Declaración final del Foro Social Mundial Binacional de Tijuana 2015 (+ video)

Reunidos en la ciudad de Tijuana el 25 de junio de 2015, en el marco del Foro Social Mundial Binacional México – Estados Unidos, ciudadanas y ciudadanos de pueblos originarios, movimientos sociales, organizaciones de trabajadores, víctimas de violencia, personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas, personas del medio académico y estudiantes, manifestamos nuestra indignación y solidaridad con las compañeras y compañeros que luchan por sus derechos y el derecho a la verdad y la justicia en Ayotzinapa, Iguala y San Quintín; con los pueblos yaqui, triqui, otomíes, cucapá, kumiai y demás; con las víctimas de las violencias y de violaciones a los derechos humanos que siguen siendo invisibilizadas por el gobierno mexicano y con los miles de migrantes mexicanos y centroamericanos violentados en la búsqueda de una vida digna para ellos y sus familiares. No están solas ni solos, y desde la frontera haremos lo necesario para que logren sus justos anhelos.

Documentos de A los Cuatro Vientos

Por lo anterior, declaramos:

  1. Nuestra exigencia al Estado Mexicano para que reconozca los derechos laborales y ejecute políticas efectivas de combate a la precariedad del salario y la calidad y condiciones de trabajo digno, incorporando los estándares internacionales y el enfoque transversal y diferencial para la protección de las mujeres trabajadoras, la prevención del trabajo infantil y la protección de personas migrantes, pueblos originarios, personas con discapacidad, LGBTTTIQ, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
  2. Hacemos un enérgico llamado para que la lucha política pacífica y la organización de las personas trabajadoras no sean sujetas a criminalización ni a represión, y manifestamos nuestra solidaridad con los grupos, pueblos originarios y organizaciones que han sido violentados por defender sus derechos, en particular, con las y los compañeros jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín y con las tribus yaqui, otomís, cucapás y kumiai.
  3. Exigimos la emisión inmediata de leyes y medidas de amnistía para la liberación de las personas que luchan por los derechos de los pueblos originarios.
  4. Denunciamos la estrategia de separación, división y generación de conflictos al interior de comunidades y pueblos indígenas, promovida por agencias del gobierno federal mexicano.
  5. Exigimos que las tierras de las comunidades y pueblos indígenas y sus sitios sagrados sean respetados y no se vendan.
  6. Proclamamos el relanzamiento del Plan de Ayala para la protección de los derechos relacionados con la tierra y el trabajo rural.
  7. Aunque la migración es un derecho humano, muchas personas emigran cada año de manera forzada debido a la violencia criminal y a que sus derechos económicos, sociales y culturales (DESCA) no son respetados ni garantizados en sus lugares de origen. Por ello, exigimos que el Estado mexicano respete y haga respetar los derechos de las personas en sus comunidades de origen, que garanticen los DESCA para que el desarrollo se realice en sus pueblos, que se reconozca la existencia del fenómeno migratorio, tanto receptor como expulsor de trabajadoras y trabajadores migrantes, así como la creación de políticas públicas binacionales con enfoque diferencial y multicultural para garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes en los países receptores, de tránsito y expulsores.
  8. Enfatizamos la responsabilidad de los gobiernos de los Estados Unidos de América, de México y de Centroamérica en la violación de los derechos humanos y en la falta de garantías de protección a las personas migrantes, por lo que exigimos el cese de esta actuación y la reparación integral a las personas migrantes víctimas de violaciones a sus derechos.
  9. Exigimos que los medios de comunicación masiva de Norteamérica y de México se abstengan de difundir manifestaciones de racismo y discriminación en contra de las personas migrantes, así como de difundir informaciones que criminalizan la lucha por sus derechos humanos.
  10. Exigimos que los gobiernos de Estados Unidos y México respondan a los 4.6 millones de trabajadores del Programa Bracero (1942 – 1964), que demandan el pago del fondo de ahorro que se les debe y la restitución por los daños infligidos por sus omisiones durante décadas.
  11. Exigimos el respeto a los compromisos internacionales suscritos entre Estados Unidos y México para que el país tenga acceso al agua que legalmente le corresponde.
  12. Demandamos la prohibición de los trasvases de cuencas de agua, que vulneran los derechos ambientales de poblaciones enteras.
  13. La problemática medioambiental debe ser atendida mediante estrategias integrales en términos sociales, tecnológicos, económicos, educativos y normativos, que permitan instrumentar cambios de patrones de consumo en favor del medio ambiente. En particular, exigimos el mayor involucramiento de los gobiernos de los Estados Unidos y de México para garantizar la calidad del aire, el manejo limpio de residuos sólidos, el desarrollo de sistemas de transporte limpio y eficiente y el uso y administración del agua binacional como un derecho humano, ante las sequías que afectan la zona de las Californias.
  14. Denunciamos las violaciones a los derechos humanos de las comunidades y personas por la implementación de megaproyectos, tales como construcción de complejos turísticos, infraestructura hidráulica, construcción de carreteras, extracción de hidrocarburos mediante técnicas como el fracking y producción convencional de energías contaminantes, y exigimos su inmediata suspensión y reparación de los daños causados a la población.
  15. Hacemos un llamado a la comunidad científica y académica a que emprenda proyectos de investigación sobre métodos y técnicas alternativas verdaderamente sustentables de generación y producción de energía limpia, y hacemos un llamado a las comunidades y a las personas a defender los recursos naturales que compartimos.
  16. Exhortamos a las instituciones educativas a emprender un esfuerzo genuino por sensibilizar y vincular a docentes, investigadores y estudiantes, con las problemáticas que enfrentan las organizaciones de trabajadores y los ecosistemas, así como incorporar los derechos humanos, la educación ambiental y la perspectiva de género en sus programas.
  17. Proponemos implementar de manera efectiva la consulta pública, la iniciativa ciudadana, el plebiscito y el referéndum para el diseño y mejoramiento de las funciones de la administración pública, con el fin de que responda a las demandas de la población.
  18. Como principio de igualdad, demandamos establecer medidas legales para garantizar los matrimonios igualitarios y combatir la discriminación y la violencia por orientación sexual e identidad de género.
  19. Exigimos la rendición de cuentas a la población acerca del rendimiento real de las alertas de violencia de género del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que se emitan a la brevedad las alertas necesarias en zonas en las cuales la violencia contra las mujeres se ha intensificado.
  20. Demandamos a las instituciones públicas de protección de los derechos de las mujeres que se ciñan a los principios de laicidad, transparencia y autonomía, y que sus funcionarios y funcionarias cumplan con un perfil de conocimientos y aptitudes que garanticen la mayor efectividad de sus actuaciones.
  21. Reclamamos que se garantice efectivamente el derecho a decidir y la inmediata liberación de las mujeres que se encuentran en prisión en Baja California y en otros estados, por ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
  22. Asumimos el compromiso de impulsar una red de vinculación entre las personas y los grupos que trabajan en la región de las Californias, por la defensa y protección de los derechos humanos de las y los trabajadores migratorios, las mujeres y otros grupos vulnerables expuestos a la discriminación y a la violencia, favoreciendo la creación de directorios y redes de acción conjunta, manifestando el compromiso de no cesar en la construcción de un mundo mejor.

