Buscan derogar los delitos de difamación y calumnia del Código Penal de BC

“Resultan desproporcionados y desmedidos, así como inhibidores del pleno derecho a la libertad de expresión”.

Congreso de Baja California

Jueves 26 de junio de 2014.- Los diputados Gerardo Álvarez Hernández y Francisco Barraza Chiquete, así como los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presentaron una iniciativa de reforma para derogar los delitos de difamación y calumnia establecidos en el Código Penal del estado.

Esto con el fin de que no exista una sanción privativa de la libertad hacia los periodistas que incurran en estas prácticas, sino una reparación económica proporcional al hecho.

Lo anterior, consideraron los inicialistas, en razón de que “la tipificación de los delitos de calumnia y difamación, también llamados delitos de prensa, como conductas penalmente sancionables, resulta desproporcionado y desmedido, y por ende inhibidor del pleno derecho a la libertad de expresión, que lejos de promover una práctica sana del periodismo, representa un mecanismo que amedrenta su libre práctica y daña la democracia”.

Resaltaron que los medios de comunicación, así como quienes laboran en ellos o se dedican de manera independiente a la labor periodística, ocupan un papel de suma importancia en la consolidación de la democracia, ya que son quienes ejercen de manera profesional, la importante labor de mantener informadas a todas las personas sobre los temas de interés público.

HIJO DE PUTA NO DIFAMA

Los inicialistas expresaron que esta iniciativa va en el sentido de armonizarla con la legislación federal y con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en atención a la Recomendación General 17 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esta iniciativa de reforma pretende derogar los artículos del 185 al 197 del Código Penal; modifica el artículo 394 bis y el artículo 394 bis 1, del Código de Procedimientos Penales del Estado; y adiciona un artículo 1794 bis al Código Civil para quedar como sigue:

“Artículo 1794 bis.- Toda persona que publique cualquier tipo de escrito, tendrá la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades o particulares quieran dar a las alusiones que les hagan en artículos, editoriales, columnas, párrafos, reportajes o entrevistas y similares, siempre que la respuesta se dé dentro de los ochos días siguientes a la publicación; que su extensión no sea mayor al triple del párrafo o artículo en que se contenga la alusión que se contesta, tratándose de autoridades o del doble tratándose de particulares, que no se usen expresiones contrarias a la dignidad de quien las publicó o a terceras personas y que no se cometa un hecho prohibido por la ley”.

La lectura de la iniciativa ante el Pleno del Congreso fue realizada por los diputados Armando Reyes Ledesma, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, Gerardo Álvarez Hernández y Francisco Barraza Chiquete.