Iniciativa de Ley para la Evaluación de la Educación en el Estado de Guerrero

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T ES

 LAURA ARIZMENDI CAMPOS, JESÚS MARCIAL LIBORIO, OLAGUER HERNÁNDEZ FLORES Y HÉCTOR APREZA PATRÓN, diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 50 fracción II de la Constitución Política del Estado; 126 fracción II, 127 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley para la Evaluación de la Educación en el Estado de Guerrero, conforme a la siguiente:

Exposición de motivos

El 13 de julio de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Educación, expedida como consecuencia de la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, mediante el cual el gobierno federal transfirió a las entidades federativas, con excepción del Distrito Federal, la educación básica y normal en todas sus modalidades. En este ordenamiento se estableció por vez primera la integración de un sistema de evaluación educativa en el que concurrirían tanto la federación como los estados y su operación se reglamentó en los artículos 29, 30 y 31, Sección 4. De la evaluación del sistema educativo nacional, Capítulo II del federalismo educativo, de esta Ley.

En junio de 1966 se consolida la integración del sistema nacional de evaluación educativa, con la implantación por la SEP del Programa de Instalación y Fortalecimiento de las Áreas Estatales de Evaluación, que para octubre del año 2001 incluía ya a la mayoría de las entidades federativas, con excepción de Chihuahua, Guanajuato, Tabasco y Zacatecas.

En el 2002 se creó, por decreto presidencial, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el cual inició propiamente la evaluación global y sistémica del sistema educativo nacional, particularmente de la educación básica.

Con todo el sistema nacional de evaluación educativa no tenía la fuerza legal ni institucional para realizar la evaluación a fondo del sistema educativo nacional ni para emitir directrices relevantes que mejoraran la calidad de la educación y su equidad.

El 10 de diciembre de 2012, el presidente Peña Nieto, presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación, la cual fue aprobada el 21 de diciembre de 2012 por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y actualmente está en proceso de ratificación por las legislaturas locales.

Con esta reforma constitucional se establecen a nivel nacional las bases para la creación de un servicio profesional docente, mediante el cual “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo.”

Asimismo, la reforma establece que: “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.” Y que la educación: “Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos.”

En la fracción III del artículo 3º constitucional, se establece que para la determinación de los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República (…) el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia…”

Con estas nuevas disposiciones se eleva a rango constitucional el mandato de que: “Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y

c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.”

También se establecen las bases para la integración del nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y para la designación de la Junta de Gobierno, que será el órgano de dirección del Instituto y que estará compuesta por cinco integrantes. La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida.

Por otra parte, en este nuevo ordenamiento se previene que en la Ley del Instituto para la Evaluación de la Educación, que el Congreso de la Unión deberá emitir en un plazo no mayor de seis meses, se “establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión”, así como “los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.”

Con esta reforma también se otorgan nuevas facultades en materia educativa al Congreso de la Unión al incorporar a la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución de la República, preceptos que le autorizan: “Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución;  y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.”

Por último, es importante destacar que la reforma educativa también contempla en el transitorio quinto, que: Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de esta Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente:

I.  La creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa. Al efecto, durante el año 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos, que permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas;

II.                  El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional docente. La evaluación de los maestros debe tener, como primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional. El sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades, y

III.                Las adecuaciones al marco jurídico para establecer más escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, y para prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.

De esto último es importante destacar la fracción segunda, por cuanto al “uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional docente.” Por lo que entraña para la reforma de la educación normal para maestros, tan necesaria para la mejora de la calidad de la educación, ya que sin cambios profundos en la calidad académica de las instituciones formadoras de docentes y en las encargadas de su actualización, capacitación y superación profesional, la calidad de la educación tendrá un futuro incierto.

La reforma educativa derivada de las reformas constitucionales reseñadas, descansa en el principio de que al tener mayor capacidad de iniciativa y autoridad en la toma de decisiones, y al existir una mayor participación de la sociedad civil en el avance educativo, el rendimiento de cuentas de las escuelas, los maestros y las instituciones se volverá una práctica común y un mecanismo para garantizar la calidad y el impacto educativo, al mismo tiempo que constituirá un paso más en la emancipación general de los mexicanos en general y de los guerrerenses en particular.

