Baja California: adjudicación de fabricación de placas vehiculares bajo sospecha

El gobierno de Baja California adjudicó a la empresa Lazos Internacionales S.A. de C.V. la fabricación de más de 80 mil juegos de placas vehiculares, pese a que la empresa no cuenta con experiencia en la fabricación de matrículas y calcomanías, y, peor aún, tampoco cumple con las especificaciones establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Juan Carlos Cruz Vargas / Revista Proceso

Dicha empresa es propiedad de Carlos González Ortiz Mena, hermano del director de banca de inversión del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Francisco Antonio González Ortiz Mena, quien también funge como delegado fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

El pasado 28 de marzo Lazos Internacionales –cuyo dueño también es primo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena–,se vio beneficiada por el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid con un contrato por 16.4 millones de pesos para el abastecimiento de matrículas vehiculares.

No obstante, conocedores del ramo afirman que la empresa carece de experiencia en la fabricación de placas, mismas que deben cumplir con ciertos estándares de seguridad, y tampoco ha demostrado la solvencia moral y económica que le permita cumplir con el contrato.

A principios de este año, la Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California emitió la licitación pública número 32065001-016-14, correspondiente al suministro de placas y calcomanías vehiculares. Participaron las empresas Grupo Industrial DLV, Troquelados e Impresos S.A. de C.V., Placas Realzadas S.A. de C.V. y Talleres Unidos Mexicanos S.A. de C.V. (TUMSA).

Los tres consorcios se encuentran en la lista de proveedores autorizados para el suministro de dichos materiales, y son las únicas autorizadas por la SCT para concursar en ese tipo de licitaciones.

Sin embargo, el 26 de febrero pasado y de manera sorpresiva la Secretaría de Planificación y Finanzas canceló el concurso, según consta en el acta de la “Segunda Junta de Aclaraciones” del Comité de Adquisiciones, referente a la licitación mencionada.

Y lo hizo bajo el argumento de que no había recursos suficientes para realizar dicho gasto, debido al poco ingreso que había generado la verificación fiscal.

Un mes después y sin ninguna explicación, el gobierno de Vega de Lamadrid adjudicó el contrato de manera directa a Lazos Internacionales –que ni siquiera había participado en la licitación cancelada–, supuestamente porque fabricaría las matrículas a más bajo costo y las entregaría en menor tiempo.

Hasta la fecha el material no ha sido entregado. Pero, además, Lazos Internacionales elevó 7% el costo de las placas, con lo que la adjudicación directa quedó registrada como la más elevada en lo que va del gobierno de Vega de Lamadrid al desembolsar 16.4 millones de pesos.

Al respecto, José Luis Ruiz, representante legal de TUMSA, una de las empresas afectadas y que se amparó contra el gobierno del estado, afirma que en el beneficio directo a Lazos existe una explicación que apunta claramente a un conflicto de intereses.

Explica: “Francisco Antonio Ortiz tuvo una reunión, que está documentada por la prensa en Tijuana, con el gobernador de Baja California y con su secretario de Finanzas en agosto de 2013. Es una reunión normal, sólo es un antecedente”, dice en entrevista con Apro.

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Prosigue: “Lazos Internacionales es una empresa constituida en 1998, sin embargo, estuvo suspendida de 2002 hasta 2013, justamente en una fecha posterior a la reunión del director del fideicomiso del Fonadin y el gobernador” Vega de Lamadrid. Durante 11 años no tuvo operaciones.

“El hecho de estar en suspensión significa que no llevó a cabo ninguna actividad manufacturera, ni de comercialización con terceros, lo que imposibilita demostrar experiencia en la fabricación de placas como lo marcan las bases de licitación pública, elaborada en un principio por el gobierno de Baja California”, subraya Ruiz.

El 28 de marzo, añade, se hace la adjudicación directa y el registro de fabricantes se da el 9 de mayo. “También por ley no pudo haber participado en una licitación o en un contrato de adjudicación de placas sin tener el registro, lo cual también pone en entredicho la participación de la SCT”, dice.

