Saldrán libres bajo fianza últimos detenidos por saqueos en San Quintín

Abogados particulares, defensores de oficio y litigantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) sumaron hoy esfuerzos para liberar a un grupo de entre 17 y 23 personas, las últimas que siguen presas acusados de cometer diversos delitos en la zona de San Quintín.

Olga Aragón y Javier Cruz / A los Cuatro Vientos / La Jornada de Baja California

Ensenada, BC, a 23 de marzo.- De acuerdo con la abogada Marisol Pérez Prado, asesor jurídico de la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatales y Municipales para la Justicia Social, hasta las 17.30 horas de hoy aún están detenidas en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Ensenada 13 personas, todas ellas mayores de edad y comparten la misma celda.

Hay otros cuatro cautivos en el Consejo Tutelar para Menores de Ensenada ya que tienen 17 años.

Confirmó que el Ministerio Público del Fuero Común determinó para todos los presos la ampliación del término de 48 a 102 horas, plazo que vence mañana, para la presentación de pruebas.

El total de los arrestados en los poblados de Camalú y Vicente Guerrero, tiene la representación jurídica de la Defensoría de Oficio y son acusados por delitos de robo a lugar cerrado, allanamiento de morada, motín y otros crímenes menores, por lo que se espera logren su libertad bajo fianza en el transcurso de las próximas horas.

“Estamos dejando que la Defensoría de Oficio del gobierno del estado haga su trabajo ya fue el gobierno estatal quien metió en este lío a los detenidos, pero de cualquier forma supervisamos que lo estén haciendo bien”.

Agregó: “Cuando se fije el monto de las fianzas corresponderá a la CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) cubrirlas”.

Reveló por último que ayer por la noche su equipo de abogados logró la libertad de 10 personas a quienes elementos de la policía ministerial y estatal preventiva los detuvo “en un operativo de rutina”.

– “No tenían cargos en su contra por lo que fue fácil obtener su libertad. Imagínese, agarraron a tres, uno de ellos menor de edad, porque les pareció sospechoso que estuvieran empujando un automóvil a las cuatro y media de la madrugada. Los jóvenes comprobaron que se quedaron sin  gasolina y por eso empujaban el vehículo”, narró.

Por su parte Juan Malagamba Zentella, delegado peninsular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, informó que la CDI trabaja conjuntamente con la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación de Defensores Públicos, en la defensa de todas las personas detenidas, incluidos los menores de edad, que son adolescentes de 14 y menos de 18 años.

“No hay pruebas suficientes en contra de ellos”, dijo Malagamba, quien informó que mañana arribarán a Baja California dos abogados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Procesamiento de Justicia de la CDI, para integrarse a la defensa de los jornaleros detenidos.

Precisó que de las 263 personas que en total han sido detenidas, sólo 23 permanecen en prisión acusadas por robo y saqueo. Este grupo incluye a nueve menores de edad (entre los 14 y los 18 años), que fueron turnados al  Consejo Tutelar de Menores.

La PGR aún integra tres expedientes. En el primero de ellos, acusa a tres personas por robo en lugar cerrado; el segundo expediente integra las acusaciones más graves, dirigidas contra tres personas que presuntamente cometieron los delitos de lesiones, motín y daños en propiedad ajena.

En el tercer expediente se acusa a 17 hombres por robo en lugar cerrado.

Por parte de la CDI, dijo Malgamba Zentella, los abogados Isidro Pérez y Alejandro Flores están coadyuvando con los defensores de oficio, con la intención de liberar a la totalidad de los detenidos.

Alumnos de la UABC se solidarizan con jornaleros agrícolas

Alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California (UNAM) expresaron hoy su apoyo a los jornaleros agrícolas en paro y responsabilizaron al gobernador Francisco Vega de Lamadrid y al alcalde Gilberto Hirata Chico de cualquier agresión que atente contra la integridad de los manifestantes en San Quintín.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos / Jornada Baja California

CIMARRONES APOYO JORNALEROS
Los estudiantes universitarios también recolectaron alimentos para los jornaleros agrícolas en paro (Foto: Edgar Lima / La Jornada Baja California)

Ensenada, BC, a 23 de marzo.- Al mismo tiempo alrededor de 30 indígenas se manifestaron para exigir la libertad de nueve adolescentes detenidos en Camalú el miércoles 17 de marzo. Forzaron a la  Suprocuraduría de Justicia del Estado y de la Subsecrertaría General de Gobierno a ampliar el plazo de defensa de los menores.

Los estudiantes universitarios, miembros del Colectivo Estudiantil Cimarrones, manifestaron que los actos vandálicos en San Quintín son “una estrategia para crear caos”  con la intención de desprestigiar a quienes legítimamente se manifiestan.

“El despliegue de un gran número de elementos de seguridad: 6 patrullas ministeriales, 5 camiones de policías, 6 camiones de soldados, 3 pick-ups con escudos antimotines y 40 patrullas municipales y estatales, es un acto intimidatorio por parte del gobierno estatal y municipal”, agregaron en conferencia de prensa.

Y exigieron el cabal cumplimiento del pliego petitorio de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, el respeto a la integridad física  y psicológica de los manifestantes y personas que cubren la movilización, y no criminalizar “la justa y legítima protesta de los jornaleros y de quienes se solidarizan con su lucha”.

Antes de su rueda de prensa, los estudiantes entregaron por escrito su posicionamiento a funcionarios del gobierno estatal y municipal en Ensenada.

Por otra parte 30 indígenas, padres, familiares y amigos de nueve adolescentes presos por presuntamente participar el 17 de marzo en el saqueo del mercado El Reloj, del poblado Camalú, y otros comercios de la zona en conflicto, se entrevistaron con funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia y la Subdelegación de Gobierno en esta ciudad para pedir la libertad de los jóvenes.

Los detenidos están representados jurídicamente por defensores de oficio de la misma fiscalía, al no tener recursos económicos sus familiares para contratar abogados.

Los manifestantes aseguran que los adolescentes acudieron a Camalú para ver cómo se desarrollaba la toma de la carretera transpeninsular por los jornaleros agrícolas, “pero en ningún momento participaron en el saqueo a comercios de la zona”.

Sólo un niño de 13 años fue liberado de los cargos de robo y el 18 de marzo fue entregado a sus padres en Camalú.