Los “Intocables” y el Sistema Nacional Anticorrupción

La corrupción es el mayor y más nocivo cáncer de la vida pública.

Del dominio público

Carlos Reyes Romero/ A los Cuatro Vientos

 “Según el Foro Económico Mundial, la corrupción es la mayor barrera a la entrada para hacer negocios en México, aun por encima de la inseguridad.” Esto es así porque las manifestaciones “de la corrupción no sólo afectan el estándar de responsabilidad ética-jurídica de los servidores públicos y particulares relacionados con la función pública, sino que impactan en el crecimiento económico nacional.”

 “Según datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, para el año 2010, las mordidas para acceder o facilitar 35 trámites y servicios públicos alcanzaron los 32 mil millones de pesos. En el mismo año, el Índice registró 200 millones de actos de corrupción en los distintos órdenes de gobierno.”

“Según el Barómetro de las Américas, en 2010 el 77% de los ciudadanos encuestados percibieron índices altos de corrupción en el país.”

Estas afirmaciones no las hace este escribidor. No; de ninguna manera, aunque las suscribo. Están en las “Consideraciones” del Dictamen en sentido positivo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, que recién, el jueves 26 de febrero de 2015, aprobó la Cámara de Diputados y remitió a la consideración y en su caso aprobación de la Cámara de Senadores.

El dictamen va más allá y señala de manera por demás precisa y contundente:

“Resulta evidente que la corrupción trasciende militancias partidistas, proyectos ideológicos y órdenes de gobierno. La corrupción, como sostienen los estudios en la materia, ha logrado instaurarse en un sistema con capacidad de autorregularse y, por ende, de actualizar mecanismos de defensa frente a los esfuerzos gubernamentales por combatirla.”

Más claro ni el agua. La corrupción en México ha penetrado en todos los partidos, en todas las ideologías y en todos los órdenes de gobierno y se ha convertido en un sistema con capacidad de autorregularse y de actualizar mecanismos de defensa frente a los esfuerzos de la sociedad, diríamos nosotros, por combatirla.

Es tan importante el reconocimiento público de la naturaleza de este cáncer social que se hace en el dictamen referido, que por ello es lo sustantivo de esta reflexión nuestra.

Coincido también con los redactores del Dictamen en cuanto a que:

“En un régimen democrático, el servicio público apareja una responsabilidad agravada al tener la administración de las contribuciones ciudadanas para la toma de decisiones colectivas. En este sentido, el actuar de los servidores públicos se vuelve relevante: un acto de corrupción no sólo tiene implicaciones éticas, en específico contrarias al sistema axiológico (de valores y dignidad, nota nuestra) de las democracias constitucionales, sino que producen daños relevantes en el desempeño estatal”.

Y fundamentalmente a la sociedad, agregaríamos nosotros, porque los patrones de conducta social se rigen desgraciadamente más por lo que los ciudadanos ven que es permisible en el ejercicio gubernamental que en los valores éticos que nos inculcan en la escuela, en las iglesias y en la familia.

Tiene mucha razón el diputado panista Ricardo Anaya Cortés, quien de manera apasionada y vigorosa ha promovido junto con su bancada la iniciativa primigenia, que da origen a este dictamen y a la ahora minuta aprobada por la Cámara de Diputados: se trata de un acuerdo fundamental para la vida pública del país, que tendrá hondas repercusiones para la conquista del gobierno abierto, transparente y democrático, que tanto ambicionamos los mexicanos.

La reforma constitucional propuesta en este acuerdo servirá de base para que los ciudadanos podamos exigir que se avance todavía más en este rumbo, hasta erradicar el cáncer de la corrupción de todos los órdenes de gobierno y su consecuencia más grave: la impunidad.

Sin embargo, el edificio hermosamente construido por los redactores del dictamen y aprobado por los diputados, tiene dos enormes boquetes que ponen en tela de juicio sus nobles propósitos y amenazan con hacer nulos sus efectos.

El primero, es que mantiene intacto el sistema de inmunidad constitucional, comúnmente llamado fuero, que permite que haya servidores públicos de elite a los cuales no es prácticamente posible llevar ante la justicia administrativa y menos aún ante la justicia penal.

Actualmente para poder aplicar sanciones administrativas a los servidores públicos que gozan de fuero, primero hay que someterlos a juicio político y ganarlo… lo cual está en chino. Igual, para llevarlos ante la justicia penal cuando cometen algún delito, primero hay que hacerles un juicio de procedencia y ganarlo… lo cual es todavía más difícil, está en marciano.

