Torpeza política de Pelayo, fundamental para el caos financiero que hundió al Ayuntamiento de Ensenada

Fue la falta de oficio político del contador público Enrique Pelayo Torres lo que hundió en el caos a la administración pública, consideró el síndico procurador del nuevo gobierno de Ensenada Iván Barbosa Ochoa.

Al hacer un análisis de una parte de la problemática que Pelayo Torres dejó al gobierno que preside el profesor Gilberto Hirata Chico –en el programa radiofónico A los Cuatro Vientos del jueves 10 de abril-, Barbosa reveló que los 14 asesores jurídicos de la Sindicatura atienden actualmente alrededor de 500 asuntos que tienen que ver con presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos de Ensenada.

Y adelantó que tal y como el cabildo resolvió el tema del nuevo reglamento de desarrollo en el valle de Guadalupe, que fue eliminado por ser altamente perjudicial para la industria vinícola de Baja California, regidores, alcalde y síndico de Ensenada van a dar marcha atrás a otros asuntos polémicos: la concesión a particulares del servicio de alumbrado público, los permisos de uso de suelo a gasolineras y el permiso de uso de suelo para la instalación de una planta desaladora en las inmediaciones de La Lagunita El Naranjo.

En los dos últimos casos -advirtió- no se podrán eliminar o clausurar las obras hechas por las compañías privadas beneficiadas con los permisos, pero sí se aplicarán sanciones administrativas a los funcionarios municipales que aprobaron las anuencias.

En la entrevista –en la estación XS 92.9 FM de la ciudad de Ensenada-, Barbosa Ochoa informó que también sancionará el manejo ilegal de asfalto donado por Petróleos Mexicanos (PEMEX) a la pasada administración municipal -mil toneladas de asfalto AC-20, con un valor de casi 10 millones de pesos-.

Esta acción consistió –explicó- en que el ayuntamiento pagó a empresas privadas los costos de flete y almacenamiento del material proveniente de instalaciones de PEMEX en Monterrey, Nuevo León, con asfalto que la paraestatal donó para uso exclusivo del ayuntamiento.

Además, el síndico resaltó que las liquidaciones por poco más de cuatro millones de pesos que funcionarios de primer nivel de la pasada administración municipal se pagaron al concluir su gestión en noviembre de 2013, usando para ello recursos federales destinados al pago de nómina del Ayuntamiento, son legales.

Finalmente se pronunció a favor de que el ayuntamiento negocie con los trabajadores despedidos por la administración municipal para evitar que éstos demanden laboralmente y obtengan sentencias favorables, tal y como actualmente sucede con un costo muy elevado para un gobierno, que actualmente enfrenta más de 300 demandas en tribunales por un monto millonario en indemnización.

A continuación, la conversación con Iván Barbosa: