Urge una reforma policial democrática en Baja California

Al inicio de la nueva administración estatal y en los albores de los próximos gobiernos municipales de Baja California, se ha agudizado la inseguridad a la par que los abusos de la Policía Estatal Preventiva y de las policías municipales, quienes ocupan ya el primer lugar en violaciones a los derechos humanos en la entidad al retirarse el ejército de las calles.

Raúl Ramírez Baena* / A los Cuatro Vientos

En memoria de Don Oscar Genel

“Los gobiernos pasan pero la policía queda”

Costa Gavras, cineasta franco-griego

Partiendo de que la Seguridad Pública es un derecho humano, es claro que ningún gobierno puede presumir una exitosa política de seguridad (como falsamente se publicitó en los gobiernos anteriores el caso de Tijuana), si las policías violan de manera sistemática los derechos humanos de la ciudadanía y de los propios policías, si personajes como Julián Leyzaola son considerados “héroes” por autoridades y algunos sectores de la sociedad.

Lo más preocupante es que no hay señales de cambio, de proyectos estratégicos que marquen un rumbo distinto para mejorar las cosas. Aún con los nuevos gobiernos, no es difícil prever que las policías van a salir de nuevo a las calles a hacer lo mismo de siempre: patrullajes sin plan específico, operativos especiales, detenciones arbitrarias de sectores vulnerables, operativos mochila y retenes; allanamientos y cateos ilegales, siembra de evidencias, falsas acusaciones, extorsión y tortura de detenidos, impregnados con altas dosis de corrupción e impunidad. Todo ello bajo la complacencia de los agentes del Ministerio Público del fuero federal y del fuero común que pueden frenar esos excesos.

La falta de una Cultura de los Derechos Humanos y el incremento de la violencia criminal permiten la impunidad, creándose la percepción popular de que todo es válido, incluso los abusos de autoridad, para hacer cumplir la ley. Así por ejemplo, la autoridad justifica el tratamiento del fenómeno migratorio, del comercio informal, de las adicciones, del buylling  y de las trabajadoras sexuales desde el ámbito de la seguridad pública, en lugar del ámbito social, como es la recomendación de la ONU.

Un elemento que resulta indispensable plantear es la relación entre políticas de seguridad y políticas sociales dentro de la concepción más amplia de la política criminal, pues un riesgo latente es considerar que la criminalidad tiene su base únicamente en el comportamiento individual y que no está relacionada con causas sociales, eximiendo la obligación del Estado de procurar una condición de vida digna a los sectores marginados en una sociedad profundamente desigual, donde también tengan plena vigencia los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Una de las manifestaciones más notorias de la crisis por la que atraviesan las áreas de seguridad y de procuración de justicia en Baja California, es la continua liberación por el Poder Judicial de personas detenidas por las policías preventivas e investigadoras. Lo más fácil para las autoridades, haciéndose eco en algunos medios de comunicación, es echarle la culpa de dichas liberaciones a los jueces o, de plano, al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Es evidente que los principales responsables de la impunidad son la mala integración de las averiguaciones previas por el Ministerio Público y las violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, la tortura y otras, por las policías, desde la detención misma de las personas, que anula ante los Jueces de Control (que en esencia son jueces de derechos humanos) las pruebas presentadas por estar contaminadas de origen. Como si no hubiera sido suficiente la lección que dejó a México el caso Florence Cassez.

RETEN MILITAR 2Hoy, las autoridades no pueden apostar a que el ejército va a salvarlos de la crisis de inseguridad. Ante el desgaste y descrédito que sufrieron las fuerzas armadas en el sexenio anterior, salvo excepciones como Michoacán, ahora se concentran en acciones de inteligencia.

Algunos cambios que se pueden hacer en una Reforma Policial

1.- Lo primero que las autoridades pueden hacer es voltear la mirada hacia el paradigma de la Seguridad Ciudadana, propuesto por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que platean policías comunitarias arraigadas a sus comunidades de origen, privilegiando el diálogo, la conciliación y la mediación de problemas, sobre la base de que la Seguridad Pública no es un asunto sólo de las policías sino de toda la administración pública en su conjunto; de la identificación de los “factores de riesgo” que inciden en la inseguridad y las adicciones y la detección y canalización de las demandas y necesidades de las comunidades.

El concepto tradicional de Seguridad Pública está vinculado a una visión del Estado que se preocupa más por garantizar el orden por el orden mismo; en cambio, la Seguridad Ciudadana remite a sistemas en los que se promueven modelos policiales acordes con la participación ciudadana. Además, la seguridad no se limita solamente a la lucha contra la delincuencia, sino que busca crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas;

2.- Hacer efectivo el Servicio Policial de Carrera para que los puestos de dirección y de mando, las vacantes y los nuevos puestos sean ocupados a concurso mediante convocatoria pública.

Esto ayudará a evitar los cambios discrecionales de mandos de una administración a otra y el arribo a estas posiciones de personas sin la experiencia y el perfil adecuado (obedeciendo al cumplimiento de las consabidas cuotas de poder), sin planes de desarrollo continuo, provocando el descontrol y el descontento al interior de las corporaciones por las injusticias cometidas;

POLICIAS EN ACCION

3.- Aunque es un mandato de carácter federal previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sistema de Control de Confianza debe ser revisado profundamente para impedir que se violen los derechos a la presunción de inocencias y a la información de los integrantes de las instituciones de seguridad pública sobre el resultado de los exámenes que se les aplica, y que no sea un acto de molestia prohibido por el artículo 16 constitucional. Los derechos humanos son universales e inalienables.

La onerosa operación de este Sistema no garantiza la detección, separación y sanción de policías corruptos.

Es incongruente que las autoridades, amparadas en la Constitución y en la ley arriba citada, obliguen a certificarse incluso a personal administrativo, de intendencia, de informática, académicos y otros integrantes de las instituciones policiales, que no son policías. En todo caso, se deben someter a Exámenes de Control de Confianza sólo aquellos elementos que, a consecuencia de una investigación ministerial u orden judicial, se presuma bajo sospecha fundada que estén involucrados en actos ilegales;

4.- Es urgente y necesario democratizar el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública estatal y los comités municipales respectivos, para que sus directivos e integrantes representen a varios sectores de la sociedad, no prioritariamente a empresarios, y que sean electos mediante convocatoria pública transparente, no nombrados por los gobernantes como lo es ahora. Este cambio es con el fin de que la sociedad civil participe efectivamente en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de seguridad pública.

5.- El respeto a los derechos humanos de las y los policías debe ser una política de Estado. Este suele ser un tema espinoso, evadido por las autoridades, que da lugar a constantes presiones si los policías no cumplen órdenes ilegales, debiendo ser cubiertas éstas a riesgo de recibir suspensiones, arrestos arbitrarios u órdenes de traslado a lugares alejados de sus domicilios, sin el pago de los viáticos y traslados correspondientes, simulados como “necesidades del servicio”.

Consecuente con los estándares nacionales e internacionales, deben implementarse también programas con Enfoque de Género al interior de las corporaciones, mediante actividades tendientes a prevenir y sancionar la discriminación, el hostigamiento laboral y sexual y la violencia en contra de las mujeres policías y custodias penitenciarias.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.