PARTICIPARON en el foro social mundial: Fidel Sánchez y Bonifacio Martínez, Voceros de los jornaleros agrícolas de San Quintín, autoridades de las tribus Yaqui con el Capitán César Vota al frente, guarijíos, triquis, otomíes, Hilda Hurtado de cucapás y Aurora y Yolanda Meza de kumiai; Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) con Sergio y Rogelio Méndez y Juan José Delgado; Adrián Mahonry de la Asociación Mexicana contra el Fracking, académicos e investigadoras-investigadores del Colef (Liz Maier, Ricardo Santés, Victor A. Espinoza, Christine Von Glascoe, Silvia Estrada), Jesús Román Calleros del Instituto de Investigaciones Agrícolas UABC, Gilberto Martínez de Casa del Migrante en Tijuana, Mary Galván de Casa Madre Assunta, Esmeralda Siu de la Coalición Pro Defensa del Migrante, Christian Ramírez de Alianza San Diego, Enrique Dávalos de Estudios Chicanos de San Diego City College, Rosa Martha Zárate de Alianza Ex Braceros del Norte, Meritxell Calderón de la Red. Iberoamericana pro Derechos Humanos, León Fierro de Mexicali por Ayotzinapa, Silvia Reséndiz, Témoc Ávila, César Angulo de Bionero, Eli Meliflua, Mtra. Rosario Mariñez de la UIA-Tijuana e Imelda Arellano, Luis Hernández Morales de la CCDH, Silvano Cantú, Mtra. Gloria Gracida, indígena mixteca y maestra berlingue y Prof. Guillermo Estrada, entre muchos más.