¿Qué es un jornalero?

El jornalero es el campesino sin tierras que, para vivir, se ve obligado a alquilar su trabajo a los terratenientes a cambio de un salario.

Lucila Hernández*

¡Qué difícil es ser un jornalero en Baja California!

Qué difícil pedirle a un Gobernador guarderías y un hospital para las trabajadoras del campo para que nuestros hijos no mueran calcinados, cuando el gobernador piensa “que las mujeres estamos bien buenas para atender a los maridos y ponerles las pantunflitas”.

Qué difícil pedirle a una secretaria del Trabajo que nos asesore, apoye y defienda nuestros derechos, sobre todo el derecho a una organización sindical independiente, cuando esa secretaria es la hija del dirigente de la mayor organización que se ha dedicado a vender y negociar con los derechos de los trabajadores: la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Qué difícil pedirle a un senador que legisle a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, y contra el abuso y acoso sexual, cuando ese senador ha expresado que hoy más que nunca las mujeres solo somos el agasajo de los hombres.

Qué difícil pedirle a un subsecretario de gobierno que sensibilice a los agricultores por nuestro derecho a un salario mejor, cuando es el primo del presidente del Consejo de Administración de la principal empresa exportadora agrícola del valle.

Qué difícil ser MUJER, INDIGENA, JORNALERA, MIGRANTE Y POBRE EN EL VALLE DE SAN QUINTÍN.

Hace más de quince días nos reunimos. En estos días transcurridos, donde mis compañeros han viajado buscando difundir la situación que hemos vivido los últimos 40 años, yo he permanecido aquí para ver como las mujeres y los hombres jornaleros han regresado al campo a trabajar bajo protesta, que quede bien claro.

TRABAJADORES CAMPO PARO

Hubo días en los que me asaltaba la duda al ver como salían y salían los camiones, uno tras de otro, como de prisa, como si estos veinte días fuera el plazo no para una respuesta, sino para que la cosecha se terminara de levantar y después entrara la temporada baja, y después el desempleo, y por lo tanto el desgaste de nuestro movimiento. Ojala no sea así.

Quiero ratificar las demandas de atención hacia las mujeres, niñas y niños jornaleros, indígenas o no indígenas, pero hoy más que nunca deseo expresar que hace unos días nuevamente el dilema de la madre jornalera se repite: ir al trabajo para dar de comer a sus hijos, dejándolos solos con un adulto mayor, o el hermano más grandecito, en riesgo de maltrato, de abuso y hasta de muerte, o quedarse y desfallecer de hambre junto a ellos.

Una mujer jornalera necesita 160 pesos a la semana para el pago de una guardería de la SEDESOL, más aparte llevarles un lonche y artículos personales. Esto casi suma 250 pesos por niño. Si son más de dos niños resulta imposible cuidarlos. Por eso suceden las tragedias como la que acaba de pasar: dos niños muertos y otro muy grave.

No hay guarderías, y las que hay no tienen el horario que se necesita, de cuatro y media de la mañana a siete de la noche.

Supe que la Secretaria del trabajo estuvo en el valle de San Quintín revisando nuestra situación. Las mujeres me platicaron -nosotras las mujeres hablamos y nos encontramos, siempre- y por eso me preocupa, y me preocupa mucho, la manera en cómo se trabajó con las mujeres jornaleras y especialmente con las indígenas. Me preocupa que el problema se vea desde una sola perspectiva: la laboral.

Esta es una situación que requiere de mucha disciplina laboral, social, educativa, así como políticas de gobierno.

Una sola visión, un solo enfoque no garantiza la integralidad de la respuesta, sobre todo cuando de mujeres, niñas y adolescentes se trata. Por esto solicito con base a mis derechos y el de las mujeres, el respeto a derechos ya ganados.

