Baja California, infierno para las mujeres

«Las mujeres deberían evitar vestirse como putas para no ser violadas». Esa frase del sherif canadiense Michael Sanguinetti originó el, ahora, movimiento mundial llamado La Marcha de las Putas.

Néstor Cruz Tijerina / Reportaje / A los Cuatro Vientos

Recientemente sucedió en Tijuana y ahora se realizará en Ensenada. Será el próximo sábado 27 de junio, con punto de reunión en el Parque Revolución.

«En respuesta al policía canadiense y a lo que piensan muchos, hombres y mujeres, alrededor del mundo decidimos empezar a marchar usando el insulto como bandera para, primero, reclamar qye la sociedad deje de justificar, tolerar o minimizar los abusos sexuales y que dejen de culpar a las mujeres», comentó Miriam Cano, una de las organizadoras del evento.

La entrevistada comentó que otro de los objetivos es promover que las sobrevivientes de violencia sexual puedan hablar de lo que les sucedió sin ser juzgadas, y ayudarlas a sanar los daños.

«También queremos resignificar la palabra ´puta´ para quitarle el poder violento y que ya no pueda ser usada para dañar. Que se construya una sociedad de respeto entre todas las personas sin distinción de género, orientación sexual o estilo de vida», añadió.

La también comunicadora indicó que otro de los objetivos de su marcha será promover la educación no sexista, no sólo en las instituciones sino también en el hogar.

«Queremos mostrar qué estereotipos y roles de género nos fueron impuestos y derribarlos para construirnos como seres libres en una sociedad sin prejuicios», anotó la cuestionada.

La «Slut Walk» o Marcha de las Putas nació en el año 2011 luego de las declaraciones del policía canadiense mencionado. Actualmente se ha realizado en más de 200 países, y en el caso particular de Ensenada, al igual que sucedió con la manifestación de ciclistas semidesnudo celebrada recientemente, un grupo de la población se ha mostrado escandalizado por la palabra «puta», alegando falta de decencia y buenas costumbres.

Miriam Cano informó que desde marzo de este año el Gobierno del Estado tiene en su poder tiene un completo estudio que realizó el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), sobre la situación de las mujeres en Baja California. Hasta la fecha se espera la respuesta del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

A continuación, les presentamos algunos resultados del estudio, que pueden servir para dar un panorama general de la situación de las mujeres en el estado.

  1. Primera conclusión

MARCHA PUTAS NO DAMA

El grupo de trabajo detectó un vacío de información y contradicciones en los datos sobre violencia hacia las mujeres en Baja California, entre otras cosas, producto de la inexistencia de un sistema de información confiable que permita contar con las bases adecuadas para conocer, sistematizar y evaluar la situación de la violencia contra las mujeres en la entidad.

En consecuencia, se propone: Impulsar la aprobación de la reforma correspondiente de la Ley local de Acceso a fin de crear un Banco Estatal y determinar la autoridad que será competente de su manejo. La base de datos debe ser única, integrada y actualizada; debe contener todos los datos relacionados con casos de violencia contra las mujeres (tanto de víctimas como de agresores) y ser alimentada con la información de todas las instancias –estatales y municipales– involucradas en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, es necesario realizar acciones de coordinación con organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas que atiendan a mujeres víctimas de violencia. Además, debe garantizar la protección de datos personales y el acceso a la información pública. Dicha base de datos deberá proveer información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad, a fin de conocer sus tipos, modalidades y tendencias, y poder diseñar políticas públicas a nivel estatal y municipal en la materia.

  1. Segunda conclusión

El estado de Baja California informó al grupo de trabajo sobre la existencia del Programa de Atención y Prevención de la Violencia Familiar. Sin embargo, este programa no corresponde a su obligación emanada de la Ley local de Acceso y, además, es insuficiente para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los tipos y modalidades previstos por las leyes de la materia.

En consecuencia, se propone: Elaborar, publicar y difundir, en medios oficiales y de otra índole, el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

  1. Tercera conclusión: El estado de Baja California no cuenta con una ley de igualdad entre mujeres y hombres. Este instrumento es necesario para establecer los lineamientos y mecanismos institucionales dirigidos a promover y garantizar la igualdad sustantiva, de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. A pesar de que se han elaborado dos propuestas de esta legislación, ninguna ha sido aprobada por el Congreso local.

