Procurador de los Derechos Humanos de BC viola derechos laborales de sus trabajadores

– Legisladores lo acusan de cometer constantes irregularidades en el manejo del gasto público, como incumplir numerosas normas hacendarias en el pago de prestaciones, honorarios, viajes y excesivos préstamos personales.

– La diputada Rosalba López Regalado exigió que el ombudsman se conduzca con transparencia y honradez.

– Empleados han denunciado maltrato e incumplimiento de prestaciones, al menos 20 demandaron al organismo por despido injustificado y se les adeuda más de cuatro millones de pesos.

Congreso de Baja California

Mexicali, B. C., lunes 7 de abril de 2014.- La diputada Rosalba López Regalado exhortó al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana (PDHyPC) de la entidad, Arnulfo de León Lavenant, a efecto de que realice sus funciones con respeto a las garantías fundamentales de las personas que laboran en dicho instituto

También que sus acciones  se apeguen a los principios de eficiencia, eficacia, perspectiva de género, transparencia y honradez.

La legisladora indicó que a través de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que preside, se tuvo conocimiento de diversas denuncias ciudadanas, incluso en notas periodísticas, sobre situaciones al interior de la institución relacionadas con maltrato hacia algunos empleados, incumplimiento en pago de prestaciones laborales, así como constantes irregularidades en el manejo del gasto público, las cuales incumplen numerosas normas hacendarias en el pago de prestaciones, honorarios, viajes y excesivos préstamos personales, entre otros.

Principalmente –dijo ante el Pleno en la pasada sesión ordinaria- han surgido problemas con los empleados al interior de la procuraduría, tanto en sueldos como en despidos que han propiciado liquidaciones masivas.

“Tristemente vemos que desde la llegada de Arnulfo de León Lavenant, de 2012 a la fecha, se han retirado 56 de los 92 colaboradores que recibió. No sabemos cuántos se fueron voluntariamente y estamos seguros que 8 no lo hicieron y superan  el millón y medio de pesos que se suman a al menos otras 20 demandas que a este momento sobrepasan ya los 4 millones de pesos en salarios caídos y prestaciones laborales, incluso el adeudo a un solo demandante ya ha rebasado los 800 mil pesos”, advirtió la congresista.

Aclaró que si bien la PDH cuenta con autonomía presupuestaria, los recientes señalamientos hacen creer que no se toma en consideración la fundamental obligación de invertir el recurso público en cumplir con los fines de tan noble instancia, sino para cubrir el desafortunado manejo de una mala administración.

“Dejamos de manifiesto que estamos observando el actuar del titular de la PDH y que seremos vigilantes para impedir y en su caso sancionar excesos en el ejercicio público, porque antes que autónoma, esa procuraduría es un órgano que ejerce recursos públicos, y eso la sujeta a supervisión de sus cuentas públicas, mismas a las que estaremos atentos en próximas fechas”, aseveró López Regalado.

El documento fue firmado también por el resto de los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN y aprobado de manera unánime por todos los diputados del Congreso del Estado.

Consultores no atendieron petición de Juicio Político al ombudsman

En noviembre de 2013, un trabajador despedido por De León solicitó a los integrantes del Consejo Consultivo de la PDHyPC  que promovieran un juicio político contra el ombudsman. No le hicieron caso.

A los Cuatro Vientos / Lindero Norte

Arnuldo De León hunde el trabajo que a favor de los derechos humanos hizo la procuraduría en Baja California (Foto: internet)
Arnuldo De León hunde el trabajo que a favor de los derechos humanos hizo la procuraduría en Baja California (Foto: internet)

En la carta que dirigió a los 14 consultores, el doctor Sergio Hernández Zinzún explicó que su petición se originó por la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos y de la nómina del personal, así como por el despido de trabajadores y el incumplimiento del pago de liquidaciones por parte del funcionario, puesto en el cargo por el ex legislador federal y ex candidato priísta a la gubernatura de Baja California, Fernando Castro Trenti.

Recordó que organismos ciudadanos dedicados a la defensa de los derechos humanos en Baja California, ya habían criticaron a la PDH por haberse convertido en un “circo de cuotas de poder”

Hernández Zinzún señaló “una variedad de faltas graves, y otras muy graves, sobre la utilización de los recursos públicos y de los bienes muebles e inmuebles, de la discrecionalidad para decidir los sueldos de los empleados incluido el del propio procurador, de préstamos y de las comprobaciones de gastos, y de asesorías y contrataciones de servicios profesionales externos, entre otras”.

Por estas conductas pidió además que De León fuera separado inmediatamente de su cargo en tanto se realizaban las investigaciones.

Consideró que el procurador “trasgrede los valores humanos más elementales, como la justicia y la equidad y los derechos constitucionales y humanos de las personas que han sido despedidas sin ofrecer ningún tipo de explicación, razón o motivo justificado”.

En el tema de los despidos injustificados, explicó que los procedimientos utilizados por Lavenant violaban la normatividad establecida en la Ley de la PDHPC y en el Reglamento Interior de la Procuraduría, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado, además de las leyes del Trabajo, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

Informó que por el despido de 50 trabajadores existían al menos 20 demandas laborales, “en las que los empleados despedidos estamos reclamando que se respeten nuestros derechos y que se nos haga justicia”.

Otros trabajadores de la Procuraduría esperaban a que se cumplieran los compromisos verbales que De León contrajo para el pago de liquidaciones, “pero los que firmaron convenios para recibir sus finiquitos se encuentran molestos por el incumplimiento de los abonos pactados, lo que provocó que en 2012 se embargaran bienes de la PDH”.

Asimismo, las plazas dejadas vacantes por los despidos no fueron cubiertas con nuevo personal, “lo que representa un enigma el destino del dinero presupuestado para el pago de la nómina”.

Y en el caso de nuevas contrataciones, agregó el doctor Hernández Zinsún, ingresaron familiares, amigos y recomendaos del titular del organismo.

“El procurador ha mantenido puestos de trabajo vacantes con la intención de ofrecerlos a recomendados de servidores públicos y representantes de elección popular con el propósito de obtener favores futuros”.

También denunció que en 2012 y parte de 2013 De León mantuvo a varios trabajadores laborando sin sueldo con la promesa de que iban a ser contratados, pero también incumplió su palabra.

Esta situación, agrega el escrito de Hernández, tuvo como consecuencia la pérdida de capital humano e institucional que se había logrado acumular con base a la experiencia, dedicación y compromiso, por lo que advertía que “son años de esfuerzo que el ombusdman ha tirado a la basura”.

Agregó que por ser la PDH un bien público y patrimonio de todos los bajacalifornianos, se debía proceder a la separación inmediata de Arnulfo de León, el inicio del procedimiento administrativo en su contra y de comprobarse la comisión de conductas ilegales, se le destituyera de su cargo, se le fincaran responsabilidades administrativas y se le inhabilitara para ocupar cargos públicos por el mayor tiempo posible.

El Consejo Consultivo no hizo nada de lo que se le pidió.