Histórico acuerdo proyecta Sindicato Nacional para 5 millones de jornaleros en México

Los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, después de una extenuante negociación de 14 horas continuas, lograron a las 5:30 de la mañana de este jueves la respuesta satisfactoria a su pliego petitorio en la mesa de diálogo con autoridades federales y estatales, presidida por David Garay, titular de la Unidad de Gobierno, de la Secretaría de Gobernación (SG), que incluye el compromiso de gestionar un salario base de 200 pesos diarios y otorgar el registro como sindicato nacional a la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.

Olga Alicia Aragón / A los Cuatro Vientos / La Jornada BC

Ensenada, 14 de mayo.- Entre los trece puntos de acuerdo, destaca precisamente el compromiso de las autoridades federales y el gobernador Francisco Vega Lamadrid de “realizar las gestiones necesarias” para que a más tardar el 4 de junio, en una reunión que se efectuará en San Quintín, la parte patronal presente una propuesta  “lo más cercana posible” a los 200 pesos diarios que demandan los jornaleros, y que el gobierno federal cubra la diferencia.

De este modo, consideran los jornaleros, se cumple la demanda central de su movimiento de establecer un sueldo base de 200 pesos diarios, homologado a todos los trabajadores del campo, con carácter retroactivo al 24 de mayo.

Otra conquista para los jornaleros: La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se comprometió a través del subsecretario Rafael Avante Juárez, a otorgar conforme a los requisitos legales el registro como sindicato nacional a la Alianza de Organizaciones. La autoridad –agrega el acuerdo- respetará la libertad sindical para que cada trabajador decida a qué sindicato quiere afiliarse.

También se aprobó la creación del fideicomiso para el desarrollo de la zona, en un plazo no mayor de 60 días, con recursos del gobierno federal, el gobierno del estado y la parte patronal.

Liberación de los 18 jornaleros presos

JORNALEROS DETENIDOS

La reunión que se celebró en instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API) del puerto de Ensenada, inició a las 15:30 horas del pasado miércoles, cuando llegaron los voceros de la Alianza, acompañados por jornaleros y jornaleras, quienes viajaron en cinco autobuses y seis vehículos particulares desde la delegación de Vicente Guerrero, luego de que el representante de la SG se negó a realizar el encuentro en San Quintín.

Fue una negociación complicada, al inicio se estancó por casi dos horas, pues Fidel Sánchez, Justino Herrera, Bonifacio Martínez, Lucila Hernández, Fermín Salazar y Juan Hernández exigieron como condición para continuar el diálogo la liberación inmediata de 18 jornaleros presos, 14 de ellos encarcelados desde el 17 de marzo, en el primer día del paro general de labores, cuando tomaron la carretera Transpeninsular y se suscitaron actos de vandalismo.

Demandaron, en primer término, la libertad de los cuatro trabajadores detenidos el sábado 9 de mayo, a quienes la jueza del Juzgado Penal de San Quintín, Martha Flores Trejo, fijó una fianza de casi 24 millones de pesos por el incendio de una patrulla y un tanqueta antimotines de la Policía Federal Preventiva, así como dos automóviles particulares durante la trifulca generada cuando elementos policiacos, a bordo 30 unidades de la Policía Estatal Preventiva, irrumpieron violentamente en sus colonias y en sus casas golpeando y disparando balas de goma a decenas de jornaleros y sus familias.

De manera unánime, los senadores que participaron en las negociaciones, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado; Benjamín Robles, Adriana Dávila, Víctor Hermosillo y Fidel Demédicis, calificaron de “desproporcionada e inadmisible” la fianza impuesta por la jueza.

El senador Demedicis dijo que los jornaleros no eran presos comunes, sino preso de conciencia.

“Para un jornalero, el monto de esa fianza equivale a 150 años de trabajo”, dijo Fidel Sánchez y recordó que en varios casos de presuntos delincuentes, incluido el hijo de un exgobernador acusado de nexos con el crimen organizado, los jueces fijaron fianzas de menos de siete mil pesos.