En consecuencia, se propone:Impulsar la aprobación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el estado de Baja California, en concordancia con los parámetros normativos previstos en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, promulgada en 2006.

  1. Cuarta conclusión: El grupo de trabajo observó que el Inmujer no cuenta con recursos humanos y financieros suficientes para el desempeño adecuado de sus atribuciones.

En consecuencia, se propone: Dotar al Inmujer de la estructura que requiere para el desarrollo de sus actividades: presupuesto y recursos humanos, materiales e institucionales para hacer una tarea eficiente.

  1. Quinta conclusión: El grupo de trabajo observó la inexistencia de una articulación entre las distintas instituciones encargadas de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. Especialmente, resulta preocupante la desarticulación entre las distintas Agencias Ministeriales de Homicidios Dolosos, Delitos Violentos, Delitos Sexuales, Violencia Familiar y Secuestros pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. Lo anterior, repercute en el registro de casos de feminicidios y desapariciones de mujeres, entre otros delitos, en la prevención e investigación de la violencia de género, así como la sanción de sus responsables.

En consecuencia, se propone: Crear Agencias especializadas en los delitos de feminicidio y desaparición de mujeres, así como tener Agencias especializadas separadas que investiguen los de delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas, y la violencia familiar. Diseñar mecanismos de articulación entre las distintas Agencias Ministeriales que atienden a mujeres víctimas de violencia, que incluyan aquellas encargadas de la investigación de otros delitos como lesiones que son cometidos contra mujeres en el ámbito no familiar, con la finalidad de registrar adecuadamente todos los tipos y modalidades de violencia, pero sobre todo que garanticen la debida diligencia en la prevención e investigación de todos los casos, con un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad.

MARCHA PUTAS PREJUICIO

  1. Sexta conclusión: Según reportó el Gobierno del Estado de Baja California, en la entidad existen diversas instancias que proporcionan atención a mujeres víctimas de violencia, como el Centro de Atención y Protección a la Familia, en Mexicali, y el Centro de Atención a la Mujer de Tijuana, ambos pertenecen al DIF. Sin embargo, sólo se cuenta con un albergue especializado para brindar protección a las mujeres y sus familias, el cual está a cargo de una organización de la sociedad civil (CAVIM). No obstante, la capacidad instalada de estos centros no logra cubrir la demanda existente. El grupo observó que el Centro de Atención a la Mujer de Tijuana requiere de mayor infraestructura, recursos humanos capacitados y presupuesto, a fin de lograr el objetivo para el cual fue creado. El grupo considera que esta iniciativa debe replicarse a nivel estatal, con presencia en todos los municipios. Asimismo, el grupo tuvo conocimiento de que existen otras instituciones que apoyan a las mujeres víctimas de violencia, como el Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia del DIF –Tijuana, y la Casa de Tránsito para Mujeres en Mexicali, las cuales presentan diversas carencias.

En consecuencia, se propone: Que el estado garantice la protección de las mujeres víctimas de violencia y sus familias, mediante la instalación de albergues o refugios a su cargo, junto con la creación del marco jurídico que regule su funcionamiento e incluya mecanismos de apoyo y evaluación de sus actividades. Proporcionar mayor apoyo para el fortalecimiento del Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia del DIF –Tijuana. Dar mayor impulso al proyecto de creación de la Casa de Tránsito para Mujeres en Tijuana. En ambos casos, se debe elaborar un plan de acción, que incluya la gestión de recursos que garantice su funcionamiento permanente. Crear un Centro de Justicia para las Mujeres que les ofrezca servicios integrales, con la finalidad de garantizar la atención descentralizada a mujeres. Asimismo, debe continuar y fortalecer los convenios de colaboración con las organizaciones que trabajan en materia de atención a las mujeres víctimas de violencia y sus familias.

  1. Séptima conclusión: El estado de Baja California no reportó la existencia de protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres. Aunado a ello y a pesar de la existencia de tipos penalesespecíficos, como el feminicidio y la desaparición de mujeres, existe desconocimiento de su aplicación práctica e integración de sus elementos típicos por parte de las autoridades encargadas de procuración de justicia, lo que impide su adecuada aplicación e invisibiliza estos delitos.

