Ordena Tribunal Agrario devolver terreno adjudicado a Sempra en Baja California

El Tribunal Unitario Agrario de Baja California resolvió que el Estado Mexicano emita el título de propiedad de 192 hectáreas arrebatadas al ciudadano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, quien fue despojado hace ocho años por el entonces gobernador Eugenio Elorduy, para adjudicarle esa propiedad a la trasnacional Sempra Energy a través de un título apócrifo, firmado por una supuesta dueña que para entonces había fallecido un año y medio antes de la irregular venta a la empresa estadunidense.

Roberto Garduño / La Jornada

Al concretarse el fraude por la enorme propiedad ubicada en el litoral de Ensenada hace ocho años, con la complacencia y abrigo del gobierno panista de Baja California, Sempra Energy despojó al dueño original de esos terreno, y por ahí instaló los ductos que comunican a una enorme planta regasificadora  y las plantas de generación de energía eléctrica de ciclo combinado en Mexicali.

Una de esas dos plantas de generación –que también es propiedad de Sempra- abastecen el mercado del sur de California en Estados Unidos.

El terreno fue restituido por las autoridades judiciales al dueño original en el año 2010, al demostrarse, ya desde entonces, la invalidez de la operación de compraventa entre la empresa trasnacional y una persona ya fallecida.

Cabe destacar que la defensa de la empresa trasnacional la han encabezado destacados miembros del Partido Acción Nacional (PAN), quien fungieron como funcionarios federales en las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Esos abogados son Antonio Lozano Gracia y Fernando Gómez Montt. Ambos han emprendido una defensa que ha llegado a convertirse en lobby ante el Consejo de la Judicatura Federal.

A estos se añaden los zedillistas Carlos Ruiz Sacristán y Luis Téllez Kuenzler. Ambos son integrantes del Consejo de Administración de Sempra México (hoy conocida como IENOVA). El primero, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), se desempeña como presidente de esa empresa en el país, y el segundo fue secretario de Energía con Ernesto Zedillo, y secretario de la SCT con Felipe Calderón, y hoy es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.

ENERGIA COSTA AZUL PANORAMICA
Y ahora, ¿qué sigue? (Fotos: Internet).

Ahora, el Tribunal Agrario confirma que el terreno es propiedad de Sánchez Ritchie, y ordena a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) –encabezada por Jorge Carlos Ramírez Marín- emitir la escritura correspondiente a favor del que siempre ha sido el dueño de esos terrenos.

Así, el pasado 19 de noviembre, el Tribunal Unitario en su expediente 7/2013 –del cual se tiene copia-, y con fundamento en el artículo 123 del reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, “condena a la SEDATU a través de su titular (Jorge Carlos Ramírez Marín), a que en un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efecto la notificación de esta resolución, expida a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, el título de propiedad que lo acredite como titular del predio Las Brisas, ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California, con superficie de 192-23-48 hectáreas, relativo al procedimiento de enajenación de terrenos nacionales 508823”.

Además la autoridad agraria ordena a la SEDATU a que, una vez que se expida el título de propiedad citado, ordene su inscripción en el Registro Agrario Nacional, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el estado de Baja California y en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal.

Incluso, en caso de que el secretario Ramírez Marín a través de la dependencia a su cargo no cumpla con su obligación, se le apercibirá con “medidas de apremio previstas en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 167 de la Ley Agraria”.

Este ordenamiento obliga a  los tribunales agrarios a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y, a su vez, los faculta a dictar todas las medidas necesarias para ello, incluidas las de apremio, en la forma y términos, que a su juicio, fueren procedentes.