2011, año pletórico de corrupción en el gobierno de Ensenada

En su primer año de gobierno, la administración del contador público Enrique Pelayo Torres, alcalde de Ensenada que deja el gobierno el sábado 30 de noviembre de 2013, permitió que particulares y empresas privadas hicieran todo tipo de negocios irregulares con los fondos y patrimonio el ayuntamiento.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Los detalles del exceso criminal los proporciona el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (ORFIS), que al revisar las cuentas públicas del ayuntamiento por el ejercicio fiscal del año 2011, hizo 40 observaciones, nueve de las cuales provocaron que el auditor no aprobara las cuentas públicas de Egresos y de Patrimonio del edil.

Pero Pelayo logró ganar tiempo en el estallido de la corrupción en su primer año como administrador público cuando el XX Congreso de Baja California calificó -en comisiones y en el pleno- sus cuentas del año 2011 hasta el 20 de septiembre del 2013, pese a que el auditor superior de fiscalización (Manuel Montenegro Espinoza), emitió la opinión negativa a las cuentas del alcalde el 19 de diciembre del 2012.

El evidente manejo político electoral del resolutivo del Poder Legislativo –que fue igual para las cuentas públicas de los otros cuatro municipios de Baja California-, lo conoció A los Cuatro Vientos apenas el viernes 22 de noviembre.

La historia de la revisión fiscal a las primeras cuentas de Pelayo Torres cuenta cómo éste y sus funcionarios del área financiera y administrativa, tuvieron desde el 30 de marzo de 2012 hasta el  28 de septiembre del mismo año para corregir las observaciones que en ese periodo el ORFIS hizo respecto al manejo de la cuenta pública anual 2011.

Así, el 19 de diciembre del año pasado Montenegro concluyó que en su primer año de gobierno, la administración municipal que presidió el contador público Enrique Pelayo Torres:

PASA CAMION RECOLECTOR1.- Adjudicó de manera directa, sin licitación pública de por medio, el servicio de recolección de basura industrial en la ciudad de Ensenada, acción por la cual pagó poco más de 2.5 millones de pesos.de manera irregular a la empresa Recolectora de Desechos y Residuos King Kong, S. A. de C. V., compañía filial de Grupo Ecológico Nacional (GEN), que a su vez es concesionaria del relleno sanitario de Ensenada a través de su filial Promotora Ambiental La Laguna (PASA), la cual en noviembre de 2013 anunció el cierre parcial del relleno porque el ayuntamiento no le paga por el servicio desde septiembre de este año,

2.- Otorgó de manera directa la compra de 164 chalecos balísticos a una empresa –Miguel Caballero, S. de R. L. de C. V.- que no fue la beneficiada con un contrato ilegal que le dio al particular Germán Riviello Sánchez Guerra.

Esta compra debió contar con al menos  dos presupuestos diferentes y ser firmada por el secretario de Seguridad Pública Municipal -Florencio Raúl Cuevas Salgado-, cosas que se pasaron por alto en la operación mercantil.

Además, no hay evidencia objetiva de que la empresa proveedora y el particular beneficiado hayan realizado las pruebas balísticas a los chalecos, acción indispensable para garantizar la seguridad de las personas que los utilizarán.

3.- Compró un kid de video vigilancia urbana con un valor tres y medio veces mayor al que autoriza para ese fin el Subsidio (federal) para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN). Esto para favorecer directamente a la empresa Eisberg Tecnología Aplicada, S. A. de C. V.

Para ello comprometió al ayuntamiento a pagar poco más de 28 millones de pesos –diferencia entre lo que tenía autorizado a pagar por el kid de vigilancia (12 millones de pesos) y lo que se comprometió a pagar a la compañía privada (40 millones)-.

Al mismo tiempo mintió al decir que no había en México otras empresas proveedoras del “Sistema de Video Vigilancia Inteligente Blindaje Metropolitano”, supuestamente exclusivo de Eisberg Tecnología, ya que al investigar en el mercado el ORFIS encontró al menos otros cinco proveedores que cuentan con el mismo dispositivo.

CAMARAS SEGURIDAD4.- Adjudicó al particular Héctor Miguel Maymes Candolfi, sin la licitación pública que se requería para dar legalidad a la operación mercantil, la adquisición de 93 equipos tecnológicos para la Secretaría municipal de Seguridad Pública con un valor de un millón 180 mil 435 pesos.

El contrato de compra no tiene la firma de autorización del secretario de Seguridad Pública, no explica el motivo de la adquisición, no describe los equipos a surtir ni su tecnología, así como tampoco incluye el resultado de la investigación de mercado que soporte el procedimiento de contratación propuesto.

5.- Entregó a la compañía Motores de Tijuana, S. A. de C. V., de manera directa –sin licitación pública o invitación al menos a tres proveedores-, el contrato de compra de 32 vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con un valor de 14.7 millones de pesos. El titular de la secretaría de seguridad tampoco firmó ese contrato.

ROSARIO DE IRREGULARIDADES

Por lo que respecta al padrón general de bienes muebles del Ayuntamiento, el Órgano de Fiscalización detectó que el gobierno de Pelayo Torres no hizo ningún proceso para definir la situación legal de 226 bienes que identificó como “no localizables” y que tienen un valor de 3.5 millones de pesos.

