36 mil 606 feminicidios entre 1985 y 2009. Pobreza femenina, otra arista de la violencia.

Además de altos índices de agresiones físicas y sexuales, las mujeres carecen de empleo y condiciones de vida dignas debido a la política económica del Estado mexicano.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre 40 y 50 por ciento de las mexicanas ha vivido violencia física o sexual de parte de su pareja, lo que las coloca como las más violentadas de los países que pertenecen al organismo internacional.

Anaiz Zamora Márquez / CIMAC

prensaycomunicacioncimac@gmail.com

En su más reciente reporte, ¿Cómo está la vida? 2013, la OCDE señala que México no ha logrado garantizar a sus habitantes el acceso a una vivienda digna, condiciones ambientales adecuadas, servicios de salud, salarios justos, así como tampoco garantiza que la vida laboral sea compatible con la vida personal e individual.

De 10 puntos que esta organización calificó para su informe, nuestro país apenas obtuvo 3.42, lo que lo ubica en el penúltimo lugar de los 36 países miembros del llamado “club de los ricos”.

Que el Estado mexicano no garantice al 52 por ciento de la población una vida digna es violencia, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La norma define a la violencia económica como “toda acción pero también omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima”.

MUJERES POBREZAEl artículo 18 de la Ley General define como una modalidad de violencia a “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas”.

Para la economista especializada en género, Carmen Ponce, las políticas públicas creadas en México para atender a la población femenina no conciben a las mujeres como agentes activos, sino que las vislumbran como “mujeres pobres y carentes de tiempo propio”.

Sin derecho a una vida digna

Ejemplo de ello es Doña Mari, quien vive con su hijo de 15 años de edad en una pequeña recámara rentada. Es sobreviviente de violencia, ya que durante su embarazo fue golpeada, lo que provocó a su hijo sordomudez.

Su jornada empieza todos los días a las seis de la mañana, limpia su cuarto, prepara la comida y lleva a su hijo a la escuela antes de irse a trabajar en la limpieza de casas.

Por jornadas de más de nueve horas, Doña Mari recibe entre 150 y 200 pesos diarios, dependiendo de la casa en la que le toque hacer la limpieza; con ello paga la renta y tendría que pagar gastos de la escuela de su hijo, alimento y vestido, y si acaso le alcanza, enviar cada mes una pequeña cantidad a su familia que vive en Veracruz.

No le alcanza para ahorrar y todos sus ingresos los destina a las necesidades diarias.

Doña Mari forma parte de los 28.2 por ciento de hogares con jefatura femenina, pero que tienen los ingresos más bajos ya que destinan el 37.3 por ciento de sus ingresos a alimentación, según la Encuesta Nacional de Gastos en los Hogares.

Carmen Ponce refiere que la volatilidad en los precios de los alimentos es muy importante para la economía familiar porque genera pobreza alimentaria, pero este fenómeno sería menos importante si los salarios no tuvieran esos aumentos “de miseria” y pudieran recuperar su poder adquisitivo, se generaran suficientes empleos y se regularan algunos precios.

Si bien hoy 18 millones de mexicanas están dentro de la población ocupada, 11 millones no cuentan con servicios de salud (62 por ciento). Si de ingresos se trata, alrededor de 55 por ciento recibe dos salarios mínimos y seis de cada 10 trabajadoras ganan más de cinco salarios mínimos.

juárez maquiladorasPara la OCDE es fundamental que se incremente el bienestar de las mujeres, pues es la clave en la salud y desarrollo de sus familias y de la sociedad, toda vez que la salud de las y los menores de edad está “estrechamente” relacionada con el acceso de las mujeres a los recursos, así como a los servicios.

Con respecto a la salud, el organismo reportó también la ampliación de la expectativa de vida para las mexicanas, quienes llegan a vivir incluso 10 años más que sus parejas varones, lo que no necesariamente implica que vivan con mejores condiciones de salud y calidad de vida.

En otras palabras –dijo la OCDE–, las mujeres “se enferman y los hombres mueren rápidamente”. Por ejemplo, mientras en 2011 el 72 por ciento de los varones (en el promedio de los países miembros) reportaron gozar de buena salud, sólo 68 por ciento de las mujeres lo hicieron.

