Cultura de la legalidad

 En aspecto de nuestro proceso de cambio político que aún debemos fortalecer es el desarrollo de la cultura de la legalidad como fundamento del Estado de derecho. Se ha demostrado que el respeto a la legalidad no es espontáneo, sino que tiene su origen en la herencia cultural de las sociedades. La cultura de la legalidad no se refiere solamente al comportamiento político de los miembros de una colectividad, sino a su adhesión o apego al conjunto de instituciones y normas que la integran.

Isidro H. Cisneros/ A los Cuatro Vientos

Dicho de otra forma, representa la aceptación jurídica y moral por parte de todos a las leyes previamente escritas y aprobadas por la sociedad. Para entender la cultura de la legalidad es importante establecer los efectos que tiene sobre las conductas de individuos y colectividades. La cultura de la legalidad tiene una pluralidad de significados, algunos contradictorios, y entre los más relevantes se encuentran aquellos que la conciben como un conjunto de recursos, reglas o pautas de comportamiento social y como mecanismos de autorregulación individual. De aquí su importancia para los procesos civilizatorios, caracterizados por la creación de ciudadanía y el triunfo de la modernidad sobre la tradición. En las sociedades de nuestro tiempo la cultura de la legalidad define las formas de actuación democrática.

El principio de legalidad significa primacía de la ley –en cuanto norma suprema- por sobre cualquier autoridad. Expresa una sumisión general al sistema jurídico y representa además, un mecanismo de seguridad y de garantía de funcionamiento ordenado del sistema de reproducción del derecho. El principio de legalidad actúa como elemento de estructuración sistemática del orden jurídico y exige no sólo determinados criterios o principios en su configuración, sino también el diseño y aplicación de los instrumentos necesarios para hacerlos valer. De un lado, el principio de legalidad permite distinguir “el buen gobierno del mal gobierno”, mientras que, por el otro, hace posible la distinción entre “el poder del derecho y el poder de hecho”. En suma, permite diferenciar un régimen democrático de otro autoritario.

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La política democrática tiene dos dimensiones: una de forma o de legalidad y otra de fondo o de legitimidad. La dimensión de forma se refiere al cumplimiento estricto de la ley, mientras que la dimensión de fondo está íntimamente vinculada con las normas e instituciones que hacen posible el desarrollo continuo de la democracia. El principio de legalidad considera que la ley es la expresión de la voluntad general, y por lo tanto, el acto a través del cual la comunidad nacional ejerce su poder de determinación autónoma. En el Estado constitucional de derecho la ley es la expresión de la voluntad general, según la cual no existe autoridad alguna que sea superior a la ley, estableciendo los límites y fundamentos de cualquier autoridad democrática. Sólo en nombre de la ley puede exigirse obediencia, de tal manera, que la legitimidad es también una expresión de la legalidad. La idea misma de ley proviene de una larga tradición doctrinal que ofrece los motivos por los cuales, es preferible el gobierno de las leyes por sobre el gobierno de las personas. Esta idea expresada desde el principio por los escritores antiguos se vincula con el ejercicio del poder mediante normas generales y abstractas, y en este sentido, bajo el principio de que la ley es igual para todos.

Dentro de las características esenciales de la cultura de la legalidad, se pueden mencionar aspectos como que la sociedad conozca las principales normas y leyes, y que exista la voluntad de asumirlas y respetarlas. Además, que se cuente con un gobierno organizado capaz de controlar y estructurar legalmente a la comunidad, incluso con sanciones por cualquier violación a la ley a través del monopolio legítimo de la fuerza. El gran filósofo alemán Immanuel Kant consideraba que la construcción de la ley debe basarse en categorías racionales y formales de valor universal y sin contenido concreto, que se proyectan desde la “razón pura”, es decir, el ámbito del conocimiento, o a través de la “razón práctica” o imperativo categórico, que es el referente ético universal de la libertad. Kant buscaba establecer las bases necesarias para el desarrollo de un derecho público, distinto del derecho privado o “del tuyo y del mío” típico del estado de naturaleza. Postulaba un derecho público que ofreciera la seguridad de la vigencia efectiva de la ley. Esa misma vigencia de la ley es un requisito indispensable para la consolidación de nuestro sistema democrático y de una conducta ciudadana conforme al derecho. De aquí la importancia de fomentar una cultura de la legalidad que permita arraigar en la sociedad mexicana el apego a las leyes, para que los individuos las acepten y tomen como suyas, como criterios de orientación de su actuar cotidiano, en un marco de respeto a la dignidad, la libertad y la equidad entre las personas.

zorro*Isidro H. Cisneros. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia. Ex Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal  (isidroh.cisneros@gmail.com    Twitter: @isidrohcisneros) agitadoresdeideas.blogspot.mx