Con base en estos cambios constitucionales reseñados, se ha elaborado la presente Iniciativa de Ley para la Evaluación de la Educación en el Estado de Guerrero, con el propósito de ir concordando los esfuerzos nacionales y estatales para la mejora de la calidad de la educación, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos.

Desde hace varias décadas, los Planes Nacionales y Estatales de Desarrollo promueven una cultura de evaluación y autoevaluación que permita medir el logro de los estudiantes, el avance de los docentes, el impacto de acciones y programas en el aprendizaje de las personas, la evaluación de las políticas sectoriales y valorar hasta qué punto, de qué manera y en qué condiciones se están alcanzando los propósitos educativos.

Para ello, se requiere elaborar y aplicar mecanismos de evaluación que permitan identificar y dimensionar objetivamente las deficiencias del sistema educativo para su reordenamiento y saneamiento, así como para optimizar el uso de los recursos financieros, físicos, materiales y humanos necesarios para la ejecución de programas y acciones que refuercen la calidad educativa.

La insuficiente estructura y recursos para la evaluación integral ha impedido un avance sustancial en esta materia, además de que no existe un sistema de información educativa moderno y eficiente que ofrezca en forma oportuna un panorama actualizado de la educación estatal y que sea útil para la toma de decisiones, promueva la transparencia en el uso de los recursos públicos y que informe del impacto para alcanzar los objetivos previstos.

En el estado de Guerrero es imperiosa la necesidad de adoptar un nuevo modelo de gestión para la educación, que sea el eje rector para el fomento del trabajo en equipo; el desarrollo de liderazgos educativos compartidos con base en los principios de libertad y responsabilidad; con prácticas docentes flexibles acordes a la diversidad multicultural de los educandos y que propicie una planeación participativa en donde la sociedad impulse y motive una rendición de cuentas transparente y que sea veraz y oportuna; lo que incluye tomar en cuenta la pluralidad cultural, étnica y lingüística del estado para eliminar el rezago en la educación indígena, siempre con respeto a sus culturas, lo cual tiene significativa relevancia.

Es fundamental, en congruencia con el reclamo social de veraz rendición de cuentas, vigorizar la cultura de la evaluación educativa, impulsando la creación de una instancia responsable de realizar los estudios e investigaciones que permitan contar con un sistema de evaluación confiable, con un conjunto de indicadores educativos pertinentes y con los proyectos de innovación educativa que faciliten diseñar una estrategia de mejora y reposicionamiento del Sistema Educativo Estatal y que contribuya al desarrollo de Guerrero.

La existencia de instituciones nacionales e internacionales de evaluación educativa y las diversas pruebas de aprendizaje aplicadas por ellas, no nos relevan de la responsabilidad que como entidad federativa nos corresponde en cuanto a la evaluación y mejora sistémica de la educación que se imparte en Guerrero; antes bien demanda nuestra concurrencia estructurada, objetiva e integral.

Por consiguiente, resulta de la mayor trascendencia crear el Instituto para la Evaluación de la Educación en el Estado de Guerrero, el cual será la instancia encargada de conformar y coordinar el Sistema Estatal de Evaluación Educativa y de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo estatal en la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y normal para maestros, en escuelas públicas y privadas, incluyendo la educación inicial, la especial, la indígena, la de adultos, la formación para el trabajo y aquella que de acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, se imparta con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades; con excepción de las instituciones a que se refiere la fracción VII del artículo tercero de la Constitución de la República.

Atendiendo a su naturaleza y para el mejor cumplimiento de su objeto y funciones, se ha previsto en el cuerpo de esta Iniciativa de Ley que el Instituto sea un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que goce de autonomías técnica, operativa y de decisión.

De la misma manera, atendiendo a la urgencia de mejorar la educación que se imparte en el Estado de Guerrero y a fin de que su labor contribuya eficazmente a este propósito, el ámbito de acción del Instituto abarcará a todo el sistema educativo estatal, con la concurrencia que corresponde a la federación.

El Instituto contará –además de la Junta Directiva, que es su Órgano Superior de Gobierno– con el Consejo Técnico Académico, cuerpo colegiado de participación social, incluyente y plural, que tendrá, entre otras, la facultad de establecer los lineamientos técnicos y académicos que guiarán su trabajo y actividades de difusión, a fin de lograr su mejor desempeño y resultados.

