Como llamadas a misa en un país de ateos

Sus recomendaciones son como llamadas a misa en país de ateos. Sin embargo, de los datos revelados el 18 de febrero por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, sobre el ejercicio 2013, podemos encontrar claros ejemplos del estado de impunidad que impera en el país, beneficiando a pocos y perjudicando a muchos de “los mexicanos de a pie”; quienes viven en el desempleo vil, el subempleo, o subsistiendo al día con sueldos precarios.

José Sobrevilla/ Forum

Esto mientras diariamente miles y miles de contribuyentes cautivos son acosados y sangrados exhaustivamente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), éste condona impuestos en 2013 por 1 billón 123 mil millones de pesos (más de 75 mil millones de dólares al tipo de cambio actual) a grandes empresas transnacionales y del país, tales como Sabritas México; Gamesa (multinacional española); la Desarrolladora de Parques Industriales ProLogis (dos deudas indultadas) y al banco canadiense Scotiabank Inverlat.

Estas condonaciones, alega la ASF, fueron improcedentes porque se hicieron al amparo de una aplicación incorrecta de la Ley de Ingresos de la Federación (2013). También porque se ejecutó mediante criterios emitidos por funcionarios de la Administración General de Recaudación del SAT que no estaban facultados para ello.

En este aquelarre de impunidad, la ASF ha denunciado también que la quinta parte de los recursos entregados por la Secretaría de Gobernación a los gobernadores para equipar sus cuerpos policiacos, no fueron debidamente utilizados; razón por la cual la Auditoría Superior recomendó a varias entidades federativas devolver 458 millones de pesos al erario, de un total de 2 mil 471 millones de pesos del subsidio para seguridad pública en materia de mando policial.

Este 2013, los daños al erario, dijo la ASF, se dieron prácticamente en todos los estados; sin embargo pidió que se sancionen por no entregar los rendimientos financieros generados por los recursos del subsidio. Los estados son: Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Zacatecas y suman 16 millones de pesos, de los cuales reintegraron sólo 9.9 millones, quedando pendientes más de 6 millones de pesos.

En conjunto transfirieron a otras cuentas bancarias 330 millones de pesos: Durango (62 millones de pesos), Puebla (90 millones), Sinaloa (62 millones) y Veracruz (114 millones), razón por la cual se desconoce su aplicación. De ellos, Durango y Puebla sí enteraron rendimientos financieros por un millón de pesos.

ROSARIO ROBLES FRAUDE ASF

A Tlaxcala, la ASF le encontró el faltante y posible robo de árboles que deberían estar en el libramiento carretero (periférico) por los que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, pagó 3 millones 357 mil pesos. De los 485 árboles o arbustos pagados, sólo se encontraron 52.

Las conclusiones de este organismo, la ASF, son devastadoras: “Ante la sociedad, el servicio público tiene una imagen negativa. Los actos y comportamientos que han generado esta percepción se dan en un contexto en el que las instituciones públicas no contemplan la integridad como factor decisivo para el cumplimiento de sus labores”.

Esta impunidad, advierte, podría impactar en los tres ámbitos de gobierno con efectos muy severos en el cumplimiento de la normatividad aplicable, en los resultados de programas y políticas, y en la manera como el ciudadano concibe al sector público y su desempeño.

Así, diagnostica la Auditoría Superior de la Federación, recomendó cualquier acción tendiente a fortalecer la integridad de los organismos públicos, es desarticulada por las propias unidades administrativas; además, no existe personal especializado en temas de administración de riesgos a la integridad y acciones anticorrupción.

Pide se fortalezca el papel de los órganos de auditoría interna como elementos profesionales e independientes, preventivos de actos irregulares en el sector público; y denuncia que los mandos superiores no tienen sensibilidad respecto a la ética e integridad; y que el nivel de desarrollo de actividades de promoción de valores y fortalecimiento de la cultura de integridad es incipiente.

Las modificaciones legales que propone la ASF, incluidas en su informe, seguramente serán una llamada a misa más, y pasaran al olvido, en una sociedad apática que ha perdido su capacidad de asombro.

jose.sobrevilla@gmail.com

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