Encarceladas bajo la acusación de aborto

Las mexicanas pasaron de usuarias de servicios y atención a la interrupción voluntaria de un embarazo a ser criminales, como consecuencia de las reformas en 17 entidades del país, en las que se incluyó una leyenda y un mandato en las respectivas constituciones declarando “proteger la vida desde la concepción”.

Sara Lovera y Miriam Ruíz / Semlac

Así, cuando ellas llegan al hospital con un aborto en curso, el personal policiaco las denuncia. Ahora se conocen 227 denuncias anuales en este sentido.

Tal referencia está recogida en el informe Omisión e Indiferencia, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), presentado apenas el 12 de abril.

Ahí se calcula que hubo poco más de 1 millón de abortos inducidos en México en 2009, pero que solo una de cada seis mujeres que se realiza una interrupción clandestina de embarazo busca atención hospitalaria. El gris panorama apunta a una tendencia criminalizadora, por lo que se concluye que la cifra anterior bajará. Los casos defendidos por GIRE muestran a las mujeres –las pobres, las indígenas– que llegan al hospital con dolores, sangrados y otras molestias y la policía les abre una averiguación antes de indagar de qué se trata, todo con la anuencia del personal hospitalario, en medio de claroscuros del secreto profesional y la obligación de denuncia.

La cacería tomó fuerza con las reformas arriba mencionadas, en los pasados cinco años. Más de 600 mujeres han pisado la cárcel por denuncias de aborto. Hasta 2007, pese a que esta práctica también estaba penalizada, pero con excepciones desde 1931, especialmente por violación, no existían denuncias en los centros de salud, no había policías, nadie intervenía. Pero las mujeres tampoco eran beneficiarias de las excepciones.

Según Regina Taméz, directora de GIRE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido cómplice, por guardar silencio.

GIRE se ha convertido en una organización que no solamente impulsa políticas públicas para garantizar el derecho a la salud sexual, sino en un organismo de defensa. Hoy hace tareas de seguimiento a casos de mujeres encarceladas y ofrece apoyo legal y fianzas –que van desde los 250 hasta aproximadamente los 750 dólares– para que ellas vivan el proceso en libertad.

La abogada Taméz sostuvo, en entrevista con Semlac, que el mero hecho de cumplir con el código penal en las causales de excepción, principalmente el derecho a aborto por violación, ya sería un adelanto, habría posibilidades de tomar medidas inmediatas y sin costo para el Estado mexicano.

ESTADO Y RELIGION CARTON

Explicó que existe una confusión con el principio actualmente asentado en las constituciones estatales sobre el derecho a la vida desde la concepción y el cumplimiento de los códigos penales. Las autoridades judiciales desconocen esas excepciones que son, entre otras, violación, peligro de vida de la madre, malformaciones congénitas, imprudencia de la mujer, razones económicas (en Yucatán), enfermedad de la madre e inseminación artificial y sida en algunas entidades.

En el Distrito Federal se cumplieron seis años desde que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas del embarazo; no obstante, el informe detectó que hay 20 casos preocupantes, porque a pesar de las excepciones e interpretando mal las reformas estatales, lo que salta a la vista es el conservadurismo del personal de salud, de la policía y de las autoridades judiciales por todo el país.

Taméz afirmó que el Poder Judicial tampoco cumple con proteger a las mujeres que han sido violadas, ni ofrece en forma efectiva información y servicios de anticoncepción de emergencia en un plazo de 120 horas, como obliga el sistema de salud con la norma oficial mexicana conocida como NOM 46.

La directora de GIRE advirtió que, si bien el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, se comprometió en su campaña a no criminalizar el aborto, hay que recordar la tendencia donde no criminalizar esta práctica, lejos de implicar la despenalización y el cumplimiento de un derecho, ofrece “terapias psicológicas a las mujeres que abortan para curar el trauma”. Es decir: no se está entendiendo.

Tamez, exfuncionaria del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, afirmó que México está en una encrucijada respecto a la región latinoamericana y del Caribe. El país cuenta con las leyes penales que ponen excepciones a la persecución del aborto, pero que no se cumplen. Nicaragua y Chile, por otro lado, no tienen ni esas medidas legales.

El informe de GIRE, tras años de seguimiento y análisis, sostiene que la criminalización del aborto es el problema más escandaloso, pero no el único: aunque 72.5 por ciento de las mexicanas en una relación tienen anticoncepción, esa cifra baja a 58.3 en mujeres indígenas y 60 en las rurales o sin escolaridad.

