Coronel Esteban Cantú, que dice ser dueño del terreno y el derecho de vía que ocupa el centro turístico. El abandono de la causa jurídica permitió a los ejidatarios ganar el conflicto.

El ejido es una organización social que en la década de los 90 del siglo pasado provocó un conflicto internacional con los Estados Unidos cuando vendió ilegalmente a 200 estadounidenses, terrenos que no les pertenecían en la lengüeta arenosa Punta Banda, que se ubica 10 kilómetros al norte de La Bufadora.

De acuerdo con el licenciado Jaime Palafox Granados, representante legal de las familias Díaz y Contreras que presentan títulos de propiedad que los avala como los dueños del terreno en pugna, los ejidatarios cuentan con el apoyo de funcionarios corruptos del sector agrario, que dotaron al Esteban Cantú de tierras que no le pertenecen y que incluso se ubican, en el colmo del cinismo, mar adentro frente a La Bufadora.

Un ejemplo de servidor público deshonesto al servicio del ejido es, según Palafox, el perito deslindador Héctor Chávez Gómez, que en dos ocasiones equivocó su peritaje en los expedientes 48/2011 y 352/2012, y ahora tiene un atraso de siete meses en el quehacer de un nuevo arbitraje que le ordenó hacer el juez federal que atiende los dos archivos jurídicos.

Batallar Gómez reveló a su vez que la nueva intentona de desalojo del jueves 2 y viernes 3 de julio se dio luego de que en marzo el pleno de la Segunda Sala del Tribunal Colegiado de Distrito en Mexicali aceptó por unanimidad revisar la sentencia del juez Bravo Melgoza.

“La sala colegiada nombró a un ponente para que realice una investigación jurídica en los expedientes relacionados con La Bufadora. Conocemos que en este momento el análisis de nuestro recurso de revisión se realiza en Zacatecas y creemos que se puede anular la sentencia del juez Bravo, de ahí que intentaron sorprendernos pero nosotros siempre actuamos con la defensa en alto”, manifestó Batallar.

Hasta el viernes 3 de julio, los comerciantes han evitado el desalojo en cinco ocasiones.

La meta, privatizar

 

BUFADORA PANORAMICA

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Estado (SECTURE), La Bufadora recibió 380 mil visitantes en 2014.

A su vez el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Ensenada informó que las ventas comerciales  en La Bufadora son en promedio por 80 millones de pesos anuales, aunque por el conflicto el año pasado se desplomaron en 70 por ciento.

El 28 de enero de 2015, el gobierno de Baja California y el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Héctor  Gómez Barraza, presentaron a los os ejidatarios el proyecto “Programa Parcial de Desarrollo Turístico La Bufadora”, pero no dieron detalles de qué empresas participarán en el programa, el monto de la inversión y cuándo se pondría en marcha la construcción.

Si bien Batallar Gómez reconoció que se trata del mismo proyecto con el que  los locatarios están de acuerdo desde 2010, agregó que es necesario primero que los gobiernos federal y estatal resuelvan el problema de la tenencia de la tierra.

El programa parcial de La Bufadora incluye la declaratoria de Parque Natural La Bufadora -de carácter estatal-; el desarrollo de zonas turísticas, residenciales y comerciales; un área de conservación ambiental y una zona de crecimiento y equipamiento urbano.

También la construcción de una desalinizadora y de una planta de tratamiento de aguas negras, un centro cultural, un club spa y comercio de cata de vinos y quesos, un museo interactivo,  un club de playa y muelle para yates de placer, y la utilización de un sistema de transporte eléctrico interno.

En la presentación del proyecto se informó que toda la infraestructura a desarrollar tendrá como capital de inversión tanto a la iniciativa privada como a los gobiernos federal y estatal.

Darvy Batallar estimó que la intención de los gobernadores José Guadalupe Osuna Millán y Francisco Vega en el tema de La Bufadora, es disfrazar su política privatizadora con el ejido

“Por eso hoy nos explicamos con mucha claridad  por qué el gobierno del estado no se defendió en su momento en los tribunales de la acusación del ejido; simplemente dejaron de presentar periciales, dejándonos en el abandono jurídico total a los locatarios”.

