La defensa de los derechos universitarios

Los días 2 y 3 de junio se desarrolló en Madrid la reunión binacional entre la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios de España y la Red de Defensorías de Derechos Universitarios de México. En años anteriores se habían venido estableciendo fuertes vínculos entre organismos similares de ambos países.

Víctor Orozco* / A los Cuatro Vientos

Ahora, el objetivo primordial de la reunión fue dar un paso firme hacia la constitución de una asociación iberoamericana, en la cual se agrupen los diversos organismos dedicados a la defensa de los derechos de docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores administrativos en las instituciones de educación superior. Se culminó con la firma de una carta de intención y la formación de una comisión coordinadora para continuar las tareas y diseñar una ruta de trabajo.

Algún lector se preguntará ¿Para qué la existencia de estas defensorías en el seno de las universidades? Antes de responder, diré que con variantes, el modelo de este tipo de instrumentos ha sido adoptado en todos los países, aunque su implantación no ha corrido con la misma suerte en cada una de las casas de estudio. Usualmente las grandes universidades europeas y norteamericanas poseen un cierto tipo de organismo de protección de los derechos de sus miembros.  En México, a raíz del movimiento estudiantil de 1985 se formó en la UNAM la primer defensoría, cuyos primeros 30 años ahora celebramos, incluyendo en los festejos un billete conmemorativo de la lotería nacional. Desde entonces 20 más se han instalado en otras tantas instituciones, casi todas ellas públicas.

Abundando en la cuestión planteada, debemos pensar que en las instituciones de educación superior confluyen propósitos estatales, sociales, individuales y cumplen una multiplicidad de funciones. Conservan, renuevan, producen, enseñan y difunden conocimientos. Son vitales para el despliegue de las identidades culturales e históricas de cada sociedad y sin ellas, ninguna de éstas podría subsistir en el largo plazo. Además, estas ingentes labores o misiones como se les ha dado en llamar, deben estar amparadas dentro de un espacio que les brinde libertad y autonomía. Son incompatibles con los dictados, la prevalencia de dogmas o criterios ajenos a la racionalidad. 

En estos centros, conviven en un complejo de relaciones miles o decenas de miles de personas, conducidas allí para investigar, enseñar, aprender y organizar o administrar los recursos disponibles. Cada uno de estos hombres o mujeres, posee derechos, unos de carácter general y otros derivados de su estatus particular como estudiantes o académicos. Son adicionales a los que les pertenecen en su carácter de ciudadanos o trabajadores, protegidos por las leyes civiles, políticas o laborales. La gama de ejemplos que pueden exponerse es amplísima, pero consideremos dos muy simples.  Pensemos que a un estudiante se le evalúa de manera arbitraria por el docente, sin atender a los exámenes a los cuales ha sido sometido o bien, se le niega la calificación o la posibilidad de inconformarse con la misma e impugnarla. O, que es víctima de acoso, abusos o discriminaciones por razones de género, étnicas, religiosas o de preferencias sexuales. Consideremos ahora el caso de un docente o investigador que no le es grato a la autoridad en turno y es constantemente hostigado e incluso despedido o expulsado de la institución. Las causas de la animadversión pueden venir de la contraposición de opiniones, en los ámbitos de la política o la filosofía, de  las rivalidades científicas o académicas y aún de las envidias. O el acto de autoridad, puede ser simplemente arbitrario, tan sólo porque se tiene la capacidad de decisión y ejecución.

Cuando se producen estos eventos, el alumno o el profesor, se enfrentan a una estructura burocrática con mucha frecuencia inamovible e insensible, que opera haciendo valer a toda costa el principio de autoridad. Al maestro que dice: «Ya lo dije y si me equivoqué en la calificación pues ni modo», al funcionario que se planta en su determinación: «Esta persona queda fuera, porque así está decidido». No importa que el primero pierda la beca indispensable para continuar sus estudios o que el segundo cancele un proyecto de vida o se le mande al ostracismo y al desempleo.

