Al fin, diputados aprueban en comisiones despenalizar difamación y calumnia en BC

Esperan poner fin a la criminalización de la expresión y la investigación periodísticas en la entidad.

Legislador perredista se equivoca y dice que Baja California “se encontraba entre las 25 entidades federativas del país” que consideraban estas conductas como delictivas, cuando en realidad son 12 los estados que aún cometen esa negligencia jurídica.

La posición reformista de los diputados para derogar los delitos de difamación y calumnias del Código Penal del Estado se da con ocho años de atraso a la implementación de la medida en el Código Penal de la Federación y el Distrito Federal.

El 8 de julio del 2013 la organización civil internacional Article 19 exhortó a la Legislatura y al gobierno de Baja California a derogar del Código Penal del Estado de Baja California los delitos de difamación y calumnia, así como cualquier otro que resulte una restricción desproporcionada al derecho a la libertad de expresión. Su petición no fue tomada en consideración por el entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán ni por los diputados de la XX Legislatura estatal. 

Congreso del Estado / A los Cuatro Vientos

La noche del martes 1 de julio, los integrantes de las comisiones conjuntas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales  y de Justicia, aprobaron la derogación para despenalizar los delitos de difamación y calumnia del código de procedimientos penales del Estado de Baja California.

Esto para tutelar la protección a los periodistas en la entidad  y  fortalecer  el derecho a la libertad de expresión.

Lo anterior lo manifestó el diputado  del Partido de la Revolucón Democrática (PRD), Roberto Dávalos Flores, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

“Se ha dado un gran paso  para atender una demanda de los periodistas  de Baja California, que se sentían acosados  y hostigados en el ejercicio de informar a los ciudadanos”, apuntó el legislador perredista.

Expresó que  a nivel federal  ya se había despenalizado  la injuria, la calumnia y difamación desde el pasado 13 de Abril del 2007;  pese a ello,  Baja California se encontraba entre  los 25 entidades federativas del país que consideraban estas conductas como delictivas.

GENTE TAIP BOCA

Al respecto, cabe precisar que hace un año la prestigiada organización civil internacional Article 19, que a nivel mundial protege los derechos de los periodistas, reveló que Baja California es una de las 12 entidades federativas que mantienen en su legislación penal los llamados delitos contra el honor (difamación y calumnia) y la sanciona con pena de prisión, incumpliendo recomendaciones internacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Dávalos precisó que con el acuerdo de las comisiones legislativas se van derogaran los artículos 185 al 197 del Código Penal y se reformará el artículo 394 BIS.

También se derogará el  artículo 394 BIS 1 del Código de Procedimientos Penales y adicionará el artículo 1794 BIS al Código Civil para el Estado de Baja California.

El diputado expuso que con esta derogación, se pondrá fin a  la criminalización  de expresiones  e investigaciones   periodísticas en Baja California, hecho que atentaba contra  los derechos más elementales de un ser  humano, que es la libertad de expresión.

“Ahora, Baja California formará parte del grupo de siete estados de la República Mexicana que   desaparecerán  de su legislación penal estos delitos, una vez que sea aprobada el próximo jueves en la sesión del pleno de la XXI  Legislatura  y publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado”.

También dijo que es importante recabar información, sobre hechos de periodistas  que se vieron afectados  por los delitos de injuria, difamación y calumnia  en la entidad, a fin de que se les pueda resarcir el daño que ellos y sus familias recibieron.

De igual forma reiteró su llamado   para trabajar  fuerte  a fin de esclarecer agresiones   y asesinatos de  periodistas, como es el caso de Héctor “El Gato” Félix Miranda  y Francisco Ortiz Franco, ambos del Semanario Zeta, “con quienes se tiene una gran deuda”.

Manifestó que en lo personal recientemente le tocó atender  dos casos, el del director del Semanario Expediente Público (Lorenzo Garibay Martínez) y el de la periodista Carmen Olsen, quienes  se han visto afectados en el ejercicio  libre de comunicar.

“Todo apunta a que el poder político es el autor intelectual de estas agresiones e intimidaciones”.