Para propiciar una adecuada articulación del sistema educativo estatal con las instancias gubernamentales y con la sociedad, el Instituto podrá actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública, así como de las autoridades municipales y, cuando así lo requieran, de los sectores social o privado.

Para alcanzar los fines del Instituto, se le otorgan las facultades y atribuciones institucionales y legales que mejor aseguren su adecuado desempeño, entre otras, aquellas que le permitan ejecutar los actos de administración y de riguroso dominio que se requieran para el cumplimiento de su objeto y atribuciones.

Asimismo, para proteger la suficiencia financiera del Instituto se le otorgan facultades para establecer cuotas de recuperación por los servicios que preste, así como para allegarse fondos estatales, nacionales o internacionales, públicos o privados, para el financiamiento de sus programas, proyectos y actividades.

Para mejorar sustancialmente el sistema educativo estatal se necesitan programas y proyectos innovadores que contribuyan a reorientar el sistema educativo estatal hacia la formación de guerrerenses con una formación integral a la vez científica y humanista, técnica e informática; dotados de una sólida base de valores éticos, socialmente solidarios, comprometidos con el trabajo creador, dueños de un espíritu innovador, emprendedor y dinámico, respetuosos del medio ambiente y de las personas, con aprecio por nuestra diversidad cultural y étnica, con una cabal comprensión de la igualdad de géneros y que cultiven el gusto por las artes y la cultura.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 fracciones II y III de la Constitución Política Local y 8 fracciones II y III, 126 fracción II, 127 párrafos primero y cuarto, 137 párrafo segundo y 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, la Sexagésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien expedir la siguiente:

LEY PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de Guerrero en materia de evaluación educativa, en congruencia con las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes establecen para el Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

Artículo 2.- La coordinación estatal del Sistema de Evaluación Educativa, estará a cargo del Instituto para la Evaluación de la Educación en el Estado de Guerrero, el cual será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo estatal en la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y normal para maestros, en escuelas públicas y privadas, incluyendo la educación inicial, la especial, la indígena, la de adultos, la formación para el trabajo y aquella que de acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, se imparta con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades; con excepción de las instituciones a que se refiere la fracción VII del artículo tercero de la Constitución de la República.

Artículo 3.- Es objeto del Instituto para la Evaluación de la Educación en el Estado de Guerrero, en lo sucesivo el Instituto, coordinar el Sistema Estatal de Evaluación Educativa; para ello deberá:

a)    Velar y garantizar que la educación sea de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos

b)   Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

c)    Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y

d)   Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

e)    Presentar iniciativas de ley o decreto para la mejora de la calidad de la educación y del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

Artículo 4.- Para el ejercicio de sus funciones el Instituto para la Evaluación de la Educación en el Estado de Guerrero, en lo sucesivo el Instituto, contará con autonomías técnica, operativa y de decisión; tendrá su domicilio legal en la ciudad de Chilpancingo de los Bravos y podrá establecer oficinas en cualquier lugar del estado.

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes funciones:

  1. Estructurar y conducir el Sistema Estatal de Evaluación Educativa contemplando lo necesario para valorar en forma objetiva el Sistema Educativo Estatal y emitir directrices y recomendaciones tendientes al cumplimiento de los fines del proceso educativo y a la mejora de su calidad y resultados;
  2. Colaborar con la Secretaría de Educación Guerrero, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en las evaluaciones del sistema educativo estatal y nacional.
  3. Apoyar, a solicitud de las autoridades educativas federales, estatales o municipales, la evaluación de programas y proyectos prioritarios en el ámbito educativo;

IV. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como de las autoridades municipales y, cuando así lo requieran, de los sectores social y privado;

  1. Promover la cultura de la evaluación educativa en todos los ámbitos relacionados con la educación;

VI. Generar información básica y formular proyectos de innovación educativa;

  1. Suscribir acuerdos y convenios para promover políticas y programas tendientes a la elevación de la calidad educativa;
  2. Realizar todo lo necesario para difundir los resultados de su labor;

IX. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

Artículo 5.- Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el presente ordenamiento, el Instituto promoverá que el Congreso del Estado y las autoridades competentes prevean al menos lo siguiente:

I.  La creación de un Sistema Estatal de Información y Gestión Educativa, que permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas;

II. El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema estatal de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional docente. La evaluación de los maestros debe tener, como primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional. El sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades.