Justino Herrera, con la voz entrecortada, reclamó al gobernador “la violenta represión” contra jornaleros indígenas de Lomas de San Ramón y San Juan Copala.

– “¿Por qué contra mi comunidad, señor, donde hemos sido respetuosos del orden? ¿Por qué contra nuestras familias, contra nuestras mujeres, a quienes golpearon e insultaron diciéndoles putas?”

Lucila Hernández, jornalera indígena defensora de derechos humanos, describió los casos de “brutal golpiza” de policías contra mujeres, niños y ancianos. Y mirando fijamente a Vega Lamadrid, le dijo: “no venga usted aquí a decirnos que no puede hacer nada para liberar a nuestros compañeros. Tiene facultades para hacerlo. Mis hermanos y hermanas actuaron en defensa propia, defendiéndose con piedras de la agresión de los policías que les dispararon con armas de fuego de todo calibre y con balas de goma. Yo le pido a usted el desistimiento de las injustas acusaciones. Yo le pido, señor gobernador, que piense muy bien si quiere ser recordado como un gobernador sensible o como un gobernador represor”.

Momentos antes, cuando Francisco Vega argumentó que “por respeto al Estado de Derecho” no le correspondía gestionar la liberación de los jornaleros acusados como presuntos responsables de la comisión de delitos, el senador Demédicis le dijo: “Si una persona hubiese fallecido en los hechos violentos del sábado por la mañana en la colonia triqui, como pudo haber sucedido por el uso desmedido de la violencia policiaca, ahorita no estaríamos discutiendo la liberación de los jornaleros presos, estaríamos discutiendo cómo destituir al gobernador del estado”.

Bonifacio Martínez, indígena triqui y vocero de la Alianza, fue contundente:

-“Señor gobernador, si en verdad quiere justicia, ¿por qué no se castiga a los policías y a quien dio la orden de que atacaran a la gente, que les tirotearan la espalda, que les dispararan a la cabeza con esa balas?”. Y agregó, “si quiere aplicar la ley por qué no empieza por los patrones que violan la Constitución y la Ley Federal de Trabajo, negando derechos laborales a los jornaleros?”.

A propuesta de la senadora Angélica de la Peña, quien conminó al gobernador y a las autoridades federales a mostrar voluntad política para resolver las demandas de los jornaleros, incluida la liberación de los 18 presos, se decretó un receso que rindió frutos. A puerta cerrada, senadores, gobierno y líderes jornaleros aprobaron 12 de los 13 acuerdos.

Promover la libertad de los detenidos, en términos de ley, privilegiando un ambiente de pacificación y orden público. Asimismo, las partes se comprometen a actuar con absoluto respeto a la ley, absteniéndose de represalias, promoviendo siempre el diálogo y la conciliación”.

De manera extraoficial se confirmó que los cuatro jornaleros detenidos el pasado 9 de mayo serán liberados este día, y los restantes 14, quienes permanecen en prisión desde el pasado 17 marzo, saldrían en un lapso de 24 horas.

JORNALEROS PARQUE REVOLUCION
Imagen: Edgar Lima, La Jornada Baja California

 

Los otros acuerdos son:

  1. Iniciar la inmediata afiliación y credencialización de todos los jornaleros al IMSS, sin costo para los trabajadores.
  2. Por ningún motivo las empresas podrán retener los salarios y se pagarán en los centros de trabajo. Se transparentarán los conceptos que integran el salario.
  3. Programa de mejoramiento de vivienda, seguridad y condiciones de higiene en que viven los jornaleros.
  4. Garantizar respeto a los derechos laborales con la aplicación estricta de la Ley Federal del Trabajo y el respeto a los derechos humanos, especialmente de las mujeres y sus familias, por lo que se realizarán inspecciones permanentes a los centros de trabajo.
  5. Las empresas deberán cubrir los requisitos necesarios para certificarse como libres de trabajo infantil.
  6. Revisar los programas sociales para que los trabajadores no pierdan su carácter de beneficiarios cuando cambian de trabajo de un campo agrícola a otro.
  7. El gobernador del estado se reunirá con los jornaleros de la Alianza en San Quintín, antes de que concluya el mes de mayo, para atender problemas de la localidad.

