Matrimonio igualitario

«No más violencia por la diferencia”, lema de batalla.

En Baja California, Fernando Urías y Víctor Aguirre, primer matrimonio entre personas del mismo sexo, anunciaron que presentarán una iniciativa ciudadana para modificar la Carta Magna del estado y hacer la boda igualitaria una realdad legal.

También con el apoyo del abogado José Luis Márquez, de Mexicali, crearán una asociación civil que asesore a parejas del mismo sexo que busquen unir su vida por la vía legal.

Luis Alfredo Uranga López/ A los Cuatro Vientos

Chihuahua, Chih.- Con la Constitución mexicana bajo un brazo y ondeando la bandera arcoíris en el otro, la comunidad gay (LGBTTI) obtuvo una victoria temporal contra el sector ultraconservador de la sociedad chihuahuense, tras lograr que el juez federal Ignacio Cuenca Zamora, aceptara el amparo que declara inconstitucionales los artículos 134 y 135 del Código Civil del Estado, por discriminación a las parejas homosexuales, porque establecen que el matrimonio sólo debe ser “entre un hombre y una mujer con fines de procreación”.

El juez ordenó publicar en el Periódico Oficial del Estado un extracto del juicio de amparo 783/2014 del Juzgado Octavo de Distrito, e indicó que el Congreso local debe reformar los artículos inconstitucionales de los códigos Civil y Familiar.

En agosto próximo, ambos códigos deben ser reformados para dar paso a nuevas formas de convenio conyugal,  tema polémico en el que nunca se alcanza el acuerdo del conjunto de la sociedad.

El fallo del juez tiene como antecedente los amparos interpuestos por 32 parejas gay en Chihuahua y Ciudad Juárez, de mayo del 2012 a la fecha.

El gobernador César Duarte Jáquez, se comprometió a respetar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Congreso del Estado, en relación al matrimonio igualitario.

“La reforma es inminente. Si el Congreso no incluye al matrimonio igualitario, estaría entrando en desacato de una orden de la Suprema Corte y tendríamos que impugnar el Código completo,” aseveró el mandatario.

Recién se dio a conocer esta sentencia judicial -en febrero de 2015-, la controversia envolvió a la sociedad chihuahuense. Surgieron voces de grupos ultraconservadores que se oponen terminantemente a esta resolución, empezando por la Iglesia Católica, el Partido Acción Nacional y sus legisladores en el Congreso local, así como un grupo de familias de clase alta, miembros del llamado Foro de Periodistas, A.C. y directivos de periódicos impresos y digitales.

Luís Villegas Montes, magistrado, anticipó que el poder judicial de Chihuahua está analizando el dictamen federal. Una de sus conclusiones, dijo, es que la figura del matrimonio quedaría intacta, por lo que se buscará un nuevo modelo para este tipo de relaciones.

“Es absurdo que a partir de casos excepcionales o de minoría se pretenda establecer parámetros generales”, expresó el magistrado y puso como ejemplo el matrimonio y el concubinato, aseverando que el primero es vínculo formal y el segundo vínculo de hecho. Así lo dijo: “las personas del mismo sexo que pretendan constituir una unión, deben tener una figura específica que lo regule con esas características”.

Ardua lucha

BODA GAY CHIHUAHUA
Marco Villaseñor Quiroz y Jaime Gándara Salcido, primera boda homosexual en Chiuhuahua, capital (Foto: El Diario de Chihuahua).

Tres organizaciones interpusieron esta controversia de ley, a favor del matrimonio igualitario.

Los principales promotores han sido el abogado Hiram González, de la asociación Cheros, A.C. (Centro Humanístico de Estudios Relacionados a la Orientación Sexual); Joal Galván, coordinador General De MovID (Movimiento por la Integración de la Diversidad); Nasho Díaz, Coordinador de MovID en Cd Juárez, y el jurista Alex Méndez Díaz, quien interpuso los amparos ante los juzgados federales.

En dichos amparos, consideran un acto discriminatorio que la ley estatal rechace su derecho a contraer matrimonio vulnerado los artículos 1º y 4º  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 1º y 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Se han presentado 15 amparos; nueve de ellos por MovID en Cd Juárez y uno colectivo por Cheros, A.C.

Joal Galván Ortiz informó que 207 personas homosexuales promoverán un amparo colectivo para buscar casarse a futuro; algunas realizaron dicho trámite individualmente, sin tener pareja aún, previendo que para cuando deseen unirse en matrimonio ya tengan el proceso federal realizado.

En mayo del 2012 se emplazó el primer amparo colectivo que reunió a 32 parejas gay, presentadas como amparos individuales en paquete, de Chihuahua y Ciudad Juárez. El procedimiento fue ganado en noviembre de 2014 y tres meses después se presentaron 26 demandas y 27 solicitudes de amparo de parejas de todo el estado, junto con la primera solicitud de adopción.

Los primeros cinco amparos ganados fueron cuatro de hombres y uno de mujeres. Dos de ciudad Juárez y tres de Chihuahua.

Inicialmente fueron hombres homosexuales quienes tramitaron solicitudes de matrimonio, ahora el 70% de las solicitudes son de mujeres lesbianas. Los actuales solicitantes son de Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Camargo.

El estado con más bodas gay

Eduardo Piñón y Julio Salazar, primer matrimonio homosexual en ciudad Juárez (Foto: El  Independiente).
Eduardo Piñón y Julio Salazar, primer matrimonio homosexual en ciudad Juárez (Foto: El Independiente).