Según el representante legal de TUMSA, el pasado 8 de mayo el gobierno de Baja California hizo el pedido de placas a Lazos Internacionales, sin que la empresa contara con el registro de fabricantes.

Un día después obtuvo dicho registro y el 22 de mayo ya contaba con la aprobación del diseño por parte de la SCT. Menos de dos semanas después, el 3 de junio, se autorizaron las series de fabricación.

“El tiempo en que la SCT le da el permiso y las series es menos de lo que te tardas en sacar un acta de nacimiento. Lo hicieron en una velocidad hiper-récord, y la parte en que la ley es muy cuestionable es que la empresa no tenía registro ante la SCT”, apunta el abogado de TUMSA.

Y lo que es todavía más extraño es que Lazos Internacionales no cuenta con trabajadores, obreros, ni personal calificado en materia de producción y manufactura. Tampoco tiene contratados servicios de outsourcing o de maquila con otras empresas, lo que deja de manifiesto que la empresa no se encuentra en condiciones de operar.

Además, no registra propiedades, edificios o terrenos en los que físicamente esté instalada y operando la maquinaria y equipo. Tampoco tiene ni realizó pagos por concepto de arrendamiento de inmuebles, ni de uso de plantas industriales, y mucho menos contrató pólizas de seguros que le permitan suponer la existencia física de la maquinaria y equipo.

En cuanto a solvencia económica, la empresa registra pérdidas por 300 mil pesos en su ejercicio fiscal anterior, asegura Ruiz.

Aún más: “Luego de revisar un reporte básico de incidencias legales, se menciona al propietario de Lazos y director de Fonadin con tres procesos, nivel 3, en señal de alerta. No tenemos el detalle de los procesos, pero uno de ellos es contra una afianzadora, y sólo puede ser que tuvo que cobrar por algún incumplimiento”.

KIKO VEGA SALUDANDO
Francisco Vega: más de la vieja corrupción (Foto: archivo).

Pese a esas irregularidades, el gobierno bajacaliforniano dio el millonario contrato a Lazos Internacionales. Y, además, las placas pueden ser fácilmente falsificables.

“Las placas de automóviles son un elemento de identificación del vehículo, muy parecido a un pasaporte o a un billete, y por ello deben tener muchos elementos que imposibiliten su falsificación. Si en el vehículo se lleva a cabo un delito, y si esas placas son falsas, si se hicieron en una troqueladora normal y se le puso pintura normal, no te sirve de nada. La mitad de los delitos del país se realizan en un automóvil”, alerta Ruiz.

Lazos Internacionales, subraya, no cumple con los elementos de seguridad en las placas que exigen la SCT y la Secretaría de Seguridad Pública, pero aun así se adjudicó el contrato directo a la empresa de Carlos González Ortiz Mena, hermano de uno de los principales funcionarios del Fonadin, Francisco Antonio González Ortiz Mena, quien en abril pasado etiquetó 11 mil millones de pesos para proyectos en Baja California.

Durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, el ahora directivo de Banobras fungió como director general de Financiamiento de Proyectos de la Secretaría de Finanzas local.

Ahora su responsabilidad es en el ámbito federal, y al menos en Baja California su familia ya ha sido beneficiada por un contrato millonario.

Lazos Internacionales fue constituida el 13 de noviembre de 1998 en la ciudad de Puebla, con un capital fijo de 51 mil pesos, y como accionistas figuraban Emiliano Peralta Proskauer, Lilián Ogazón Ábrego y Ana Luisa Desdier Galván.

En 2013 los fundadores cedieron las 51 acciones de la empresa (cada acción valían mil pesos) a Antonio Carlos González Ortiz Mena, quien, junto con Miguel Ignacio Larios Méndez, aparecen ahora como los principales accionistas.

Emiliano Peralta y Ana Luisa Desdier renunciaron a Lazos Internacionales, y González Ortiz Mena quedó como administrador único. Estos movimientos se efectuaron en el Registro Público de la ciudad de Puebla.

Actualmente la empresa tiene como actividad preponderante la “fabricación de corcholatas y otros productos troquelados”.