La especialista Carmen Ponce advierte que de no frenarse este empobrecimiento y de no asegurar a las mujeres el acceso a condiciones de empleo digno –debido a los cambios poblacionales futuros–, las adultas mayores serían el grupo poblacional más afectado.

36 mil 606 feminicidios entre 1985 y 2009

Sin contar los feminicidios registrados de 2010 a la fecha, el número de muertes de mujeres contabilizadas en 25 años, de 1985 a 2010 implicaría el “exterminio” de la población de Cocula, municipio de Jalisco conocido popularmente como La tierra del mariachi, señaló Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Iris Velázquez / NotieSe

Navarrete Gutiérrez informó que en un cuarto de siglo y sin contar los últimos cuatro años se han registrado 36 mil 606 feminicidios. Subrayó que la violencia hacia las mujeres en México es un acto normalizado que pasa desapercibido, incluso por ellas mismas y siete de cada 10 han sufrido un acto de violencia a lo largo de su vida.

Describió al feminicidio como el último eslabón de una “gran cadena de violencia” reforzada por una sociedad machista. Indicó que 5.6 por ciento de las muertes femeninas registradas corresponden a menores de cinco años.

FEMINICIDIO ALTO ALRechazó la creencia de que los hogares sean el lugar más seguro para las mujeres, pues precisó que 70 por ciento de las agresiones de carácter sexual se cometen en sitios de convivencia y por hombres conocidos de ellas, sobre todo del núcleo familiar. “El hogar constituye el espacio más inseguro para las mujeres”.

El representante de Inmujeres lamentó que ninguna de las entidades federativas del país esté exenta de reportar feminicidios. Precisó que Chihuahua ocupa el primer lugar en ese rubro, seguido por Baja California, Guerrero y Durango. En tanto, el estado de México ocupa el noveno sitio, el Distrito Federal el número 17, a la vez que Yucatán es la entidad con menor número de casos registrados.

“Identifica las señales”

Previo al Día Internacional Contra la Violencia de Género, a conmemorarse el 25 de noviembre, la empresa Avon presentó la campaña Identifica las señales, la cual consta de 16 videos que serán difundidos a través de redes sociales.

Laura Ramírez, gerente de Responsabilidad Social del corporativo mencionó que el objetivo de la campaña es “promover un estilo de vida sin violencia hacia la mujer y alertar sobre las distintas señales de agresión física, verbal y psicológica”.

En el evento estuvo presente Guitele Chernitzky, psicóloga y conductora del programa Alma-Cen, de la estación de radio 1260 de amplitud modulada, quien fungirá como vocera de la campaña. Ahí, aseguró que si un hombre controla la forma de vestir, hablar, actitudes e ingresos económicos de la mujer son indicios de violencia.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, 46.1 por ciento de las mujeres a partir de los 15 años en México sufrieron algún incidente de violencia por parte de su pareja a lo largo de la relación.

Televisoras normalizan violencia de género

Los medios de comunicación reproducen valores, actitudes, ideas, conductas, formas de pensar y de sentir que “normalizan” la violencia de género, las agresiones en el noviazgo, el acoso sexual y los asesinatos de mujeres, aseguraron académicas.

Anayeli  García Martínez / CIMAC

En una mesa de análisis en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, las especialistas Josefina Hernández Téllez y Lurdes Barbosa Cárdenas explicaron que ante la violencia que se genera desde los medios, son necesarias audiencias más críticas.

La profesora de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Josefina Hernández Téllez destacó que en un análisis que realizó en el año 2000 sobre el debate por la despenalización del aborto en Guanajuato, encontró que la prensa escrita no dio voz a las mujeres, pese a que el tema era de su interés.

Expuso que no se puede dejar de lado que la noticia construye y deconstruye el mundo y que los medios de comunicación dictan la agenda sobre “qué pensar, qué querer y qué soñar”, lo que significa que si una postura no pasa por los medios, en particular por la televisión, no existe.

La experta criticó que en la información las mujeres son objeto y no protagonistas. Ejemplo de ello es que en el periodismo de opinión ellas tienen escasa presencia, pues en su estudio Hernández Téllez encontró 84 artículos firmados por hombres y sólo 14 por mujeres.

La académica afirmó que aún prevalecen paradigmas dominantes en los que las mujeres no tienen voz, ni siquiera en los temas que se supone les afectan, como fue el debate sobre el derecho al aborto.

