Presión a jornaleros: fianza millonaria y cambio de sede a horas de reanudar diálogo con Gobernación

Los dirigentes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social acordaron no asistir a la ciudad de Ensenada el miércoles 13 de mayo para reanudar la mesa de diálogo con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, licenciado Luis Enrique Miranda Vega.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Ensenada, 12 de mayo de 2015.- Asimismo convinieron una estrategia jurídica para revertir la decisión de la Juez de lo Penal de San Quintín, Martha Flores Trejo, que fijó una fianza por hasta 30 millones de pesos a los cuatro jornaleros agrícolas detenidos el 9 de mayo en las colonias Lomas de San Ramón y San Juan Copala, y a quienes la Procuraduría General de Justicia del Estado acusó de los daños provocados a dos patrullas, una tanqueta de asalto Rhyno y dos automóviles privados.

Fidel Sánchez Gabriel, uno de los cinco voceros de la Alianza, manifestó que la organización social no aceptó la propuesta directa que les hizo Miranda Vega de cambiar la sede de la mesa de diálogo de San Quintín a Ensenada.

– “Él alega que teme por su seguridad; ¿y cómo cree que estamos nosotros los jornaleros después de lo que hicieron el sábado? Tiene todo el poder para ordenar para él lo máximo en seguridad. Puede ponerse un casco y un chaleco antibalas para cuidar su vida. Aquí enfrentamos sus armas a cuerpo limpio. No, no vamos a exponernos saliendo de San Quintín. No vamos a Ensenada. Es un acuerdo de la Alianza”.

Foto: Roberto Armocida
Foto: Roberto Armocida

A las 16.30 horas de hoy A los Cuatro Vientos constató que los aliancistas se reunían en Vicente Guerrero para fijar la estrategia a seguir ante la presión del subsecretario Miranda, que a esa hora insistía en cambiar el lugar de la reunión a Ensenada sin modificar el tiempo de su celebración: miércoles 13 de mayo a las 11.00 horas.

También que elaboraban una doble estrategia jurídica para enfrentar la resolución de la juez Flores de fijar una fianza de 7.5 millones de pesos a cada uno de los cuatro acusados de presuntamente provocar  daños en propiedad pública y privada el 8 de mayo.

Sánchez Gabriel se abstuvo de comentar más acerca de las dos maniobras jurídicas, pero expresó:

– “Sabemos cuál es la intención de la juez Flores, una influyente panista que por 20 años ocupó el mismo cargo en el Juzgado Segundo de lo Penal en Ensenada y que en 2013 sorpresivamente fue cambiada a San Quintín, luego de que un año antes el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado la ratificó como juez del Juzgado Segundo Penal por cinco años. Sin duda quiere regresar a Ensenada”.