En consecuencia, se propone: Elaborar, publicar y difundir los Protocolos especializados en la investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas, del delito de feminicidio y de la desaparición de mujeres.

  1. Octava conclusión: El grupo de trabajo observó que en el estado de Baja California se dictan muy pocas órdenes de protección, ya sea porque las y los servidores públicos desconocen que cuentan con atribuciones para hacerlo o porque no conocen el procedimiento, el fundamento o los factores a considerar para su emisión. Además, no se cuenta con personal para su ejecución ni con un registro del número de órdenes de protección dictadas en favor de mujeres víctimas de violencia. También se observó que no existen protocolos o guías de actuación para atender casos en los que las mujeres se encuentran en peligro de violencia y dictar órdenes de protección. Tampoco existen análisis de riesgo.

En consecuencia, se propone:Capacitar en materia de órdenes de protección, a las y los servidores públicos encargados de su emisión e implementación, en todos los órdenes de gobierno. Elaborar, publicar y difundir el protocolo correspondiente para garantizar su adecuada instrumentación. Crear e implementar un mecanismo de evaluación y análisis del riesgo con perspectiva de género que retome los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres. Brindar el debido seguimiento de las medidas otorgadas a cada una de las víctimas y realizar revisiones periódicas sobre el estado de riesgo y la idoneidad de continuar o modificar las medidas de protección implementadas. Crear un registro administrativo de todas las órdenes de protección dictadas por las autoridades competentes, desagregado con variables sociodemográficas de identificación de las víctimas, así como variables de identificación de la autoridad que dictó la orden.

  1. Novena conclusión: El grupo de trabajo percibe que los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia no son suficientes, eficientes y eficaces, así como las instancias que los proporcionan no cuentan con las herramientas para brindarlos bajo los principios de igualdad y no discriminación. El estado no refirió algún modelo específico que estuviera implementando; sin embargo, organizaciones de la sociedad civil nos proporcionaron una copia del Modelo de Atención de la Violencia contra las Mujeres para el Estado de Baja California 2014 (elaborado en el marco del Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas 2014).

En consecuencia, se propone: Institucionalizar y difundir el Modelo existente a fin de que las servidoras y servidores públicos que proporcionan atención a las mujeres víctimas de violencia tengan conocimiento del mismo, de los servicios integrales especializados que tienen obligación de brindar, instrumenten la coordinación interinstitucional para garantizar el acceso a dichos servicios y promuevan el empoderamiento de las mujeres.

  1. Décima conclusión: Las y los prestadores de servicios de salud son el primer contacto con mujeres que sufren violencia aguda o crónica, ya sea en los servicios de urgencias, consulta general y especializada, en la modalidad de lesiones o enfermedades crónicas. Por ello, los servicios de salud son idóneos para la detección y tratamiento oportuno de la violencia. México cuenta para ello con la NOM-046 de observancia obligatoria. Durante las visitas in situ se documentó que el personal que atiende el servicio de gineco-obstetricia y de urgencias no se encuentra adecuadamente capacitado para el cumplimiento de la NOM referida, ya que no realiza detecciones ni referencias oportunas a los servicios especializados para este fin y se ha convertido en perpetrador de violencia obstétrica: reprimendas injustificadas, humillaciones por las características sociodemográficas de las pacientes y tratos irrespetuosos. Por otro lado, el grupo considera que la presunción del ocultamiento de muertes maternas por el Sector Salud estatal y la dilación en la investigación de las muertes que resultan sospechosas en su diagnóstico para la DGIS, constituyen violaciones a los derechos de las mujeres.

En consecuencia, se propone: Realizar programas de capacitación en la aplicación de la NOM-046, en materia de derechos humanos y derechos de las usuarias, con un enfoque de género e interculturalidad, dirigido a las y los prestadores de servicios de salud de urgencias y de gineco-obstetricia, particularmente dirigidos al personal médico y de enfermería que está en contacto directo con las usuarias. El objetivo es que este personal desarrolle las habilidades y competencias necesarias para la aplicación de la NOM-046 y asegurar un trato respetuoso, competente culturalmente y apegado a los derechos de las pacientes. Dichos programas deben especificar los mecanismos de seguimiento, evaluación y certificación del personal. Por otro lado, es fundamental el cumplimiento de la normatividad que establece la obligatoriedad del envío de la documentación necesaria para descartar muertes sospechosas por maternidad.