LAURA BROZOPor su parte, la analista de medios Lurdes Barbosa destacó que los medios de comunicación reproducen la violencia de género y los estereotipos de juventud y belleza. Mencionó que a través de la publicidad y la programación cotidiana se manejan emociones y se difunden ideas que educan a la población.

Destacó que la televisión es un instrumento idóneo para “normalizar y naturalizar” la violencia, toda vez que este medio de comunicación llega al 97 por ciento del país y eso significa que tiene el poder de mandar mensajes a lugares donde ni siquiera existen servicios básicos.

Como ejemplo mencionó que una telenovela puede lograr hasta 33 puntos de “rating” (audiencia), lo que equivale a 12 millones de personas que ven un capítulo televisivo al mismo tiempo, y es aquí, acotó, donde hay un “gran problema”.

Barbosa explicó que las grandes televisoras construyen personajes en las telenovelas y en programas como los noticiarios, donde se recrean protagonistas mujeres que son “buenas, nobles y abnegadas” y transgresoras que son “castigadas, encarceladas, asesinadas o que pierden la razón”.

Por ello dijo que es importante que quienes estudian o analizan los medios sean personas críticas que exijan mejores contenidos y demanden el cese de aquellos que discriminan o colocan a las mujeres en roles tradicionales o como objetos sexuales.

En otro tema, en la sesión plenaria efectuada el pasado 21 de noviembre en la Cámara de Diputados, se presentó un dictamen de la Comisión de Igualdad de Género para reformar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de que el Estado mexicano promueva que en las labores de comunicación social de las dependencias se eliminen estereotipos sexistas y discriminatorios, y se incorpore un lenguaje incluyente.

De acuerdo con el documento –que se discutiría en el Pleno de San Lázaro a fines de noviembre o principios de diciembre para su eventual aprobación–, para avanzar hacia la igualdad hay que establecer condiciones que favorezcan una cultura incluyente y una comunicación respetuosa de las diferencias, en especial en los medios de comunicación.

Falla atención a embarazadas con VIH-sida

* El sector salud las discrimina y no previene contagio perinatal

Anayeli García Martínez y Lizbeth Ortiz Acevedo / CIMAC

Aunque México se comprometió en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a que en 2015 ninguna niña o niño debería nacer con VIH, tal medida será difícil de cumplir ya que 47 por ciento de las mujeres embarazadas de este país siguen sin acceder a la prueba de detección, para saber si ellas y el producto en gestación son portadores del virus.

Jovenes_embarazadas_MILIMA20131108_0418_11La tercera semana de noviembre grupos civiles con trabajo en VIH/sida y mujeres seropositivas denunciaron los maltratos, discriminación y violación a los derechos humanos por parte del personal de salud sexual y reproductiva, toda vez que niega a las pacientes los métodos anticonceptivos o las obliga a la esterilización.

Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, organización civil especializada en VIH y género, realizó entre el segundo semestre de 2012 y el primero de 2013, un estudio con 337 mujeres seropositivas de entre 17 y 65 años de edad, en el que señala que 50 por ciento de ellas denunció no haber recibido atención integral en salud reproductiva, además de que se les negaron procedimientos médicos y quirúrgicos como revisiones ginecológicas, cirugías y atención de sus partos.

Participante en la presentación de la investigación, “Perla” –mujer queretana que vive con VIH desde hace 10 años– contó a Cimacnoticias que en su primer parto el personal médico que la atendió le realizó sin su consentimiento una salpingoclasia (ligado de las trompas de falopio), operación de la cual se percató hasta años más tarde cuando quiso volver a embarazarse.

Recordó que cuando le detectaron el virus, el médico –en clara violación a la secrecía del diagnóstico– primero le informó a su esposo y luego a ella de su estado de salud, y por si fuera poco la intimidó diciéndole que “su vida sexual había terminado y que iba a morir”.

“Perla” acusó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no le suministra antirretrovirales de forma completa y continua, ya que hay días en los que se queda sin medicamento hasta que se los vuelven a surtir, lo que la expone a infecciones y enfermedades.