¿Quién paga el salario de los jornaleros?

JORNALEROS TRABAJO EN CAMPO
Foto internet

Cuando las negociaciones se atoraron de nuevo justo en la demanda central: el salario base de 200 pesos diarios y 20 pesos por caja de fresa y mora, ante la respuesta del representante del Consejo Agrícola de Baja California, Alberto Muñoz, de que la parte patronal no modificaría su propuesta de 15% de aumento salarial, con sueldos diferenciados entre los ranchos agrícolas, la senadora Angélica de La Peña criticó la actitud de los dueños de los ranchos agrícolas de San Quintín, acusándolos de no mostrar voluntad alguna en resolver el conflicto laboral, cuando ni siquiera se presentan a la mesa de negociaciones con los jornaleros.

Señaló que las políticas públicas son una responsabilidad del estado, que las autoridades tienen la obligación de garantizar mejores condiciones sociales a la población, servicios públicos, etcétera, pero la política pública no puede sustituir las obligaciones de los patrones en el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, empezando por el pago de los salarios

– “Este asunto es de repercusión nacional, en cuanto a justicia laboral. Y aquí los patrones no están dando la cara. Mandan a su representante a negociar sin facultad para tomar decisiones, eso no ayuda ni al gobierno federal, que tendrá que hacer uso de la ley, y a las autoridades estatales las dejan en situación complicada. Los dueños de los ranchos deben entender que no es capricho ni graciosa concesión, que la lucha por un salario justo sacó a jornaleros y jornaleras a la calle”.

Dijo la senadora que “frente al enorme esfuerzo de negociación que aquí se ha hecho, con la voluntad política de autoridades, con todas las consecuencias que van a darse y las broncas que van a atender, me parece que los empresarios de valle de San Quintín tienen que dar una muestra también de voluntad para distender y solucionar el conflicto. El salario de 200 pesos al día es un asunto de justicia social, que no se puede evadir”.

Asimismo, aseguró que las autoridades “se echaron la bronca de reparación de daño a particulares” (extraoficialmente: el estado asume los daños en bienes públicos y el gobierno federal la reparación de daños a particulares), mientras que los dueños de los ranchos, afirmó la senadora, «nada hacen por resolver este conflicto social que tiene su origen en un conflicto laboral”.

Y reiteró: “el fideicomiso es para impulsar políticas públicas, no es compromiso para mejorar condiciones económicas que se reflejen en el bolsillo de los trabajadores para que remonten su pobreza y logren el derecho a una vida digna, eso se logra con un salario justo”.

En ese momento, el gobernador Francisco Vega solicitó otro receso. Dijo que se comunicaría con los empresarios agrícolas de San Quintín para continuar la negociación salarial. Tras una nueva encerrona, que en esta ocasión fue de toda la noche hasta el amanecer, se logró el acuerdo de “gestionar” que se acerquen a los 200 pesos diarios y que “el gobierno federal podrá cubrir la diferencia”.

Al final, voceros de la Alianza, el gobernador, el alcalde de Ensenada Gilberto Hirata, senadores y senadoras, el titular de la Unidad de Gobierno de la SG y el subsecretario de Trabajo y Previsión Social se felicitaron unos a otros por los acuerdos alcanzados.

La minuta de acuerdos fue signada por el mandatario estatal, el subsecretario de Trabajo, el representante de la SG, los Senadores de la República ahí presentes y los voceros de la Alianza de Organizaciones.

El gobernador dijo que esta es una clara muestra de que en Baja California existe voluntad política para resolver los conflictos sociales.

Fidel Sánchez calificó de “histórico” este acuerdo.

Fermín Salazar advirtió que de no cumplirse “se volverá a levantar la voz de los jornaleros”, y solicitó el apoyo (cooperachas que resultaron en billetes de 500 pesos de senadores, funcionarios y gobernantes hasta sumar unos 10 mil pesos) para cubrir los gastos de gasolina de los cinco camiones y siete vehículos en su retorno a San Quintín, después de toda una noche de desvelo.