Edil de Pachuca golpea y lesiona a su esposa, la cual se retracta de acusación penal

Pero es imposible otorgar el perdón, dice la Procuraduría pachuqueña.

Dinorath Mota / El Universal

María Virginia Ortiz, quien sufrió una fractura en la mandíbula a consecuencia de la golpiza que le propinó su esposo, el edil de Tepehuacán de Guerrero, Hilario Mendoza Benito, intentó retractarse de la denuncia penal que interpuso en diciembre para otorgarle el perdón a su marido. Sin embargo, autoridades estatales no lo aceptaron por tratarse de un delito que se persigue de oficio.

La presidenta del DIF de Tepehuacán buscó al procurador general de Justicia, Alejandro Straffon Ortiz, pero fue atendida por el director de Averiguaciones Previas, Cuauhtémoc Granados. El funcionario reveló que la víctima acudió a la Procuraduría de Justicia con la intención de otorgar el perdón legal al alcalde.

Sin embargo, se le explicó que en Hidalgo la Ley de Violencia Familiar impide esta posibilidad, o bien llegar a un acuerdo, debido a que en este caso las lesiones pusieron en riesgo la vida de la víctima, que dejarán una disminución de las facultades físicas.

Al matrimonio se le ha visto junto y hasta “caminan tomados de la mano”, de acuerdo con vecinos de Tepehuacán, donde han encabezado actos públicos, como el del 6 de enero con la entrega de juguetes por el Día de Reyes.

La presidenta del DIF se reintegró a sus labores desde el 5 de enero, fecha en que participó en la ceremonia por el nombramiento del nuevo director de Seguridad Pública municipal y, de acuerdo con personal de su oficina, mantiene recorridos por las comunidades.

A ambos funcionarios se les buscó vía telefónica, pero ninguno fue localizado ni respondió a los llamados.

Ayer, el fiscal Straffon Ortiz solicitó al Congreso local un juicio de procedencia en contra de Mendoza Benito, por los delitos de lesiones dolosas y violencia familiar en perjuicio de su cónyuge, que pueden llevarlo a prisión hasta 10 años.

ALCALDE GOLPEADOR PACHUCA

Las investigaciones y la integración de la denuncia, que quedó asentada en el número 12/DAP/540/2013, determinan la responsabilidad del inculpado, ya que los dictámenes periciales señalan lesiones graves que tardan 15 días en sanar, además de las declaraciones de los testigos que permiten determinar la presencia del inculpado en el lugar de los hechos.

El dictamen médico de la también presidenta del DIF municipal de Tepehuacán de Guerrero señala una fractura en el maxilar derecho, la pérdida de una pieza dental, además de que será evidente en su fisonomía el trabajo de cirugía que se le realizó. Ante ello, dijo que desde el lunes se envió la solicitud al Congreso local para que el presidente municipal sea separado del cargo y que las autoridades judiciales puedan ejercer acción penal.

De acuerdo con el Código Penal de Hidalgo, los delitos imputados al alcalde tienen una punibilidad, en el caso de lesiones, de dos a siete años de cárcel y multa de 30 a 200 días de salario, así como la pérdida del derecho familiar, por lo que la ley señala que puede alcanzar una pena de siete años más una mitad, lo que serían alrededor de 10 años de prisión.

Sobre la víctima, las autoridades indicaron que está con sus familiares en Tepehuacán; además, está bajo una custodia policiaca con una orden de restricción; pese a ello, se les ha visto juntos.

El procurador de justicia hidalguense aseguró que el edil labora normalmente, y aceptó que no se ha tomado ninguna medida preventiva para evitar que Mendoza Benito pueda huir ante un inminente desafuero.

En tanto, el presidente de la Comisión Instructora del Congreso del estado, Humberto Alejandro Lugo, precisó que la petición del juicio de procedencia fue recibida en el recinto legislativo el lunes, con el número de oficio 010/A1/2014, por lo que esta Comisión dará seguimiento para que en un plazo no mayor a 70 días hábiles, como marca la ley, se pueda dictaminar, conforme a derecho, la situación del edil.

“La Comisión Instructora buscará elementos que se integren para ver cuál es la probable responsabilidad del inculpado y en caso de que ya no tenga fuero quede bajo responsabilidad de las autoridades competentes. La ley de responsabilidades marca respecto al juicio político y declaración de procedencia que no debe de pasar de 70 días hábiles”, explicó.