Detecta el Congreso de BC actos de corrupción en la paraestatal CESPE

Todo el peso de la ley a funcionarios que desfalcaron a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada por más de 300 millones de pesos.

El caso lo turnó la Comisión de Fiscalización y Gasto Público del Congreso del Estado a la Dirección estatal de Control  y Evaluación Gubernamental.

Hay un daño patrimonial  evidente y no se puede quedar solo  en denuncia pública, sino en acciones de tipo legal, afirma diputado perredista.

A los Cuatro Vientos

La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado recomendó ejercer acción legal  en contra de directivos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) que provocaron un daño patrimonial de más de 300 millones de pesos a la paraestatal, informó el diputado Roberto Dávalos Flores.

La resolución se turnó  a la Dirección de Control  y Evaluación Gubernamental del  Ejecutivo del Estado, que preside Francisco Vega de Lamadrid, para que en un plazo que no exceda  60 días, se apliquen las medidas correctivas.

Lo anterior derivado de un convenio  que la CESPE firmó en 2007 con  la empresa Tecnología y Control de Desperdicios, S.A. de C.V. , en el que se presume un acto de corrupción porque la dependencia incumplió una licitación de obra (la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras El Naranjo), con lo que perdió una demanda que costó al erario 182 millones de pesos.

La CESPE también presentó al cierre  del ejercicio fiscal 2012 -en cuentas por pagar  bajo concepto de cuotas y aportaciones  al ISSSTECALI-, un adeudo de 36 millones 911 mil 94 pesos, de los cuales 35 millones 818 mil 268 pesos corresponden al ejercicio  2012 y un millón 95 mil 826 pesos al 2011.

En otro caso, la Comisión Estatal -dijo el  diputado Dávalos, miembro de la Comisión  legislativa de Fiscalización del Gasto Público-, celebró con el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado (INDIVI) un contrato de arrendamiento con  fecha 1 de diciembre de 2011.

El monto del convenio fue de 4 mil 26 pesos mensuales más IVA, pero la CESPE no pagó el periodo  diciembre  de 2011 a diciembre de 2012, por lo que a la fecha acumuló un pasivo de 54 mil 680 pesos.

Y el 9 de febrero de 2012 la CESPE celebró un contrato  de suministro, supervisión de instalación y puesta  en marcha de deshidratado de lodos para una planta de tratamiento de aguas residuales con sistema de lodos activados.

PLANTA EL NARANJO
Vista aérea de la planta de tratamiento de aguas negras El Naranjo, también conocida como El Ciprés (Foto: internet)

Dicho contrato lo hizo con la empresa  Laval Tijuana, S.A. de C.V., bajo licitación pública número 8 CESPE-BC-2011-ADQ.-12BIS, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (3 de  enero de 2012), por un monto de cuatro millones 24 mil 428 pesos.

La paraestatal recibió el equipo pero por motivos desconocidos nunca lo instaló, por lo que hasta el miércoles 7 de mayo se encuentra  en los almacenes de la empresa pública.

El diputado explicó que  la instalación  y puesta del equipo de deshidratado de lodos debió  realizarse  el 11 de  agosto de 2012, pero en las inspecciones físicas hechas en la planta de tratamiento de  aguas residuales El Naranjo, ubicada en la calle  Ávila Camacho s/n en la colonia Praderas del Ciprés, no se encontró.

Entre otros actos de presunta corrupción en la CESPE, Dávalos resaltó la autorización  de créditos revolventes que terminaron en moratoria de pago.

Explicó que la Comisión realizó la contratación de dos créditos bancarios -los días 14 y 20 de septiembre de 2012-, por un monto de 10.5 millones de pesos.

La fecha de vencimiento de los documentos bancarios se fijó para el 21 de diciembre de 2012; sin embargo, al 31 de diciembre de 2012 la CESPE debía ocho millones 19 mil 19 pesos.

A esta serie de presuntas irregularidades el legislador sumó excesos en los topes legales para renovar líneas de créditos revolventes,  Las demasías suman más de 23 millones de pesos.

Y también se ubicaron convenios de prórroga en financiamiento temporal por más de 70 millones de pesos, dinero que la paraestatal no pagó a tiempo y así comprometió sus finanzas de manera negligente.

“Todas estas graves irregularidades deben ser sancionadas por la ley”, concluyó el representante popular.