Confirman: Osuna Millán facilitó la entrega de La Bufadora a ejidatarios

Particulares que ya ganaron juicios de amparo al ejido Coronel Esteban Cantú por la posesión de la zona comercial en La Bufadora, esperan ganar este mes de diciembre, en segunda instancia, la protección de sus derechos del Poder Judicial de la Federación.

A los Cuatro Vientos

De lograrlo, afirmó el representante legal de José Díaz Contreras, Francisco Álvarez Vargas y Virginia Díaz Moreno, sacarán de inmediato a los ejidatarios del que se considera el principal atractivo turístico de Baja California.

También se demostrará con amplitud que el gobierno de Baja California perdió el juicio de amparo con el ejido simplemente porque así lo quiso y por motivos aún hoy desconocidos.

Sin embargo destaca que los asesores legales de los ejidatarios -el grupo empresarial México Mediterráneo-, tienen planes para desarrollar un proyecto turístico-inmobiliario de primer nivel en La Bufadora.

El anuncio del abogado se dio momentos antes de que el profesor Gilberto Hirata Chico, presidente municipal de Ensenada, diera a conocer que el licenciado Víctor Miguel Bravo Mendoza, Juez Décimo de Distrito en Baja California, otorgó una prórroga de 12 días para que el ayuntamiento entregue a los ejidatarios los casi 15 mil metros cuadrados de terrenos en disputa..

Así, será hasta el próximo martes 17 de diciembre al mediodía cuando el XXI Ayuntamiento de Ensenada será nuevamente convocado por el juez federal a entregar física y materialmente la zona comercial de La Bufadora al ejido Coronel Esteban Cantú.

«Tenemos un acta de parte del juzgado de distrito donde le presentamos jurídicamente cuando nos constituimos como ayuntamiento. Bajo esa regla nos desistimos porque no estamos jurídicamente constituidos como fideicomiso», expresó Hirata luego de informar a unos 100 locatarios y sus familias de la prórroga que concedió el juez de Distrito.

NO A DESPOJO ESTEBAN CANTUMientras tanto el representante legal de las familias Díaz y Álvarez confió A los Cuatro Vientos que, paradójicamente, el Juzgado de Distrito que sentenció a favor de los ejidatarios en el juicio que éstos ganaron al gobierno del Estado, es el mismo que dictó a favor de sus clientes.

En efecto, ambas resoluciones se dan en el Tribunal del Juzgado V de Distrito del Centro Auxiliar de la V Región en Culiacán, Sinaloa, que actuó en apoyo al Juzgado X de Distrito en Ensenada, Baja California.

¿Por qué actuó el juez de esa manera?

Porque mientras el gobierno del ex mandatario estatal José Guadalupe Osuna Millán no cuestionó el interés jurídico del ejido en el caso, ni aportó pruebas periciales en topografía para defenderse técnicamente de la acusación de despojo que le hizo la representante legal del Esteban Cantú -el Grupo Empresarial México Mediterráneo-, los particulares sí lo hicieron.

El ejido -explicó el abogado- no tiene interés jurídico en la zona porque no acredita sus derechos por estar éstos indefinidos.

Ello sucede porque en el plano oficial del ejido, el polígono de dotación no esta cerrado, anomalía jurídica que el gobierno de Osuna Millán no aprovechó por motivos desconocidos.

De hecho esta irregularidad agraria ha sido utilizada con éxito por diversos particulares que han ganado al ejido juicios de amparo en la zona de la lengüeta arenosa del estero Punta Banda, y en otros predios de la zona conocida como Punta Banda (o Punta Brava).

Además, en la sentencia contra el gobierno de Baja California, el juez destacó que el perito designado por las autoridades responsables (gobierno del Estado) no rindió dictamen a pesar de haber aceptado presentar esa pericial en topografía, que es la prueba idónea para acreditar un dicho,

LA BUFADORA«Lo anterior -destacó el magistrado federal en su resolución- cobra particular relevancia ya que la dependencia inconforme parte de una falsedad ideológica al soslayar que no obstante que tuvo la oportunidad de allegar el dictamen correspondiente mediante prueba pericial en topografía, éste no se rindió en el juicio, lo que desde luego sólo puede perjudicar al recurrente (el gobierno estatal), toda vez que el allegamiento oficial de pruebas no alcanza para sostener que se debía recabar dicha prueba»

Al respecto, el abogado preguntó: – «Sin perito, ¿cómo alego?»

Agregó: – «Yo sí presenté peritaje topográfico para defender a mis clientes y logré echar abajo los informes técnicos que el ejido presentó durante el juicio, en donde incluyó el trabajo de un perito de la Procuraduría General de la República.

– «También cuestioné lo del polígono, que origina el nulo interés jurídico del ejido en la zona. Por eso ganamos la primera instancia y esperamos ganar la segunda, ya que el ejido presentó un recurso de revisión de la sentencia a nuestro favor y que creemos también vamos a ganar».

Respecto a sus clientes, el abogado manifestó que la dueña que vendió los predios a las familias Díaz y Álvarez es María Arcos, dueña del título de propiedad 420 de la Nación en la zona.

Esta mujer estipuló en los contratos de venta que el fenómeno marino de La Bufadora quedaba «para uso de la comunidad».

– «Estamos hablando de gente humilde, trabajadora, que tiene sus títulos de propiedad en orden y que compraron legalmente en una zona que presenta múltiples irregularidades agrarias, como lo es el hecho de que el ejido considera suyos terrenos que no le fueron dotados en el decreto presidencial.

– «Por eso cuando ganemos el asunto en segunda instancia (judicial) de inmediato sacaremos a los ejidatarios de los terrenos de La Bufadora» (A los Cuatro Vientos).