DEFENSORIA DERECHOS UNIVERSITARIOS

La función de las defensoría, no es, por supuesto, aprobar al estudiante o impedir a toda costa la sanción extrema aplicada al profesor, sino cuidar que cada uno de ellos hayan tenido la oportunidad de mostrar sus pruebas y alegar en su descarga. ¿Qué tal si el estudiante es capaz de exhibir ante una comisión de profesores un trabajo de excelencia realizado en el curso? ¿Y que el maestro expulsado lo fue porque mantuvo una opinión divergente a la sustentada por la autoridad o por un equívoco de ésta? Si no se produce la intervención de un organismo defensor interno, lo más probable es que ambos, estudiante y profesor, se queden con su agravio, fuera de la institución y víctimas de un acto de autoridad discrecional o arbitrario.

Es posible razonar que los universitarios afectados en sus derechos tienen los instrumentos de defensa y reparación que las leyes generales prevén para todos los ciudadanos. Pueden, así, acudir ante los tribunales federales en demanda de amparo o ante los laborales si han sido despedidos de su trabajo. Desde luego que tienen  expeditas estas vías. Sin embargo, la existencia de éstas o su ejercicio, lejos de ser incompatibles con los recursos y garantías establecidas por las legislaciones internas de las casas de estudios, se complementan. Si se suprimen o se violentan estas últimas, suceden entre muchos otros, dos efectos perniciosos: ambos, estudiantes y académicos, es casi seguro que se vean enfrentados a situaciones dónde ya es imposible recuperar sus derechos. El alumno, porque perdió el semestre, quizá la beca y aún la posibilidad de continuar sus estudios. El profesor, porque en el mar de expedientes laborales de las juntas de conciliación y arbitraje, verá el suyo, con sus consideraciones académicas, sobre la libertad de cátedra o similares  bregar entre los vericuetos legales durante años.

Todas estas razones que se ponen de manifiesto en los ejemplos enunciados, constituyen el leit motiv de las defensorias de los derechos universitarios. Son organismos que atienden quejas de muy diversa índole, cuyas resoluciones carecen de fuerza vinculante o ejecutiva, es decir, son recomendaciones dirigidas a las autoridades señaladas como responsables o que pueden hacerlas cumplir. Su poder radica en el apego a la legalidad interna de las instituciones y en la independencia de criterio, autonomía e imparcialidad con los cuales se conduzcan sus titulares. Lo peor que puede sucederles, es que éstos se conviertan en subordinados  y meras pantallas institucionales.

Dicho lo anterior, son comprensibles y alentadores estos esfuerzos organizativos nacionales y mundiales, para fortalecer el trabajo de las defensorías de los derechos universitarios. Se han convertido en importantes factores de equilibrio al interior de las Casas de Estudios, que compensan y buscan contrarrestar esta tendencia innata de quienes ocupan las posiciones de autoridad a ejercer ésta más allá de sus atribuciones legales o hacerlo de manera abusiva y caprichosa. Como se habrá advertido, la defensa de los derechos de los integrantes de las comunidades universitarias, va mucho más allá de los intereses personales o individuales y trasciende a los colectivos, representados en tareas claves desempeñadas por las instituciones de educación superior.

Las relaciones entre los pueblos y los países, deben involucrar además de los gobiernos, a organismos sociales o políticos de variada contextura y objetivos. La historia enseña que de estos intercambios y esfuerzos comunes, han nacido transformaciones benéficas para las sociedades. No de otra manera puede explicarse la extensión de los derechos sociales y  colectivos, como las jornadas máximas de trabajo, la seguridad social, incomprensibles sin la acción de las internacionales obreras. Por otra parte,  la transmisión de experiencias, saberes, buenas prácticas, enriquece y hace más eficiente la labor de individuos y entidades. Es el caso que ahora nos ocupa. Esperemos que en los próximos años, veamos constituida, actuante e influyente, a una Organización Iberoamericana de Defensorías de los Derechos Universitarios, que agrupa a instituciones con historias y problemas similares. En un punto, las españolas han avanzado más que sus pares mexicanas: su instalación en las universidades es obligada por una ley general. En México, dado nuestro sistema federal, deberá establecerse este deber en la Constitución. Así lo ha demandado la REDDU y esperemos que alcance el objetivo.

VICTOR OROZCO* Víctor Orozco. Historiador. Licenciado en Derecho. Académico y Defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), laureado con la medalla al mérito cultural Hugo Rascón Banda.