Pienso que todo trabajo, supervisión, diagnóstico o informe sobre la situación de los jornaleros agrícolas de San Quintín, debe ir a al amparo de la luz de los siguientes tratados internacionales:

MARCHA CON BANDERA JORNALEROS

  1. A) La Organización Internacional de Trabajo (OIT), Convenio 169 de la OIT.

Los Estados deberán adoptar medidas para que los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual. (1989)

  1. B) La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación (CEDAW) 2006 determina que los Estados socios deben implementar:

– Que los programas y políticas de erradicación de la pobreza traten de manera explícita el tema de la pobreza y la discriminación a que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres que viven en las zonas rurales.

– Eliminar la desigualdad de acceso a los servicios sociales básicos, en particular a la enseñanza y la salud, así como la participación en los procesos de adopción de decisiones.

C).- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU), 2007

Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

D).- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

JORNALEROS MILES MARCHAN

Que en la elección de las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantice la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones. Apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

En cuanto al hostigamiento y acoso sexual del que son víctimas las mujeres en los campos agrícolas del valle de San Quintín, es muy importante señalar que además de la normatividad de carácter federal, existen tratados internacionales que observan y sancionan estos delitos, mismos que han sido suscritos por el Estado mexicano y que lo obligan a prevenir, atender y sancionar las conductas de este tipo y que, según el Artículo 133 constitucional, forman parte de la normatividad nacional.

Uno de los principales problemas de la regulación del hostigamiento y el acoso sexual es que, en la práctica, existe un número muy reducido de denuncias y procedimientos laborales, o de carácter administrativo.

Esta situación provoca que hasta el momento no se haya desarrollado un criterio de interpretación para las diversas materias jurídicas desde las que puede abordarse el problema.

Los elementos constitutivos de un procedimiento de queja para atender y prevenir el hostigamiento y acoso sexual, deben comprender los siguientes elementos y consideraciones, según lo establece en Instituto Nacional de las Mujeres en el 2006:

– Las dependencias/entidades deben asegurar que los procedimientos de queja o estén claramente escritos y sean accesibles para todo el personal.

– Que ofrezcan opciones informales y formales.

– Que garanticen un tratamiento inmediato, confidencial y objetivo, los cuales se basan en principios de justicia y en el debido proceso.

– Que sean administrados por personal capacitado.

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– Que ofrezcan una guía clara sobre los procedimientos de investigación y documentación.

– Que aseguren que ningún trabajador o trabajadora del campo será objeto de represalias por presentar una queja.

– Que se revisen periódicamente el expediente para monitorear su eficacia y efectividad.

Por eso me preocupa mucho que en solo 20 días se pudo documentar o descalificar la situación real del hostigamiento, acoso y violencia sexual que viven las mujeres jornaleras.

Las mujeres jornaleras requerimos conocer la metodología que se utilizó para este levantamiento, y solicito nuevamente que espéranos haya sido y sea con base al marco y procedimiento señalado y establecido; de lo contario, será solo una acción de buena intención pero no de atención y solución.

Expreso mi total rechazo a los acontecimientos ocurridos el día 9 de mayo en la Colonia Lomas de San Ramón. ¿Quién dio la orden? Los policías no actúan sin una orden superior, ¿quién ordenó la fuerza excesiva, brutal sobre mujeres, niñas, niños, jóvenes, ancianos y hombres del campo?

¿Por qué la policía está al servicio de los patrones? ¿Hasta dónde se protegen más los intereses personales que los intereses ciudadanos desde el gobierno?

Necesitamos justicia. No se trata solo de la liberación inmediata de nuestros compañeros, de pedir disculpas y ofrecer la reparación del daño, sino también de ordenar la destitución de quien ordenó la brutal agresión.

Por un Hospital de especialidades, guarderías, vivienda, programas contra la prevención del embarazo adolescente y la violencia en el noviazgo y la violencia de género.

También prevenir y atender las adicciones y conductas de alto riesgo entre las y los jóvenes, así como monitorear, prevenir y sancionar el trabajo infantil en los campos agrícolas de Baja California.

LUCILA HERNANDEZ* Vocera de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de San Quintín, y representante en el Valle de San Quintín de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.