El gobierno federal viola de nuevo derechos de los Cucapás

“Estamos en un país donde los derechos indígenas no valen nada”

Hilda Hurtado Valenzuela, presidente de la Soc. Coop. Pueblo Indígena Cucapá Chapay Seisjhurrar, SC de RL de CV

Raúl Ramírez Baena* / A los Cuatro Vientos

Como sucede cada año, la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), por conducto de la Delegación de la Sagarpa en Baja California, cuyo titular es el Ing. Guillermo Aldrete, decomisó el 19 de mayo pasado curvina golfina capturada en los últimos días por los pescadores indígenas cucapá. En esta ocasión fueron 20 toneladas.

El delegado Aldrete, a través de un boletín de prensa, dijo enfáticamente: “No se otorgarán más avisos de arribo ni guías de pesca para la captura de la curvina golfina, toda vez que, desde el 1 de mayo inició la veda de esta especie pesquera en (la Reserva) el Alto Golfo de California”, lo que significa que los indígenas no podrán comercializar esas 20 toneladas con los consecuentes perjuicios que esto les acarrea.

Asimilación a la globalización occidental     

La etnia originaria cucapá es descendiente de las tribus yumanas que se asentaron hace cientos de años en la región de Arizona, Sonora y Baja California. Entonces no había fronteras que los separara. Investigaciones antropológicas han encontrado que sus actividades principales eran la caza, la pesca y la agricultura. Incluso, se han encontrado fósiles de curvina en vestigios de centros ceremoniales cucapá.

Los primeros exploradores españoles que llegaron a la región en el año 1540 fueron recibidos por los indígenas con pescado, que era la base de su dieta.

En su lengua nativa, cucapá significa “gente del río” o “el pueblo del río”. En el portal de la Unesco, la lengua cucapá se encuentra hoy en la lista de lenguas en peligro de extinción.

CUCAPAS RESPETO A PESCAR

Los problemas mayores para los cucapá iniciaron en el año de 1993, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari emitió el Decreto de Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Posteriormente, se expidieron los Programas de Manejo de la Reserva, el Acuerdo de Veda de la curvina (cada año a partir del 1 de mayo de 2006, hasta la fecha) y los acuerdos anuales de “cuota de captura” de la curvina para las pesquerías de la región, indígenas y no indígenas.

Estas disposiciones se basan en supuestos estudios ordenados por el Inapesca para medir la biomasa de la curvina y proteger esta especie marina en río.

Evidentemente, las autoridades nunca consideran los derechos y la cultura indígena y la condición socioeconómica de las familias cucapá, en extinción, que no pescan más de 4 por ciento de la captura total de curvina en la región.

La “civilización” occidental obliga a los cucapás a ajustarse a estas reglas, aferrándose los indígenas a la pesca como parte de su cosmovisión y de sus usos y costumbres. Fuera de sus tradiciones, se ven forzados a formar cooperativas pesqueras para comercializar el producto que capturan los primeros 5 meses de cada año, para fines de subsistencia, porque de ello depende el sostenimiento de sus familias en lo que resta del año.

Esta asimilación, más la pauperización, han provocado que la etnia y su cultura corran peligro de extinción (según los dirigentes indígenas, en Baja California hay poco más de 500 auténticos cucapás; no más de 15 hablan la lengua), que los jóvenes adopten otros moldes culturales, dejen sus comunidades, se dediquen a otras actividades en las ciudades o emigren a los Estados Unidos.

Derecho preferencial de los pueblos y comunidades indígenas

CUCAPA CURVINA DESVIZERANDO
Familia Cucapá de El Mayor, desviscerando curvinas (Foto: internet).

 

El Decreto presidencial de Reserva de la Biósfera, los programas de manejo y los acuerdos de cuota de captura y de veda de la curvina, se han expedido por la autoridad federal ambiental y pesquera sin considerar los derechos que asisten al pueblo indígena cucapá, contenidos en el Artículo 2º. Constitucional, Apartado “A”, que reconoce y garantiza la libre determinación y autonomía indígena para, fracción VI, “Acceder… al uso y disfrute preferencial de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan…”

Así mismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, dispone que toda política pública que afecte a los pueblos y comunidades indígenas, debe ser consultada mediante su consentimiento previo, libre e informado.

Evidentemente las disposiciones contenidas en la Carta Magna y en los tratados internacionales, jerárquicamente están muy por encima del Decreto presidencial de Reserva y de las medidas administrativos que imponen las autoridades en este caso.

Y por si fuera poco, la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011, que eleva a rango constitucional el Principio Pro Persona, establece en su Artículo 1 que “Las normas relativas a los derechos humanos, se interpretarán conforme a esta Constitución y con los tratados internacionales… favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Dice también: “Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…”.Estos principios son refrendados por la Tesis Núm. LXIX/2011(9ª) de la SCJN, del 28 de noviembre de 2011.

En resumen, no hay voluntad política. Al no jerarquizar la Constitución y el Convenio 169 de la OIT como imperativo ético, moral, jurídico y social, imponiendo normas secundarias (como así lo hacen con otras etnias del país), las autoridades ambientales y pesqueras federales mexicanas violan los derechos del Pueblo Indígena Cucapá.

RAUL RAMIREZ BAENA* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste. Ex procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California.