Artículo 6.- Para contribuir a la mejora de la calidad de la educación y al máximo logro académico de los educandos el Sistema Estatal de Evaluación Educativa, deberá:

I.          Establecer los referentes con los que se deberán comparar los resultados obtenidos en la evaluación de la calidad educativa, tanto en una perspectiva estatal como nacional, atendiendo las condiciones de nuestro estado;

II.          Definir las prioridades para desarrollar las investigaciones y evaluaciones que permitan conocer el estado que guardan los diversos componentes del sistema educativo estatal, principalmente en términos de calidad, pertinencia y equidad.

III.          Impulsar y estimular la formulación de proyectos de innovación, que atiendan problemáticas específicas.

IV.          Diseñar las estrategias para promover una cultura de la evaluación y de rendición de cuentas;

V.          Determinar las acciones para la evaluación de personas, instituciones y subsistemas y la del Sistema Educativo Estatal en su conjunto;

VI.          Fijar las políticas de participación ciudadana e institucional en la materia;

  1. Difundir los resultados de la evaluación, cuidando tanto el derecho a la protección de datos de las personas, como el de la sociedad a que se le rindan cuentas sobre el uso de los recursos públicos y el funcionamiento de los servicios públicos de interés general; en ningún caso, los resultados de las evaluaciones serán utilizados para tomar decisiones punitivas contra individuos.

Artículo 7.- Es obligación de las instituciones y autoridades educativas, públicas y privadas, otorgar las facilidades, la colaboración necesaria y la información oportuna que permita conocer la situación del Sistema Educativo Estatal; todas las instituciones que conforman este Sistema contribuirán a la evaluación e innovación educativa, tal y como dispone la Ley de Educación del Estado.

Artículo 8.- En las situaciones de carácter legal no previstas en el presente ordenamiento, se aplicarán de manera supletoria la Ley de Educación del Estado de Guerrero Número 158, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 433, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero, la Ley Número 255 del Presupuesto de Egresos y la Contabilidad Gubernamental del Estado de Guerrero y el Código Civil del Estado de Guerrero.

 CAPÍTULO II

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL INSTITUTO

Artículo 8.- El Instituto contará con los siguientes órganos:

  1.                 I.          La Junta Directiva;
  2.            II.          El Consejo Técnico-Académico;
  3.        III.          La Dirección General; y
  4.       IV.          El Comisario.

El Instituto contará además con la estructura técnica, académica y administrativa que apruebe la Junta Directiva y cuyas funciones se determinarán en su Reglamento Interior.

 SECCIÓN PRIMERA

DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Artículo 9.- Serán órganos de gobierno del Instituto la Junta Directiva y el Director General.

El Instituto contará con un Consejo Técnico-Académico, de carácter consultivo y las demás unidades que se señalen en su Reglamento Interior.

Artículo 10.- La Junta Directiva será el órgano superior de gobierno del Instituto y se integrará por los siguientes miembros:

  1.                      I.      El Titular del Ejecutivo del Estado, quien la presidirá;
  2.                 II.      El Secretario de la Junta Directiva, que será el Director General del Instituto, quien tendrá derecho a voz pero no de voto; y
  3.             III.      Doce Vocales, que serán:
    1. El Titular de la Secretaría de Educación del Estado;
    2. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado;
    3. El Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado
    4. El Titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado;
    5. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado;
    6. El Titular de la Contraloría General del Estado;
    7. El Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero;
    8. El Director General de uno de los Institutos y Universidades Tecnológicas del Estado, quien será nombrado por consenso entre ellos.
    9. El Rector de una de las universidades privadas, quien será nombrado por consenso entre ellas; y
    10. El Director General de una de las Instituciones de educación media superior, quien será nombrado por consenso entre ellas.

El Presidente de la Junta Directiva podrá invitar a participar como miembros de la misma a un académico de reconocido prestigio y a un representante del sector empresarial, con conocimientos en la materia.

El Presidente será representado en sus ausencias por el Titular de la Secretaría General de Gobierno y los Vocales por quienes designen para este efecto con el carácter de suplentes, mediante documento que se le remita a la misma Junta Directiva.

La Junta Directiva, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, de acuerdo al tema que se trate en su agenda, podrá invitar a representantes de otras dependencias o instituciones públicas nacionales e internacionales, estatales o municipales, así como a los de organizaciones privadas y sociales, quienes tendrán sólo derecho a voz.

