Polémica propuesta

Hace unos días, nuestro embajador en Washington, Eduardo Medina Mora, surgió en la terna enviada al Senado por el Presidente de la República para elegir al onceavo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución del difunto Sergio Valls Hernández.

Dr. Álvaro de Lachica y Bonilla* / A los Cuatro Vientos

Y aunque esto pueda parecer de buena suerte para el embajador, la verdad es que su participación como aspirante a la Tremenda Corte se ha vuelto tema muy polémico ya que a diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otras la Comisión  de Derechos Humanos del Noroeste, no nos ha caído nada bien.

El problema no es que Medina Mora sea una “mala persona”, el problema estriba en que no tiene el perfil para estar en una posición de justicia en donde el tema de derechos humanos es de vital importancia.

Probablemente a algunos parecerá muy fuerte denostarlo en este sentido, sin embargo la posición pública que ocupó anteriormente como Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, sus decisiones afectaron a tres mujeres indígenas que pasaron tres años en la cárcel sin tener ninguna culpa.

Fue hace ocho años, exactamente el 26 de marzo de 2006, cuando seis agentes de la extinta AFI llegaron amenazantes y sin uniforme a Santiago Mexquititlán, (población de mayoría de origen otomí), en el sur de Querétaro.

Ahí, en el tianguis que domingos y días festivos se organiza, las indígenas Jacinta, junto con sus compañeras Alberta y Teresa, vendían aguas frescas. Llegaron los agentes y comenzaron con destrozos, despojos y exigencias de tributo con lujo de violencia buscando decomisar mercancía pirata.

La indígena otomí Jacinta, una de las víctimas del nefasto ex procurador Medina Mora (Foto: internet).
La indígena otomí Jacinta, una de las víctimas del nefasto ex procurador Medina Mora (Foto: internet).

Los pobladores, enojados,  cercaron a los intrusos para exigirles identificación y la orden que justificara su proceder. Éstos se negaron, pero también se asustaron.

La tensión crecía y comenzaron los gritos de protesta y justicia de la gente por tanto abuso. A llamado de los entrometidos agentes, se apersonaron un agente del MP y el jefe regional de la AFI.

Prometieron reparar los daños con mercancía decomisada de otros tianguis, de otros pueblos. Ante la negativa popular se comprometieron a compensarlos con dinero. Se fueron y dejaron “en garantía” a un agente que no fue molestado. Regresaron a las siete y pagaron lo pactado y se regresaron con el agente retenido.

Rencorosos, los agentes se la guardaron al pueblo y se desquitaron con estas tres mujeres, a las que el 3 de agosto llevaron con engaños a la ciudad de Querétaro.

Ahí las acusaron falsamente; ahí las juzgaron de inmediato en español, cuando sólo hablaban otomí; ahí presumieron su culpabilidad antes que su inocencia; ahí las tuvieron presa y ahí las sentenciaron a 21 años de prisión; ahí le quisieron destrozar sus vidas y a sus familias.

Tres años después, Medina Mora reconoció que nunca tuvo elementos acusatorios, incurrió en irregularidades como la fabricación de testimonios y el uso de pruebas ilícitas para acusarlas, incluso, en el delito de posesión de cocaína que también se le fincó a una de ellas (Alberta Alcántara Juan).

ALBERTA Y TERESA INDIGENAS OTOMIS

De no ser  por la presión de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y organismos nacionales e internacionales, la PGR retiró los cargos contra Jacinta, al considerar que en su caso había una “duda razonable” sobre su participación en los hechos.

La semana pasada, desde  Londres,  Peña Nieto justificó su propuesta al afirmar que Eduardo Medina Mora “…es un personaje muy acreditado en el servicio público, con amplia experiencia, por haber cumplido con tareas de relevancia en el ámbito de la procuración de justicia».

¿Se imaginan  cómo interpretaría Medina Mora el artículo 1º de la Constitución sobre el fortalecimiento de los derechos humanos?

De ser ratificado, significaría  pasos de regresión al pasado autoritario.

Esperemos que el sentido común, que cada día es el menos común de los sentidos, gane la partida ante esta propuesta. ¿Es mucho pedir?

ALVARO DE LACHICA* Miembro de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y de la organización Alianza Cívica. Correo electrónico: andale94@gmail.com