Hasta la Suprema Corte de Justicia, la disputa territorial Rosarito-Ensenada

La batalla por la posesión de un territorio de 16 mil 800 hectáreas que anualmente genera ingresos por 100 millones de pesos a los gobiernos municipales de Ensenada o Playas de Rosarito, no concluirá en julio próximo cuando el Congreso de Baja California dictamine los límites oficiales de ambos municipios, pues el ayuntamiento perdedor acudirá al arbitraje definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos / La jornada BC / Foto portada: Frontera

El territorio en disputa contiene asentamientos humanos como Alisitos, la Misión, La Fonda, Santa Anita, Fraccionamiento Puente San Miguel, la comunidad indígena San José de la Zorra y la Misión San Miguel, en donde viven alrededor de 6 mil personas, incluidos 2 mil 500 estadounidenses pensionados, según un censo del XX Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

Silvano Abarca, alcalde de Playas de Rosarito, afirma que el limítrofe de este municipio con Ensenada se encuentra en el puente La Misión, en el kilómetro 64 de la carretera libre.

Gilberto Hirata, alcalde ensenadense, asevera que existe un grave error en el decreto que da origen a la fundación de Playas de Rosarito.

Explicó: cuando se crea la Ley Orgánica del Estado (1989), el área de Tijuana era de mil 584.4 kilómetros cuadrados. Posteriormente, Tijuana otorga 513 kilómetros cuadrados para la creación del quinto municipio. No obstante, en la operación matemática, si se resta el área de Rosarito a la de Tijuana, el resultado es de 168 kilómetros menos que los que oficialmente tiene la ciudad fronteriza.

Esa área es de Ensenada, afirma Hirata. Y Rosarito termina en el kilómetro 53 de la carretera libre.

El gobierno ensenadense se propone atacar “el fondo del conflicto entre ambos municipios”: solicitará a la SCJN la cancelación definitiva del Decreto 166 que aprobó la XIV Legislatura de Baja California, en julio de 1995 para dar origen al municipio rosaritense.

Esta estrategia jurídica la reveló Miguel Arregui Ibarra, ex presidente del Colegio de Abogados de Ensenada, organismo adherido al Grupo Interdisciplinario de Trabajo (GIT) que se ocupa de la conservación del patrimonio territorial del municipio.

ROSARITO LIMITES ENSENADA

Y tiene sustento. La SCJN ya resolvió dos controversias constitucionales a favor de municipios que pidieron cancelar decretos legislativos, en temas de invasión territorial, tal y como hoy lo considera Ensenada en su discrepancia con Playas de Rosarito: la número 117/2011 (Jaltenco contra Nextlalpan y Zumpango, del estado de México); y la 131/2006 (San Miguel el Alto contra Capilla de Guadalupe, Jalisco).

“Definitivamente atacaremos todo el decreto. No se puede sólo remendar”, manifestó Arregui.

Playas de Rosarito también considera que tiene la razón jurídica. El pasado 15 de mayo su grupo de defensa territorial- el Comité Pro Municipio- solicitó al Congreso del Estado que a la brevedad solucione la controversia entre ambos municipios; asimismo, encabezó una manifestación de apoyo al ayuntamiento que preside Silvano Abarca Macklis.

“Buscaremos la ratificación de los límites territoriales; Playas de Rosarito se quedará con sus 513 kilómetros cuadrados que le pertenecen y nadie lo va a poder cambiar, por eso debemos estar unidos para defender nuestro territorio”, dijo Abarca.

Miguel Ángel Lazcano, presidente del Comité Pro Municipio, estimó que el ayuntamiento que pierda disminuirá  un 33 sus participaciones federales por la reducción de su territorio.

A su vez el síndico de Playas de Rosarito, Tomás de la Rosa, señaló:

– “No tenemos que ceder ni un centímetro de nuestro territorio. Estamos actuando dentro del marco jurídico y jurisdiccional, por lo que solicitamos al Congreso dirimir el conflicto debido a los actos de autoridad ilegales que viene ejerciendo el Gobierno de Ensenada en territorio rosaritense (cobro de impuesto predial)”.

Diputados negligentes

En donde ambos municipios coinciden es en denunciar la negligencia de siete legislaturas para resolver un problema que definirá a quién corresponden los 168 kilómetros cuadrados (16 mil 800 hectáreas) en disputa.

Ambos grupos de defensa territorial anunciaron que pedirán al Consejo de la Judicatura que sancione al Poder Legislativo por omitir, durante 20 años, su obligación de crear el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California e incumplir lo que dicta la Constitución del Estado y sus leyes secundarias.

Un estudio jurídico del GIT revela que si bien el Estatuto Territorial de los Municipios está contemplado en la Constitución Política de Baja California, ninguna legislatura lo ha instaurado.

El único antecedente es una iniciativa de noviembre de 2009, propuesta por el entonces diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, misma que abortó porque el Congreso detectó “irregularidades e inconsistencias jurídicas, políticas e históricas” en su elaboración.

El argumento legal parece contundente. El artículo 27 de la Constitución Política establece que son facultades del Congreso: “Fijar la división territorial, política, administrativa y judicial del estado; y crear o suprimir municipios, fijar, delimitar y modificar la extensión de sus territorios, autorizar mediante decreto los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren los municipios”.

Un convenio amistoso logró, en octubre de 2011, que Tijuana y Tecate resolvieran su diferendo territorial. En el  caso Ensenada-Playas de Rosarito se intentó la misma táctica, pero fracasó cuando el alcalde Hirata propuso que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), o el Instituto Politécnico Nacional (IPN) determinaran técnicamente a quién corresponde la razón, oferta que Rosarito rechazó precipitando el cierre de la negociación.

ROSARITENSES PROTESTAN CONGRESO

Al Congreso –agrega el GIT- corresponde solucionar las controversias que se susciten sobre límites territoriales intermunicipales, modificando en su caso el Estatuto Territorial con el voto aprobatorio de dos terceras partes de los diputados, pero pasaron 18 años y la omisión legislativa creó disputas en cuatro de los cinco municipios de Baja California: Tecate con Tijuana y Rosarito con Ensenada, el primero ya resuelto vía negociación.

“Es urgente -concluye el estudio- que el Congreso atienda los mecanismos legales para acabar con los conflictos intermunicipales por límites territoriales. Por la falta de voluntad política de los diputados hay diferencias e inconformidades ciudadanas en los municipios Playas de Rosarito y Ensenada, que se expresan en situaciones de ingobernabilidad, enfrentamientos verbales y posicionamientos civiles polarizados de defensa de sus respectivos territorios, así como en beneficios económicos derivados del espacio territorial en conflicto”.

José Gay González, ex secretario de Administración Urbana de Playa de Rosarito, informó que tan solo el metro cuadrado en la franja de playa anda en los mil pesos en valor catastral. De ahí disminuye a 200 pesos en zonas homogéneas y al resto de la zona rural, tierra adentro, los prediales bajan.

El GIT por su parte elaboró un estudio acerca del valor de la zona y concluyó que están en juego ingresos por más de 100 millones de pesos que se pueden recaudar al año por el cobro de impuestos de traslado de dominio, predial y derechos por concesión de la zona federal marítimo terrestre.

A todo esto el diputado Roberto Dávalos Flores, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, anunció que ya existen lineamientos para resolver el conflicto territorial en julio próximo, cuando los comisionados entreguen al pleno del poder legislativo un dictamen definitivo.