Apedrean la casa de la dirigente jornalera Lucila Hernández

Lucila Hernández García, la única mujer jornalera que el pasado 14 de mayo, en la reunión de los trabajadores agrícolas de San Quintín con funcionarios de los tres niveles de gobierno, le reclamó al gobernador Francisco Vega Lamadrid la orden dada a la Policía Estatal Preventiva “para reprimir brutalmente a mis compañeros del sector triqui de la delegación Vicente Guerrero”, denunció ante el Ministerio Público el ataque de que fue objeto su casa la madruga de ayer lunes.

En marzo, un agente ministerial amenazó con hacerle daño si denunciaba el maltrato que recibió cuando fue fue detenida la madrugada del 18 de marzo por los hechos violentos ocurridos en diversas localidades del valle de San Quintín un día antes.

Olga Aragón / A los Cuatro Vientos

Ensenada, BC, 19 de mayo 2015.- Un grupo de desconocidos atacó con piedras la casa de la vocera de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.

Lucila Hernández presentó formal denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, misma que quedó registrada con el número 809/15/306 AP, en la que declara que aproximadamente a las cuatro de la madrugada, rompieron las ventanas de la habitación de su casa donde se encontraba ella con su esposo y sus tres hijos.

Los otros integrantes de su familia dormían en la habitación contigua, que se comunica con la recámara de Lucila por una puerta de madera.

La dirigente jornalera dijo que a pedradas quebraron los vidrios de las dos ventanas de su casa. Fue un grupo quien lo hizo, señaló, porque los vidrios se rompieron al mismo tiempo.

Ella, junto con su esposo y sus hijos intentaron identificar a los agresores, pero les fue imposible por lo intempestivo del ataque y porque lograron huir en la oscuridad de la madrugada.

Sobre el piso de su habitación quedaron dos piedras grandes.

Lucila Hernández señaló como probables responsables del ataque a su casa, a los empresarios agrícolas de la región, a quienes ha denunciado reiteradamente como “los peores explotadores de jornaleros”.

LUCILA VIDRIOLa casa de Lucila Hernández se ubica en la colonia Las Casitas, aledaña al Rancho Los Pinos (Productora Industrial del Noroeste, su razón social), propiedad de Antonio Rodríguez Hernández, ex secretario de Fomento Agropecuario en la administración del gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán.

La dirigente jornalera, quien se ha distinguido por la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras, fue acompañada por uno de los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se encuentran en San Quintín, a presentar su denuncia ante el Ministerio Público de la región.

“Esto lo hicieron para meterme miedo, pero no lo van a lograr”, dijo Lucila Hernández. Y exigió la protección del gobierno federal tras señalar que entre los 13 acuerdos firmados el pasado 14 de mayo, destaca el compromiso de las autoridades, en los tres niveles de gobierno, de “garantizar un ambiente pacífico” y no realizar acciones que afecten el orden social.

Asimismo, enfatizó, las autoridades y empresarios agrícolas se comprometieron a no ejercer represalias contra ninguno de los voceros del movimiento jornalero que hace dos meses demandan un salario justo y mejores condiciones de vida y de trabajo.

Como vocera de las demandas de las mujeres jornaleras, Lucila Hernández ha denunciado de manera enfática las agresiones y abusos que sufren las mujeres en los ranchos agrícolas, también ha exigido reiteradamente la construcción de un hospital de especialidades y más guarderías para los hijos de las trabajadoras agrícolas.

En la reunión del pasado 14 de mayo, cuando los voceros de la Alianza exigieron la liberación de los 18 jornaleros encarcelados a lo largo de dos meses del movimiento en demanda de un salario base de 200 pesos diarios, Lucila Hernández reclamó que se haya dado la orden a la Policía Estatal Preventiva de “reprimir brutalmente a los indígenas jornaleros de la comunidad triqui” y mirando fijamente al gobernador Francisco Vega, le dijo: “piénselo muy bien, señor, piense si quiere ser recordado como un gobernador sensible o como un gobernador represor”.

El 18 de marzo por la madrugada, luego de los acontecimientos violentos que se dieron en diversas comunidades del valle de San Quintín, Lucila denunció que fue detenida por elementos de la Policía Ministerial de Baja California. Uno de ellos, de apellido Mena, la amenazó con hacerle daño si denunciaba los malos tratos a que fue sometida durante su detención que terminó ese día cuando los voceros de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social pidieron su libertad como requisito para iniciar la mesa de diálogo con el gobierno estatal y los agroempresarios.