También no llevó a cabo el proceso de baja de bienes muebles por la cantidad de 18.5 millones de pesos, patrimonio que no se encuentra en uso desde el año 2010.

Otra irregularidad ocurrió en el no registro contable de terrenos donados en el año 2010 al ayuntamiento por la autorización de diversos fraccionamientos en la ciudad y zona rural de Ensenada, predios que abarcan una superficie de 301 mil 32 metros cuadrados.

Asimismo se encontró que las cuotas y aportaciones del ayuntamiento al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado (ISSSTECALI), ya eran entonces un problema.

De septiembre a diciembre del 2011 el gobierno municipal dejó de pagar 38.8 millones de pesos por los dos conceptos descritos, pese a que descontó a sus trabajadores las asignaciones mensuales para la institución.

PREFERENCIA CATASTRAL

RECAUDACION CATASTRAL EDATambién se detectó que en 14 de 43 expedientes catastrales examinados por el fiscalizador, el ayuntamiento aplicó una tasa de uso de suelo incorrecta –la de casa habitación-, por lo que la administración de Enrique Pelayo dejó de percibir –tan solo en los casos revisados- 175 mil 971 pesos por concepto de impuesto predial.

Entre los 14 casos que el Órgano de Fiscalización estatal estudió –que representan casi el 32 por ciento de los expedientes explorados-, están:

Inmobiliaria San Diego Promotora Habitacional, que debió pagar la tasa de hoteles (3.57) y no la de casa habitación (2.60); María Guillermina Ortíz Sánchez (5.13, correspondiente a lote baldío en lugar de casa habitación); Bienes Raíces Peninsulares. S. A. de C. V. (5.13 por baldío en lugar de casa habitación).

Asimismo INM Zeta de BC, S. A. de C. V. (4.48 de tasa de uso de suelo por ser gasera en lugar de la que se le aplicó ilegalmente como casa habitación); Sindicato de Trabajadores de Cementos (3.86 por salón social en lugar de casa habitación); Scotiabank, S. A. (3.86 por turístico en lugar de casa habitación), e Inversiones y Bienes Raíces (4.38 por restaurante en lugar de casa habitación).

EL CARNAVAL

El festejo del carnaval 2011 también estuvo pletórico de irregularidades.

Para empezar, el ayuntamiento no registró los ingresos por concepto de derechos por la expedición de permisos para la ocupación de la vía pública y los permisos para la venta de bebidas con graduación alcohólica en las calles en donde se realizó la fiesta.

Tampoco publicó el plano que contuviera la ubicación de las zonas y puestos dentro del área de festejo, previo a la autorización del permiso, y no registró los ingresos por permiso para la instalación de juegos mecánicos durante el carnaval.

Asimismo, no se presentó evidencia de la entrega o notificación a la Dirección Municipal de Alcoholes de la relación de personas a quienes se autorizó la renta de espacios por parte del Patronato de Eventos Especiales para la venta de bebidas embriagantes.

Ello representó limitaciones al alcance de la revisión fiscal del convenio entre ayuntamiento y patronato, toda vez que no se pudo determinar la cantidad que se dejó de cobrar por concepto de derechos.

Finalmente, el ayuntamiento no dio cumplimiento al convenio referente a la entrega de remanentes de los ingresos del carnaval dentro de un plazo no mayor a 15 días naturales siguientes a concluida la fiesta, por conducto de la Tesorería Municipal, a manera de donación con motivo de la realización del carnaval.

ARRASTRES, COBROS ILEGALES, INCERTIDUMBRE JURÍDICA

GRUA AVANTIEn la concesión del servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos que el ayuntamiento pactó con la empresa Avanti Logística, S. A. de C. V., el cual significó ingresos al municipio por casi 170 mil pesos en el año 2011, se observó que el concesionario no reportó semanalmente al gobierno el informe sobre el servicio de arrastre por medios de grúas “para que se determinara la certeza en los pagos efectuados a la entidad” gubernamental.

Es importante señalar que en la revisión de la cuenta pública del Ayuntamiento de Ensenada correspondiente al año 2010, el ORFIS observó que la prórroga de la concesión otorgada a las grúas Avanti para el arrastre de carros detenidos o infraccionados por la Secretaría de Seguridad Pública, era ilegal y no cumplía con el convenio de concesión, por lo que la Sindicatura de Ensenada estudiaba la posibilidad de revocar ese contrato, acción que finalmente no concretó.

Por otra parte, en 2011 el Ayuntamiento de Ensenada cobró 3.1 millones de pesos por el trámite de expedición de pasaportes mexicanos ordinarios y extraordinarios con base a un convenio celebrado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero la revisión concluyó que dicha recaudación legalmente no existe en el acuerdo.

El Ayuntamiento también fue observado por el pago extemporáneo –un millón 366 mil 372 pesos- de actualización, recargos, gastos de ejecución y multas causadas por la entrega retrasada de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al ISSSTECALI por los ejercicios 1998, 2001, 2010 y 2011.

Por último, el auditor superior de fiscalización del estado expresa una preocupación:

“La entidad, al cierre del ejercicio (31 de diciembre de 2011), se encuentra sujeta a juicios (laborales y/o civiles) derivados del ejercicio de su gestión administrativa, existiendo incertidumbre respecto al efecto económico que se pudiese derivar de una posible resolución desfavorable de la autoridad correspondiente” (A los Cuatro Vientos).