Siguen los abusos en los retenes carreteros de Baja California

La Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas y la Impunidad denunció excesos, abusos y agresiones de agentes federales en “retenes ilegales” en Baja California

Antonio Heras / La Jornada

Debido a ello propuso elaborar un protocolo que garantice la seguridad de los ciudadanos en tránsito y proteja la actividad de los integrantes de organismos de la sociedad civil que enfrentan riesgo en el desarrollo de sus actividades en el combate a la ilegalidad y el actuar irregular de servidores y funcionarios públicos.

Esta asociación emitió un “SOS preventivo” para solicitar e invocar el apoyo solidario de la sociedad civil y medios de comunicación, así como la actuación inmediata de las autoridades para que tomen medidas contra los malos elementos que contaminan el orden legal y el estado de derecho.

Luego de advertir que recurre a la denuncia pública por no existir confianza en las instituciones gubernamentales, el asesor legal de esta organización que trabaja en Baja California, Sonora y Sinaloa, Miguel Ángel García Leyva, señaló que los retenes atentan contra el derecho de tránsito, la integridad física, salud, libertad, seguridad, moral y patrimonio de miles de ciudadanos, los cuales son cometidos por “agentes activos y seudo agentes” de la Policía Ministerial de la PGR que actúan de manera ilegal e impune.

REVISION RETEN FEDERALDijo que es falso que en México se esté tratando de combatir las prácticas ilegales del pasado pues las ilegalidades siguen en aumento por el riesgo de ser víctima de servidores y funcionarios públicos de las aéreas de seguridad.

García Leyva advirtió que esta asociación civil ha sufrido amenazas, intimidaciones, actos viles, vejaciones, abusos de autoridad y prepotencia de servidores públicos amparados bajo el poder que les da “un uniforme, placa u oficio”, ante la “tibieza” de las autoridades.

En esta ocasión, dijo, denunciamos atropellos y excesos en los retenes supuestamente legales como en los clonados que se instalan a lo largo de la geografía nacional en perjuicio y agravio permanente de ciudadanos.

ABUSOS, AGRAVIOS E IMPUNIDAD

El activista viajó de Mexicali a San Luis Rio Colorado, Sonora, con la finalidad de integrar una comisión ciudadana en apoyo de víctimas de la violencia e impunidad.

En el trayecto se encontró con el primer retén-volanta, a la altura del kilómetro 12 de esta carretera una mujer con camiseta y pantalón azul sin siglas, nombre o insignia oficial, subió al autobús para hacer una revisión y respondió de manera afirmativa que era aduanales a la pregunta de una pasajera.

La señora le dijo que venía de San Bernardino, California, y que sus hijas habían mandado unas maletas con ropa, pero no quería tener problemas en la aduana.

RETEN POLICIA FEDERAL“La supuesta policía le contesto que un ratito más haría una revisión, ante ello comenté que no eran aduanales sino agentes federales, que eso lo viera en la aduana donde no tendría ningún problema, mientras la supuesta policía  revisaba a los pasajeros, sobre todo mujeres en su cuerpo, y pidió a la señora que bajara para hablar con una agente especial y la llevó a la parte trasera del autobús” dijo el abogado que narró que descendió también para auxiliar a la pasajera.

“Me acerqué y la señora se veía asustada porque dos hombres con camiseta y pantalón de color azul marino le estaban revisando las maletas. Una mujer morena de unos 23 años, con camisa blanca, pantalón y cachucha negros, con insignias semicultas, me preguntó quién era y qué quería, por lo que me identifiqué con el gafete de la asociación que colgaba de mi camisa, se fue para regresar acompañada de dos agentes federales que portaban rifles de asalto, quienes me pidieron mi identificación y dijeron que me retirara si no quería problemas”.

Cuando García Leyva les dijo que estaban usurpando funciones porque estaban acosando a la señora que se veía mal físicamente, llegaron las amenazas verbales de los agentes, se burlaron del hecho de ser abogado y me exigieron el original de cedula profesional.

Después quisieron llevarlo a un predio baldío, tras unas palmas que se encuentran a orilla de carretera, y al oponerse fue rodeado para acusarlo que obstruir su trabajo.

Después de una hora, cuando el camión siguió su marcha, la señora le confesó que le dio miedo porque los agentes le pidieron cinco mil pesos para dejarle las maletas.

De regreso a Mexicali, el jueves 29 de mayo, el autobús 206 de Transportes Integrados Mexicanos encontró un punto de revisión militar que mantenía una larga fila de autos, tráileres y un autobús.

RETEN FEDERALMientras el activista leía uno documentos, la misma mujer subió al camión para decirle al chofer que haría una revisión, quien le contestó que los pasajeros estaban molestos y cansados porque ya los habían parado siete veces en el camino. La mujer bajó para regresar con dos agentes federales, a quienes les molestó que García Leyva grabara el operativo.

Una pasajera que cargaba a un niño, “escucho y nos avisó que los agentes dijeron que me iban a levantar por problemático, a lo que entre ella y otros pasajeros me cubrieron para que me subiera al autobús, lo que hice por precaución”.

El autobús fue detenido de nueva cuenta al reiniciar el viaje, escasamente a 10 metros de distancia, para que cinco personas empezaron a desarmar algunas partes del interior del vehículo ante las protestas de los pasajeros por la tardanza y porque dejaron pasar sin revisión a ocho autobuses.

Otra pasajera escuchó que era represalia por culpa del activista, por lo que el camión duró retenido 90 minutos, mientras llegaban a ese punto de revisión camionetas con civiles a bordo que conversaban con los agentes.

En México cada día se vuelve más peligroso y riesgoso viajar por vía terrestre debido a la inseguridad que va en aumento ante la presencia de retenes instalados de manera dudosa, además de personas ajenas a las corporaciones policiacas que usurpan funciones, con la autorización de elementos activos y la inacción de ministerios públicos ausentes.

El abogado responsabilizó a la PGR de cualquier acto que ponga en peligro su integridad, libertad y su vida por las amenazas de que fue objeto en el retén instalado en la carretera Mexicali a San Luis Río Colorado.