Culpables conocidos… víctimas ignoradas

Pese a algunas sentencias por tortura, en México, la impunidad generalizada de los abusos contra los derechos humanos por parte de diferentes autoridades oficiales, sigue siendo un problema tanto en la jurisdicción civil como militar.

Alvaro De Lachica B./ A los Cuatro Vientos

Este pasado 30 de abril, en las instalaciones de la Casa del Migrante Scalabrini, en la ciudad de Tijuana, tuve la oportunidad de participar en compañía de otros integrantes de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., a una reunión con el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el señor Juan Méndez. Dicha relatoría fue creada en 1985 con el mandato de, entre otros, tramitar llamamientos urgentes a gobiernos para clarificar la situación de individuos que hayan sido o puedan estar expuestos a ser víctimas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; llevar a cabo visitas a los países para conocer sobre la situación y rendir un informe anual sobre el cumplimiento de su mandato.

En esta reunión, nuestra organización presentó un informe sobre la tortura en Baja California, documentando varios casos emblemáticos de tortura cometidos por militares y diferentes cuerpos policíacos, como práctica utilizada y que actúan impunemente. Nos tocó también, acompañar a familiares de víctimas de tortura, procedentes de diferentes municipios, incluida Ensenada, que presentaron directamente sus testimonios frente al relator.

relator onu juanmendez
Juan Méndez, Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En casi todos estos casos, la tortura se empleó como medio para obtener información, una confesión o testimonios que involucren a otras personas en delitos, o incluso como represalia por denunciar abusos e irregularidades de parte de autoridades. En la mayoría, los ejecutores de la tortura son miembros de las fuerzas armadas o funcionarios de dependencias de seguridad pública (policías, policías judiciales, ministerios públicos). Los métodos de tortura empleados son diversos, como por ejemplo, asfixia por bolsa de plástico, ahogamiento con agua, choques eléctricos, violencia sexual incluida violación, golpes, culatazos, aislamiento o incomunicación prolongada y amenazas.

En México, nadie puede ofrecer cifras exactas sobre la tortura, sin embargo, diferentes instituciones han documentado un aumento dramático de esta práctica desde el inicio de la estrategia de seguridad impulsada por Felipe Calderón en el sexenio pasado hasta nuestros días. Incluso, las quejas de torturas se han incrementado en un 500%. Sería deseable que autoridades encargadas de la investigación de los delitos respondieran con sanciones ejemplares y que contáramos con un alto número de funcionarios castigados por tan abominable práctica, pero por desgracia eso no ha sido así. No se cuenta con información clara sobre el número de sentencias de casos de tortura, en su informe más reciente, el Gobierno de la República reportó que a nivel federal se contaba con un registro de 119 sentencias entre 2005 y 2013, sin embargo, no se especifica qué tipo de sanciones se determinaron en contra de las personas responsables.

Desde 1998 a la fecha, México ha sufrido transformaciones constitucionales, legales e institucionales, ha ratificado prácticamente todos los tratados de derechos humanos y reconocido la competencia a prácticamente todos los órganos internacionales de supervisión de derechos humanos. Sin embargo, la tortura lejos de haber sido erradicada, en los años recientes se ha recrudecido.

“Me hubiera gustado poder decir que la tortura es aislada en México”, dijo el relator de la ONU, quien fue invitado por el propio gobierno mexicano. “Pero tengo la obligación de decirle al gobierno de México y también a la sociedad que hay una especie de la tortura que hay que corregir”. Dijo que al calificar de “generalizada” la tortura, no significa que se haga de manera sistemática, deliberada o masivamente o que haya altas autoridades que la ordenen o la impulsen. Implica, añadió, “que hay una presencia permanente del maltrato en los momentos de detención” y que es una práctica que se ha “normalizado” en las instituciones que adelantan los arrestos.

En Baja California, con algunas acciones de las autoridades de procuración de justicia, pareciera que nos quisieran decir que se ha perdido el derecho a tener derechos. Pero, ¿qué pasa si la autoridad a la que se le emite la recomendación no hace nada? ¿A quién se puede recurrir? ¿Qué se puede hacer cuando ya se hizo antesala en todas las dependencias posibles y hasta en el organismo de derechos humanos gubernamental los titulares cierran la puerta?

Lo que nos queda es seguir caminando como lo siguen haciendo los agraviados de tortura y sus familiares. En la medida que las personas nos reconozcamos como ciudadanos y ciudadanas con derechos, es más probable que no se nos sean violentadas nuestras garantías individuales, o que al menos, los responsables de ello tengan una sanción.

ALVARO DE LACHICA* Álvaro de Lachica y Bonilla. Médico cirujano. Miembro de Amnistía Internacional, de Greenpeace, de Alianza Cívica y de Médicos Sin Fronteras.Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
andale941@gmail.com