BUFADORA PROYECTO 1
La imagen del centro comercial desde la perspectiva de la privatización (Foto: archivo).

– Existe la versión de que fueron el gobernador Francisco Vega Lamadrid y el subsecretario del gobierno estatal en Ensenada, Pablo Alejo López Núñez, quienes negociaron el uso de la gendarmería el 6 de enero en La Bufadora. ¿Qué sabe de esto?

Después del 21 de septiembre de 2014, en que se intentó el primer desalojo con la policía municipal, pedimos hacer mesas de trabajo con la intención de involucrar a los ejidatarios. Se hicieron cinco mesas en donde participó el gobierno del estado. La última se realizó el 21 de diciembre y ya no se presentó el licenciado Pablo Alejo. Simplemente mandó a un representante porque sabía que ya se iba a tomar la decisión del desalojo del 6 de enero.

El acuerdo, al que tuvimos acceso hasta el 7 de enero, es decir un día después del fracaso de la gendarmería, señala con precisión que la fecha inicial para  el intento (de desalojo) era el 30 de diciembre. ¿Entonces a qué se presentaba el licenciado Pablo Alejo si ya sabía del uso de la violencia contra los locatarios? Ya no tenía caso su presencia en la mesa.

Y ese acuerdo es muy interesante. Primero plantea el juez una solicitud al ejército a través del cuartel de El Ciprés y los vincula para realizar el desalojo, pero la Secretaría de la Defensa Nacional niega la posibilidad de participar y los multan con algo verdaderamente ridículo. Entonces el juez se va a la Secretaría de la Marina y hace lo mismo: les pide apoyo, los vincula para que hagan el desalojo y la Secretaría de la Marina le dice también que no.

A nosotros nos extraña mucho el hecho de que una parte de la gendarmería de los 300 que están destacados en Baja California, haya venido a La Bufadora cuando la respuesta a la solicitud de apoyo que hizo semanas atrás el presidente (municipal de Ensenada) Gilberto Hirata al comisionado nacional de la gendarmería, fue negativa.

¿Qué pasó ahí? ¿Quién dio la bendición en Baja California para que una parte de la gendarmería actuara? Deducimos que fue el gobernador del estado. Tenemos esta reflexión del análisis que hemos hecho de todo esto, Por eso no queremos caer en una confrontación con el gobierno del estado, Hacemos una vez más un llamado de atención a que nos escuchen, que nos tomen en cuenta y respeten nuestros derechos como locatarios.

– Antes de que estallara la pugna, ¿cuánto ganaba en promedio un locatario en La Bufadora?

La cantidad varía, pero digamos que hemos perdido hasta el 70 por ciento de nuestros ingresos netos, independientemente de los inconvenientes que estaba provocando el problema económico presente en los Estados Unidos, que es una base importante de nuestros clientes. En ese sentido vemos con mucha preocupación que este proyecto no vaya a ser aquél que en el 2010 nosotros tuvimos una participación muy activa y de propuesta, que es el plan parcial de desarrollo urbano de La Bufadora que realizó el FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo).

Si ese es el proyecto, nosotros estamos de acuerdo. Lo único que tendría que hacer la Secretaría de Turismo es que de las 198.5 hectáreas que quieren incorporar a las 1.5 hectáreas en donde los locatarios estamos, es buscar que toda la gente que reside o trabaja en la zona esté de acuerdo.

Esto lo menciono porque hay pequeños propietarios que dicen: “espérame; lo vocación de mi tierra en este proyecto no se está manifestando y por ello no estamos de acuerdo”. Entonces hay sectores que están involucrados en bienes y raíces en este importante número de hectáreas y que no están muy convencidos de que sea el plan correcto. Por eso le hemos dicho a la Secretaría (estatal de Turismo) que abra un espacio de reflexión para armonizar todos los intereses en la zona e impulsar un proyecto realmente incluyente, donde se detonen integralmente esas 200 hectáreas que le darían a La Bufadora un nuevo vigor, una nueva oferta.