SEGOB pagará 14 millones a dueño de mercado para liberar a 14 indígenas

El gobierno federal pagará en los próximos días 14 millones de pesos por concepto de indemnización al propietario del Mercado El Reloj, del poblado Camalú, que el 17 de marzo fue saqueado tras el estallamiento del paro general de labores de miles de jornaleros agrícolas del valle de San Quintín.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos / La Jornada BC / Fotos: Reberto Armocida, La Jornada BC

Ensenada, 8 de junio de 2015.- Con esto se abrirá en definitiva  la puerta para que los últimos 14 indígenas detenidos con relación a esos hechos y a quien la Procuraduría General de Justicia del Estado les imputó el delito de robo calificado en lugar cerrado, con pena máxima de 11 años de cárcel y sin derecho a libertad bajo fianza, queden libres en los próximos 15 a 20 días.

Vanesa Berrelleza, esposa de Abraham Soto -uno de los detenidos-, así como fuentes del Ministerio Público del Fuero Común del gobierno del estado, la Secretaría de Gobernación (Segob) y abogados defensores de los 14 presos, confirmaron lo anterior.

Informaron que originalmente Basilio Hernández, dueño del comercio vandalizado por nueve horas en el poblado Camalú sin que la policía respondiera a sus múltiples llamadas de auxilio, petición que incluyó al ejército mexicano destacado en San Quintín, pedía la reposición de daños por 25 millones de pesos para otorgar el perdón a los indígenas.

En reuniones privadas con autoridades estatales y federales, el comerciante, de 79 años, finalmente accedió a recibir 14 millones de pesos de indemnización, por lo que asesores del licenciado Luis Enrique Miranda, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, informaron a nueve esposas de otros tantos indígenas detenidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ensenada, que en breve se pagará esa cantidad para que el comerciante otorgue el perdón a los presos.

El aviso del acuerdo lo recibieron las mujeres –algunas de ellas cargando en brazos a niños menores de tres años- el jueves 4 de junio, casi al término de la mesa de diálogo que ese día reunió a las autoridades, agroempresarios y trabajadores del campo en San Quintín, y que concluyó con un aumento histórico en materia salarial y laboral para los jornaleros.

– “El gobierno federal se hará cargo de pagar los daños al dueño del mercado para que salgan libres. Nos dijeron que se tiene que reparar el daño la semana que entra. Son muchos millones de pesos los que piden de indemnización pero Gobernación nos dio su palabra de que pagará”, manifestó Vanesa Berrelleza.

JORNALERO DETENIDO

– ¿El gobierno pagará sólo en el caso de las nueve mujeres que entraron a recibir la información, o es para todos?

“Para todos, para los 14 presos”, indicó otra de las mujeres que recibió la noticia cerca de las 17.30 horas del 4 de junio.

– ¿Quién les dio esa información? ¿No saben si se reclasificará el delito que se atribuye a sus familiares?

“Desconozco el nombre de la persona que nos dio los datos pero es de la Secretaría de Gobernación. Así se identificó. Nos dijo que saldrán libres de toda culpa”.

Al decir eso, el rostro de las nueve mujeres indígenas se iluminó con una amplia y franca sonrisa, escena que contrastó con el doloroso encuentro que horas antes sostuvieron con el sacerdote católico Alejandro Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos 2012 y defensor en México de los derechos de los migrantes centro y sudamericanos en su paso hacia los Estados Unidos, quien en la colonia triqui San Juan Copala, delegación Vicente Guerrero, las reconfortó y lanzó plegarias para la pronta liberación de sus familiares.

– ¿Cómo han enfrentado estos dos meses y medio sin sus familiares, que en su mayoría son los que trabajan para cubrir las necesidades de la casa?

“Gente de la comunidad y la Alianza (de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social), y también de otras partes de Ensenada, nos ayudan con dinero y comida, pero los gastos y las incomodidades han sido muchas porque hemos tenido que viajar muchas veces a Ensenada para verlos (a los detenidos)”, contestó Berreleza, madre de un niño de 1 año.

JORNALERO DETENIDO PEPOS

Con la información que dieron las nueve mujeres, se investigó el viernes 5 y el sábado 6 de junio para conocer detalles del acuerdo con el comerciante. Así, se supo que la negociación con Basilio Hernández la encabezó el gobierno del estado y que la indemnización la pagará la Segob  entre el lunes 8 y el viernes 12 de junio.

La libertad de los presos ocurrirá 7 u 10 días después, luego de que el comerciante otorgue el perdón a los acusados para lo cual retirará la querella por robo calificado en lugar cerrado que presentó ante el ministerio público, y que hoy se ventila en el Juzgado Tercero de lo Penal en la ciudad de Ensenada.

El Código Penal del Estado de Baja California determina en el artículo 208 que el robo calificado en su modalidad “lugar cerrado”, uno de los ocho tipos que contempla, se castiga con la misma pena del robo con violencia (artículo 203), que aumenta de cinco a seis años la pena de cárcel para el infractor.

Así, a la sanción de uno a cinco años que se impone a quien comete el delito de “robo simple” (artículo 198 del Código Penal), que alcanza libertad bajo caución para el presunto delincuente, se suman de uno a cinco años más de cárcel por lo que el procesado no alcanza el privilegio de la fianza.

Los defensores de los 14 jornaleros habían solicitado al Ministerio Público y al juez de la causa que reclasificaran el delito. Esto porque la acusación tenía como base la versión de la policía municipal de Camalú que el día de los hechos no estuvo presente en la población ni intervino en la detención de los incriminados, quienes fueron detenidos por decenas de residentes de la comunidad la noche del 17 y la madrugada del 18 de marzo.

Los abogados esperaban que sería luego del 7 de junio cuando se decidiría el futuro de sus representados y que en el inter deberían quedar resueltos tres incidentes judiciales: un juicio de amparo, la apelación de la sentencia de auto de formal prisión en el Tribunal de Justicia del Estado y el desahogo de testimonio a 14 testigos.