Todo cargo en la Junta Directiva será honorario.

Artículo 11.- Para el cumplimiento de los objetivos del Instituto, la Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

  1. Aprobar y evaluar los programas institucionales del Organismo, escuchando la opinión del Consejo Técnico-Académico del Instituto, en lo sucesivo, el Consejo.
  2. Autorizar los planes de financiamiento y el presupuesto del Instituto, así como sus modificaciones, en los términos de la Ley Número 255 del Presupuesto de Egresos y la Contabilidad Gubernamental del Estado de Guerrero, las normas que dicte la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, y la demás legislación aplicable, escuchando la opinión del Consejo.
  3. Analizar y, en su caso, aprobar el informe anual del Instituto, que rinda el Director General, con la intervención que corresponda al Comisario y al Consejo;

IV. Aprobar los estados financieros del Instituto y autorizar su publicación, previo informe del Comisario y el dictamen de los auditores externos;

  1. Aprobar la estructura orgánica principal, el Reglamento Interior del Instituto, las Condiciones de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, así como las modificaciones que procedan a la estructura orgánica y funcional del Instituto, escuchando la opinión del Consejo;

VI. En general, realizar todos los actos y operaciones que sean necesarios para cumplir con el objeto general del Instituto en los términos del presente Decreto; y

  1. Las demás que le atribuyan este Decreto, otros ordenamientos legales y el Reglamento Interior del Instituto.

Artículo 12.- La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias trimestralmente y las extraordinarias que convoque su Presidente o el Secretario de la Junta Directiva, por instrucciones del Presidente, cuando se estime necesario.

La convocatoria deberá hacerse por escrito y ser notificada por fax o correo electrónico, cuando menos con antelación de tres días hábiles para sesiones ordinarias, y de un día hábil para las extraordinarias.

Las sesiones de la Junta Directiva serán válidas, en primera convocatoria, con la asistencia del Presidente y de al menos la mitad de sus integrantes; y en segunda convocatoria, con la asistencia del Presidente y de los integrantes que asistan.

Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de los presentes.

La Presidencia de la Junta Directiva tendrá voto de calidad en caso de empate.

Los acuerdos de la Junta Directiva versarán sobre los asuntos incluidos en el orden del día, salvo asuntos de urgente y obvia resolución que se darán a conocer a la Junta Directiva con ese carácter.

Artículo 13.- El Presidente de la Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

  1.       I.               Instalar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva y , en su caso, declarar legalmente constituida la sesión;
  2.   II.               Iniciar, concluir y, en su caso, suspender las sesiones de la Junta Directiva cuando así sea necesario;
  3. Dirigir y coordinar las intervenciones sobre los proyectos y asuntos puestos a la consideración de la Junta;
  4. Someter a votación los asuntos tratados;
  5.  V.               Delegar en los miembros de la Junta Directiva la ejecución de los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y programas del Instituto, y
  6. Las demás que le confieran este Decreto, otros ordenamientos legales y el Reglamento Interior del Instituto.

Artículo 14.- El Secretario de la Junta Directiva realizará las siguientes funciones:

  1.       I.               Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva, por instrucciones del Presidente de la misma;
  2.   II.               Dar lectura al orden del día;
  3. Llevar el registro de asistencia de las sesiones de la Junta Directiva e informar del Quórum legal al Presidente;
  4. Redactar las actas de las sesiones;
  5.  V.               Integrar y custodiar el archivo de la Junta Directiva;
  6. Colaborar en la redacción del informe de la Junta Directiva; y
  7. Las demás que le sean encomendadas para el debido cumplimiento del objeto y facultades del Instituto.

 SECCIÓN SEGUNDA

DEL CONSEJO TÉCNICO-ACADÉMICO

 Artículo 15.- El Instituto contará con un Consejo Técnico-Académico, de carácter colegiado, que será incluyente y plural.

El Consejo, será un órgano consultivo, asesor y promotor de las acciones de la evaluación, investigación e innovación educativa del Instituto.

El Consejo Técnico-Académico se integrará por los siguientes miembros:

  1.       I.               Un Presidente Honorario, que será el Gobernador del Estado;
  2.   II.               Un Presidente del Consejo, que será el Director General del Instituto;
  3. Un Secretario Técnico, designado por el Director General, quien sólo tendrá derecho de voz pero no de voto;
  4. Los Titulares de las Direcciones Operativas que establezca el Reglamento Interior del Instituto; y
  5.  V.               Cuatro Vocales Consejeros.