MARCHA PUTAS ACOSO SEXUAL

  1. Décima primera conclusión: El grupo detectó que la policía municipal y estatal incurren en omisiones graves y prácticas discriminatorias hacia las mujeres, lo que refleja una notoria falta de sensibilidad sobre la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida, así como la deficiente contención que reciben en una ocupación expuesta frecuentemente a riesgos físicos y emocionales extremos.

En consecuencia, se propone: Realizar programas de capacitación permanente para el personal operativo de la Policía Municipal y Estatal en materia derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad. Desarrollar un programa de contención para el personal mencionado, con la asesoría de especialistas, que incluya talleres para el manejo de emociones y la solución de conflictos.

  1. Décima segunda conclusión: El grupo de trabajo observa que existe un desconocimiento de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, género y derechos de las mujeres, para garantizar su acceso a la justicia y un trato respetuoso y digno.

En consecuencia, se propone: Impartir, de manera continua, capacitaciones especializadas en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres, con un enfoque de género e interculturalidad, dirigidas a todas las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en la entidad. Las capacitaciones deben estar diseñadas con un fuerte componente práctico aplicado a sus funciones, así como contar con mecanismos de supervisión, evaluación y certificación permanentes que permitan medir su impacto real.

  1. Décima tercera conclusión: El grupo observa que las campañas de prevención en el estado de Baja California no cuentan con una estrategia de comunicación social a largo plazo. Se requiere mayor difusión y permanencia para garantizar su eficacia, y que sean dirigidas no sólo a mujeres, sino también a hombres. Aunado a lo anterior, las campañas no han sido dirigidas específicamente a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad: pertenecientes a la comunidad homosexual o transexual, indígenas, migrantes, jornaleras,obreras de la maquila, trabajadoras sexuales.

En consecuencia, se propone: Generar campañas permanentes, hacia hombres y mujeres, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, con el propósito de visibilizar e identificar los tipos y modalidades de violencia, así como dar a conocer los derechos de las mujeres y las instancias a las que pueden acudir para hacerlos valer. Aunado a lo anterior, deben llevarse a cabo campañas de prevención de la violencia contra las mujeres, focalizadas a los grupos en situación de vulnerabilidad ya mencionados, con un enfoque de derechos humanos e interculturalidad. Para tales fines, se sugiere establecer una relación estratégica con organizaciones de la sociedad civil o de instancias gubernamentales que tienen trabajo con estos grupos.

  1. Décima cuarta conclusión: El grupo identificó que existe un programa de atención y reeducación para hombres que cometieron determinados delitos violentos y que se encuentran en los sistemas penitenciarios. En este sentido, considera que es urgente la creación de un programa específico para la población masculina, que no se limite al contexto penitenciario ni a la comisión de un delito violento.

En consecuencia, se propone: Crear programas de reeducación a hombres generadores de distintos tipos y modalidades de violencia, basados en un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad. Esto significa abordar temáticas tales como nuevas masculinidades, paternidad responsable, micromachismos, diversidad sexual y homofobia, derechos de las mujeres, manejo de las emociones y resolución pacífica de conflictos. El grupo considera que es necesario, además, canalizar esfuerzos a la sensibilización y reeducación de la población masculina que por sus características sociodemográficas suele estar marginada de estas iniciativas.

El presente informe fue votado por unanimidad por María Guadalupe Díaz Estrada, representante del Inmujeres, Guadalupe Anel Liliana Ortega Moreno, representante de la Conavim, Ricardo Soto Ramírez, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Silvia López Estrada y Marlene Celia Solís Pérez, representantes de El Colegio de la Frontera Norte, María Graciela Freyermuth Enciso, representante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Marta W. Torres Falcón, representante de la Universidad Autónoma Metropolitana, y Rosa María Aguilar Ramírez, representante del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California.