La mortalidad materna se concentra en cinco estados del país, fundamentalmente en sus zonas indígenas. De todas las muertes maternas ocurridas en Oaxaca hasta 2010, 55 por ciento correspondió a las áreas indígenas; 47.2 en Guerrero, 35.9 en Chihuahua, 25 en Yucatán y 24.6 en Chiapas. Cabe recordar que 11 por ciento de las muertes maternas ocurrieron por aborto.

El trabajo de GIRE también identificó lo que se llama “violencia obstétrica”, que se manifiesta con prácticas invasivas, trato deshumanizado, procedimientos sin consentimiento informado y discriminación, ahora tipificada únicamente en las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Chiapas, Guanajuato, Durango y Veracruz. Otro problema preocupante es que continúa la esterilización forzada, pero no se penaliza sino en siete de los 31 estados de la república mexicana. Subraya que la CNDH también ha sido omisa: de 2009 a 2012 recibió 122 quejas sobre el tema, pero solo emitió cuatro recomendaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud, que se negaron en esta investigación a reconocer esas recomendaciones.

Derecho Canónico permite el aborto: CDD

La organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) defendió la despenalización del aborto en la ciudad de México, y afirmó que aunque el clero condene la maternidad libre en las leyes católicas se permite la interrupción del embarazo.

CIMAC

 

ESTADO E IGLESIA SEPARADAS

En un comunicado, CDD criticó que la jerarquía católica se niegue a aceptar la impartición de la educación sexual integral en las escuelas, y que rechace el uso de métodos anticonceptivos.

CDD respondió el 23 de abril a las afirmaciones de la Arquidiócesis de México, que el pasado fin de semana acusó al Gobierno del Distrito Federal del incremento de abortos en la capital del país, a la vez que llamó a buscar otras soluciones.

La agrupación que promueve el derecho a decidir de las mujeres dijo que el alto clero demuestra su incongruencia con el Evangelio y la tradición católica, al desconocer el principio de la libertad de conciencia y hacer caso omiso al Código de Derecho Canónico.

CDD explicó que de acuerdo con esta ley interna, la religión católica reconoce que las mujeres enfrentan diversas circunstancias que las llevan a optar por un aborto, por lo que se han establecido atenuantes a la pena de excomunión para estos casos.

El Código de Derecho Canónico permite el aborto si la mujer es menor de 16 años, si actuó presionada por miedo, por necesidad, para evitar un grave daño, si ignoraba que infringía la ley, si actuó en legítima defensa, por violencia o de manera accidental, y si carece de razón o sufre alguna deficiencia mental.

Según la organización civil, las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, desde las diversas circunstancias en las que se encuentran, actúan en libertad de conciencia, puesto que la actual ley que permite el aborto en el Distrito Federal no obliga a nadie.

SAQUEN ROSARIO DE OVARIOSCatólicas por el Derecho a Decidir recordó que según datos de la Secretaría de Salud capitalina, desde 2007 –cuando se despenalizó el aborto en esta ciudad– a enero de 2013, el 82.6 por ciento de las mujeres que se practicaron una interrupción legal del embarazo eran católicas.

Además el 49.8 por ciento estaban casadas o vivían en unión libre, y 45.5 por ciento eran solteras, mientras que el 66.1 por ciento tenía por lo menos un hijo, y el 83.3 por ciento aceptó algún método anticonceptivo tras la intervención. Sólo el 2 por ciento recurrió a la interrupción legal del embarazo por segunda vez.

A propósito de que el 23 de abril se cumplieron siete años desde que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, CDD reiteró que el Derecho Canónico permite a las mujeres católicas recurrir a esta opción.

Asimismo Católicas por el Derecho a Decidir señaló que las reformas al Código Penal del DF “son humanitarias” porque respetan el valor de la vida de las mujeres; garantizan el derecho al ejercicio de su libertad de conciencia y regulan la objeción de conciencia para el personal de salud.

CDD sostuvo que también es una “ley justa” porque permite que todas las mujeres, independientemente de su situación económica, tengan acceso a los servicios de la interrupción legal del embarazo “con calidad y calidez”.

Añadió que es una norma “moderna” porque reconoce la autonomía y ciudadanía de las mujeres al permitirles ejercer su derecho a interrumpir un embarazo no deseado.

Indicó además que la ley es moderada porque permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación; es integral porque establece la educación sexual y la consejería para que las mujeres decidan si continúan el embarazo, recurren a la adopción o al aborto.