Los Vocales Consejeros serán nombrados por invitación de la Junta Directiva; podrán ser servidores públicos, académicos, investigadores, instituciones educativas u organismos o asociaciones públicas o privadas del Estado de Guerrero, con conocimientos, especialización o injerencia en los temas de evaluación, investigación o innovación educativa.

Para el adecuado cumplimiento del objeto y facultades del Instituto, los Vocales Consejeros durarán en su encargo seis años y serán designados de manera alternada.

Para este fin, constituida la Junta Directiva, por única ocasión, invitará a dos Vocales Consejeros para ser miembros del Consejo durante los tres primeros años y a otros dos por un período de seis. En lo sucesivo los nuevos Vocales Consejeros serán invitados a formar parte del Consejo por seis años.

Sólo podrá sustituirse a los Vocales Consejeros por renuncia, fallecimiento, incapacidad permanente, inasistencias o faltas graves, de acuerdo con lo establecido al efecto por el Reglamento Interior y siguiendo con el procedimiento aprobado en el mismo. En tal caso, los Vocales Consejeros sustitutos concluirán el período para el cual fueron designados los integrantes sustituidos.

Los Vocales Consejeros tendrán carácter honorífico, por lo que no percibirán remuneración alguna por el desempeño de sus funciones. Los representantes de la iniciativa privada e instituciones educativas particulares no serán por motivo de este encargo considerados servidores públicos.

Artículo 16.- El Consejo Técnico-Académico tendrá las siguientes facultades:

  1.            I.          Establecer los lineamientos técnicos y académicos que guiarán el trabajo del Instituto y sus actividades de difusión;
  2.        II.          Proponer a la Junta Directiva una terna para designar al Director General del Instituto. Así mismo podrá proponer su remoción;
  3.   III.          Asesorar a la Junta Directiva y al Director General para el mejor desempeño de sus atribuciones y dictaminar sobre las cuestiones de naturaleza técnica y académica que dichas instancias sometan a su consideración;
  4.  IV.          Conocer y emitir opinión acerca de los programas institucionales y los planes de financiamiento que elabore la Dirección General y recomendar a la Junta Directiva su aprobación;
  5.       V.          Dictaminar sobre la calidad de los instrumentos que utilice el Instituto, indicando si reúnen las condiciones para ser utilizados operativamente, así como valorar sus aspectos académicos, técnicos y sociales;
  6.  VI.          Evaluar técnica y académicamente los informes que presente la Dirección General en relación con los resultados de los programas de trabajo del Instituto y, en su caso, recomendar su aprobación por la Junta Directiva;
  7. Presentar la propuesta para la definición de la política estatal de evaluación, a que se refiere el Artículo 5 de este Decreto;
  8. Emitir opinión sobre el proyecto de Reglamento Interior, las Condiciones para el Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico y sobre las modificaciones que procedan a la estructura orgánica y funcional del Instituto;
  9.  IX.          Aprobar el Manual de Organización General del Instituto y los correspondientes de Procedimientos y Servicios al Público;
  10.       X.          Establecer las políticas generales y prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto, relativas a la investigación e innovación, la productividad, comercialización de servicios, rendición de cuentas y administración general;
  11.  XI.          Establecer lineamientos generales sobre las remuneraciones por la realización de trabajos del Instituto o en su caso, autorizar proyectos específicos;
  12. Fijar las bases, así como los montos mínimos, máximos y actualizaciones de las cuotas de recuperación por los servicios que preste el Instituto;
  13. Las que le confieran el Reglamento Interior del Instituto, las demás disposiciones jurídicas aplicables, así como las derivadas de los acuerdos de la Junta Directiva.

El Consejo podrá trabajar en comisiones temáticas o funcionar en pleno conforme lo determine el Reglamento Interior.

Artículo 17.- El Consejo celebrará sesiones ordinarias bimestralmente y las extraordinarias que convoque su Presidente Honorario o el Presidente del mismo Consejo.

Las sesiones del Consejo serán válidas, en primera convocatoria, con la asistencia del Presidente Honorario o del Presidente del Consejo y de al menos la mitad de los directores del Instituto y de los vocales, y en segunda convocatoria, con la asistencia del Presidente Honorario o el Presidente del Consejo, de los directores del Instituto y de los vocales que asistan.

