Dueños de verificentros demandan por 410 millones de pesos al Gobierno del Estado

– Son 12 de los 16 propietarios que sostienen su demanda por el delito de “Responsabilidad Patrimonial”

– De perderse afectaría aún más los deteriorados presupuestos a Seguridad Pública y Desarrollo Social-

Congreso de Baja California / A los Cuatro Vientos

Mexicali.-Una demanda de  12 de los 16 propietarios  de  verificentros  en contra del Gobierno del Estado por el delito  de “Responsabilidad Patrimonial”, puede costarles a los ciudadanos de Baja California cerca de 410 millones  de pesos, informó el diputado del PRD, Roberto Dávalos Flores.

La legislación de responsabilidad patrimonial específica de Baja California determina que comete el delito de “actividad administrativa irregular” todo aquel funcionario o servidor público que cause daño a la persona, los bienes o los derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportarlo, en virtud de no existir fundamento legal, o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

La disposición legal, contenida en el artículo 3 de la mencionada ley estatal de Responsabilidad Patrimonial, incluye tanto los hechos como los actos administrativos.

La demanda de los dueños de verificentros se origina porque el gobierno de Baja California pospuso la entrada en vigor de la disposición de revisión de los vehículos automotores en el estado, provocando daños diversos a las empresas demandantes.

Dávalos, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, expuso que la demanda es real y los doce demandantes representan tres cuartas partes del total de los verificentros instalados.

VERIFICENTRO BC

El diputado del ala progresista del PRD,  dijo que estos son los efectos colaterales negativos  de la corrupción de la pasada administración y protegida por el actual gobierno.

Roberto Dávalos,  manifestó que las demandas interpuestas  son contra: La Secretaría de Protección al Ambiente, Secretaría de Planeación y Finanzas, Sub Secretaría de Finanzas, Procuraduría Fiscal y Dirección de Ingresos del Gobierno  del Estado de Baja California.

“Es importante que el Gobierno del Estado, salga a explicarle a los ciudadanos como  es que  no va a perder este caso. De perderlo  se estaría pagando  una cantidad exorbitante, totalmente fuera del presupuesto de egresos y causaría severos daños a los  de por sí disminuidos presupuestos de seguridad y desarrollo social, por citar un ejemplo”, precisó.

A esto se sumaría la cantidad de 74 mil 750 pesos adicionales que hasta ahora son pagos que han hecho los dueños de los verificentros a personal  que los ha demandado al haber sido despedidos.

Los  propietarios de estos centros exponen que estas demandas fueron provocadas por que no empezó en tiempo y forma  el  programa de verificentros como lo había aprobado la legislatura pasada.

Roberto Dávalos,  expresó que   esta cantidad de dinero –de perderse la demanda- se iría a  los bolsillos de empresarios  radicados en la Ciudad de México y se llevarían su “mochada” políticos y coyotes locales de diferentes dependencias públicas que impulsaron el programa corrupto de los verificentros en la entidad.