Además dijo que no tiene acceso al preservativo femenino o a otros métodos de control natal, dato que constató Balance en su informe al sostener que 63 por ciento de las mujeres con VIH consultadas dijeron no haber recibido información sobre anticonceptivos diferentes o adicionales al condón, y que el 38 por ciento no recibió suficiente información para tener un embarazo de forma segura, además de que no se les asesoró para evitar la transmisión del virus por vía perinatal (de la embarazada al feto).

Eugenia López, directora de Balance, detalló que estos hallazgos detectados en conjunto con otras organizaciones como Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, Mujer Libertad, Grupo Convihviendo y Centro Ser, visibilizan la situación de las mujeres con el padecimiento, quienes son discriminadas al recurrir a los servicios sanitarios.

Ante este panorama, las organizaciones civiles demandaron acciones concretas de detección de cáncer cérvico uterino en mujeres con VIH, ya que el virus del papiloma humano (VPH) tiene una alta prevalencia entre ellas y su desarrollo es más acelerado, por lo que deben practicarse pruebas médicas dos veces al año.

Además pidieron campañas efectivas de prevención, así como la difusión de información sobre el vínculo que hay entre VIH y violencia de género, acceso a antirretrovirales, albergues y refugios, y atención adecuada a víctimas de violencia sexual.

Recomendaciones al sector salud

A lo anterior se suma la denuncia del Observatorio Nacional para la Prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH, agrupación que advirtió que en vez de que el sector salud refuerce la prevención de la transmisión perinatal del VIH, las autoridades sanitarias pretenden eliminar el lineamiento que dice que para realizar la prueba de detección del virus se requiere del consentimiento informado de la mujer embarazada.

Lo anterior se traduciría en una nula oferta de la prueba y no, como argumentan algunos especialistas y funcionarios, que todas las embarazadas tendrían acceso universal al estudio.

Organizaciones como la Fundación Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria y Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida explicaron que como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, se elabora un Plan Sectorial de Salud con el que se pretende este cambio que va en detrimento de los derechos humanos.

Por ello y a fin de divulgar una serie de recomendaciones a diversas dependencias del sector salud, como IMSS, ISSSTE, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida y las secretarías estatales, el Observatorio dijo que no debe desaparecer la consejería antes y después de una prueba de detección.

Betina Allen, del Instituto Nacional de Salud Pública, explicó que el personal que atiende a las mujeres debe respetar sus derechos y pedirles autorización para realizar una prueba, ya que de lo contrario hay riesgo de que no regresen y no sigan las indicaciones del tratamiento.

Destacó que en lugar de eliminar la consejería, cuando se entregue el resultado de una prueba de VIH el personal debe brindar a las mujeres información y educación para la salud para que, en caso de ser necesario, conozcan su tratamiento y atiendan su infección.

Las agrupaciones coincidieron en que debe mejorar la atención que se ofrece a las mujeres, respetar sus derechos, garantizarles información, el acceso a la prueba y el tratamiento, pues de lo contrario no se podrá reducir el número de niñas y niños que nacen con VIH, cifra que según Censida fue de 140 en 2012.

Al respecto, Marcela Tárano y Anabel Córdoba, integrantes de la Fundación Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria, señalaron que según una investigación que hizo el Observatorio en clínicas del DF, Jalisco, Chiapas, Tabasco y Veracruz, en la cual se entrevistó a 53 mujeres y 19 médicos y miembros del personal sanitario de esas entidades, se recomendó mejorar la atención a las mujeres gestantes con VIH que son discriminadas por su estado de salud.

Tárano dijo que un área donde se puede incidir es en los programas de estudio de profesiones como la medicina, psicología y trabajo social, donde las materias deberían incluir temas como las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH/sida desde un enfoque de derechos.

Córdoba mencionó que las mujeres entrevistadas, la mayoría indígenas, piden un trato humano, información clara y que se les ofrezca la prueba de detección, pues a sólo al 30 por ciento de ellas se les ofertó, por lo que recomendó que haya acceso al estudio y a los medicamentos antirretrovirales.

Entre otras recomendaciones, el Observatorio dijo que se debe garantizar el tratamiento a las mujeres gestantes, pero también a las y los recién nacidos en caso de ser necesario, pues para ellas es complicado adquirir los medicamentos cuando tienen que caminar en promedio cinco horas para llegar al centro de salud, y gastar entre 150 y 250 pesos por visita.