Gozar de fuero es disfrutar prácticamente de impunidad durante el ejercicio del cargo y todavía un año más después de dejarlo.

LONDRES PROTESTA EPN CORRUPTO

Seguramente eso se refieren los autores del dictamen cuando hablan de la corrupción se ha convertido un “sistema con capacidad de autorregularse y, por ende, de actualizar mecanismos de defensa frente a los esfuerzos gubernamentales por combatirla.”, porque quienes gozan de fuero, son precisamente todos aquellos que hacen las leyes, aplican la justicia, ejercen la administración pública y quienes integran los órganos constitucionalmente autónomos encargados de arbitrar su elección, fiscalizar el uso de los recursos, vigilar su actuar y sancionar sus presuntas fallas administrativas o delitos.

Han estructurado un sistema de responsabilidades públicas que los hace prácticamente impunes; son “intocables”. Eso todo mundo lo sabe y lo ve cotidianamente.

En consecuencia, el Sistema Nacional Anticorrupción se aplicará únicamente a los servidores públicos que no gozan de inmunidad constitucional, de fuero pues; aplicará solo para los de abajo. Eso sí que ni qué.

El segundo boquete es todavía mayor. Para llevar ante la justicia penal a los servidores públicos que presuntamente hayan cometido “hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos”, primero habrá que presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que se creará y por supuesto dependerá de la PGR.

Y ahí es donde la puerca vuelve a torcer el rabo. Todo mundo sabe que las procuradurías de justicia, ahora llamadas fiscalías, aplican el principio jurídico pro persona, −que mandata aplicar a las personas físicas o morales el precepto jurídico que más les beneficia o el que menos les daña− mucho, mucho antes de que este principio adquiriera presencia y relevancia en nuestro orden jurídico nacional, pero a favor de los delincuentes y en contra de las víctimas.

Por eso el pueblo no ve en las Fiscalías, antes procuradurías, un ente promotor de la justicia sino de la impunidad y la compraventa de la ley.

El ministerio público ha devenido en una instancia que hace un uso político y faccioso de la Ley. Por eso los constituyentes de 1857 se negaron a crearlo; fue creado muchos años después mediante decreto del Ejecutivo.

AGUILA ESCUDO Y MOSCA

En las legislaciones democráticas modernas el ministerio público carece, y debe carecer, de la facultad de determinar el ejercicio de la acción penal, porque esa atribución debe corresponder única y exclusivamente a la autoridad jurisdiccional, a los tribunales.

Los presuntos delincuentes deben ser consignados directamente ante un juez, quien determinará si se le sujeta a proceso, para que a su vez en éste se determine si es culpable o inocente.

El nuevo marco constitucional del país avanza en ese sentido y en el de limitar el monopolio del ministerio público para ejercer la acción penal, desgraciadamente el Congreso de la Unión al emitir el Código Nacional de Procedimientos Penales permitió que en sus preceptos se colara la disposición de que quien acudiera directamente ante un juez en demanda de justicia penal, automáticamente renuncia a los servicios técnicos y de asesoría jurídica que debe otorgar el ministerio público. Se tiene que rascar con sus propias uñas.

La pelota está ahora en el Senado. Habrá que ver si los senadores tienen la visión y el patriotismo de resolver en esta coyuntura el dictamen pendiente en materia de inmunidad de servidores públicos, rescatando de la minuta original, aprobada por el Senado el 01 de diciembre de 2011, la figura jurídica de que tanto los servidores públicos como el presidente de la República puedan ser llevados ante la justicia sin la previa necesidad de un juicio de procedencia.

También conviene y urge para el bien de la nación y el efectivo combate a la corrupción, la impunidad y la injusticia, que se le quite al ministerio público la facultad de ejercicio de la acción penal y se le convierta en un fiscal efectivo, es decir en una instancia verdaderamente encargada de asesorar, representar y defender a las víctimas, quitándole la dualidad que prácticamente le otorga el Código Nacional de Procedimientos Penales de proteger tanto a la víctima como al acusado, lo cual siempre termina a favor de quien paga más, casi siempre de los delincuentes, máxime si son del crimen organizado.

Como en su momento le dijo el Senador Miguel Barbosa al Presidente Peña Nieto, cuando en materia de inmunidad éste puso por delante su pretensión de tener inmunidad absoluta:

«¿No qué todos parejos?»