Chihuahua es, a la fecha, el estado con más amparos ganados por homosexuales y con más matrimonios celebrados. Otra conquista del movimiento gay, es la reducción en los tiempos de espera para las resoluciones. Al inicio tardaban dos años, ahora sólo siete meses.

Argumento central del movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTTTI), es la discriminación anticonstitucional de que son objeto por su preferencia sexual. Exigen se reconozca su derecho a contraer matrimonio en igualdad de circunstancias que las personas heterosexuales.

Refieren que el artículo 134 del Código Civil del Estado, que define al matrimonio como el “acuerdo de voluntades entre un hombre y una mujer”, y numeral 135, el cual indica que “cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie se tendrá por no puesta”; son inconstitucionales porque los discrimina en razón de su preferencia sexual, categoría protegida por el artículo 1º de la Constitución federal.

Además, enfatizan, esas normas violentan los derechos de las familias homoparentales, contrariando el artículo 4º constitucional.

El Congreso de la Unión reformó, en 2011, el artículo primero constitucional que establece: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Hiram González precisó: “Se transformó lo que son las Garantías Individuales en Derechos Humanos y tenemos derecho a formar familia y al libre desarrollo de la personalidad”.

Sus argumentos:

* Los artículos 134 y 135 del Código Civil Familiar son discriminatorios no sólo para familias lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales de Chihuahua, sino también para familias que no son nucleares, las familias monoparentales que llaman minoría.

* La definición de matrimonio en ambos artículos, incluye únicamente a parejas heterosexuales que tienen la intención de procrear.

* Si bien el artículo 4º constitucional ordena la protección de la familia sin mayor especificación, la SCJN ha precisado el alcance de este mandato constitucional. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, a partir de una interpretación evolutiva del artículo 4º constitucional, sostuvo que dicho precepto no alude a un «modelo de familia ideal» que tenga como presupuesto al matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea la procreación.

* Después de la reforma constitucional de 2011, el concepto de familia alcanza definición universal e incluye a la familia homoparental. 

* La protección de la familia que ordena la Constitución, no se refiere exclusivamente a la familia nuclear vinculada al matrimonio: padre, madre e hijos biológicos. Ahora el artículo primero consagra que todo ciudadano mexicano tiene todos los derechos y prohíbe la discriminación por orientación sexual.

* El artículo 4° garantiza el derecho de las personas, de acuerdo al libre desarrollo de su personalidad, a elegir con quien casarse y formar una familia. La Constitución tutela a la familia entendida como realidad social.

Esta protección debe cubrir todas sus formas existentes en la sociedad: familias compuestas por padres e hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan a través del matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por una sola cabeza, padre o madre soltera (sea por viudez, divorcio o nunca haber contraído matrimonio) y los hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; y también familias homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos.

Hiram González va más allá, afirma que los códigos legales como el de Chihuahua fomentan la discriminación.

En la experiencia de los matrimonios LGBTTTI ya oficializados, al realizar los trámites para obtener crédito conyugal INFONAVIT, visa láser o para registrar a la pareja en el IMSS para que reciba servicio médico, se aceptan ya las actas matrimoniales.

Oaxaca, la vanguardia.

LESBIANAS BESO ARCOIRIS
Foto: sdpnoticias

Esta revolución civil en defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI, tiene antecedentes directos primero en el Distrito Federal y después en Coahuila, donde se legalizó el llamado “matrimonio igualitario”. Pero el movimiento considera a Oaxaca como punta de lanza, porque ahí interpusieron y ganaron los primeros amparos contra su legislación estatal, reclamando directamente el derecho al matrimonio.

Los jóvenes de Oaxaca, para casarse legalmente tenían que viajar a la ciudad de México, donde los trámites duraban hasta 21 días. Los gastos del viaje y el tiempo invertido generaron inconformidad. “¿Por qué tener un papel del DF, cuando pagamos impuestos en Oaxaca?”, se preguntaron. Y presentaron los tres primeros amparos, ganados en Oaxaca con asesoría del abogado Alex Méndez. Fue tan grande el impacto nacional que establecieron las bases para que otros cinco estados, incluidos Chihuahua y Baja California, iniciaran el “Movimiento Igualitario en México”.

En Chihuahua, el entonces diputado perredista Víctor Quintana presentó al Congreso del Estado una iniciativa de ley que contemplara los “Pactos de Solidaridad”, “Enlaces Conyugales” o “Sociedades de Convivencia”, que son distintas figuras legales para reconocer las relaciones homoparentales. La iniciativa fue “enviada a la congeladora”, provocando mayor malestar en la comunidad gay.

En diciembre de 2012 diferentes grupos pro-derechos de los homosexuales fueron convocados por Cheros y MovID para analizar esa iniciativa. Concluyeron que se les hizo un favor al haberla “congelado”, porque esas figuras legales “lejos de garantizarnos los derechos nos los quita, ya que nos niegan, por ejemplo, derechos de adopción”.

Hiram concluyó: “No queremos que se llame distinto a lo que no es distinto. Es un matrimonio”. 

ALFREDO URANGA LOPEZ* Alfredo Uranga López. Periodista. Estudió la Licenciatura en Letras Españolas, graduado con mención honorífica en la Universidad Autónoma de Chihuahua.