El Consejo sesionará de acuerdo al calendario anual de sesiones ordinarias. De no haberse aprobado, al término de cada sesión se citará a los presentes a la siguiente sesión, enviando convocatoria a los integrantes que no hubiesen asistido.

Artículo 18.- Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes y, en caso de empate, quien presida la sesión tendrá voto de calidad.

 SECCIÓN TERCERA

DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 19.- La Junta Directiva, designará y, en su caso, removerá al Director General del Instituto, tomando en cuenta la terna que le proponga el Consejo.

El Director General durará en su encargo cuatro años, pudiendo ser designado por un período más. Debe contar con experiencia en la materia del Instituto.

Artículo 20.- El Director General del Instituto, tendrá las siguientes atribuciones:

  1.            I.          Asistir a las sesiones del Consejo, en su carácter de Presidente del mismo; y a las de la Junta Directiva en su carácter de Secretario;
  2.        II.          Representar y administrar legalmente al Instituto;
  3.   III.          Ejercer dentro del ámbito estatal las atribuciones que le correspondan en virtud de la legislación federal en materia de evaluación educativa;
  4.  IV.          Representar al Gobierno del Estado en materia de evaluación, investigación e innovación educativa ante cualquier instancia pública o privada, federal, estatal o municipal, nacional o extranjera;
  5.       V.          Celebrar toda clase de contratos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento del objeto y atribuciones del Instituto;
  6.  VI.          Ser Apoderado General con facultades para:

a)  Realizar todos los actos de administración que requiera la buena marcha de las operaciones del Instituto, en los términos del Código Civil vigente en el Estado;

b) Defender los bienes y derechos del Instituto con facultades para pleitos y cobranzas, inclusive promover y desistirse del juicio de amparo, y representarlo ante todas las autoridades administrativas, laborales, civiles y penales; y

c)  Celebrar, a nombre del Instituto, actos cambiarios y operaciones de crédito, pudiendo, en consecuencia, expedir, emitir, suscribir y girar títulos de crédito y realizar en los propios títulos todos los actos que reglamenta la Ley de la materia; así mismo, ejecutar los actos de administración y de riguroso dominio que se requieran para el cumplimiento del objeto y atribuciones del Instituto.

  1. Elaborar la propuesta para la definición de la política estatal de evaluación, investigación e innovación educativa a que se refiere el Artículo 5 de este Decreto;
  2. Presentar a consideración y aprobación de la Junta Directiva el proyecto de Reglamento Interior del Instituto, las Condiciones de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, así como las modificaciones que procedan a la estructura orgánica y funcional del Instituto, considerando la opinión del Consejo;
  3.  IX.          Elaborar el Manual de Organización General del Instituto y los correspondientes de Procedimientos y Servicios al Público;
  4.       X.          Elaborar anualmente los planes de financiamiento y el proyecto de presupuesto del Instituto, para someterlo a la aprobación de la Junta Directiva;
  5.  XI.          Formular y presentar al Consejo y a la Junta Directiva los programas del Instituto;
  6. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva y el Consejo;
  7. Elaborar y someter a la Junta Directiva y al Consejo el informe anual del Instituto; el avance de programas, estados financieros, cuenta pública y los que específicamente le solicite aquélla;
  8. Autorizar la creación de comisiones y comités técnicos especializados que coadyuven al cumplimiento del objeto del Instituto;
  9. Establecer procedimientos de evaluación que destaquen la eficiencia con que se desempeñe el Instituto, y presentar a la Junta Directiva y al Consejo los resultados de la evaluación de gestión;
  10. Contratar, nombrar y remover al personal del Instituto y en general llevar las relaciones laborales del Organismo con sus servidores;
  11. Delegar en el personal a su cargo las facultades necesarias para la realización de actos concretos; y
  12. Las que le confieran las demás disposiciones jurídicas aplicables, así como las derivadas de los acuerdos de la Junta Directiva.

 SECCIÓN CUARTA

DEL COMISARIO

 Artículo 21.- El Gobernador del Estado a propuesta de la Contraloría General del Estado y en los términos de la legislación aplicable designará al Comisario propietario y al suplente y, en su caso, los removerá. El comisario deberá llevar al cabo las funciones de vigilancia y control de la operación del Instituto.

Artículo 22.- El Comisario tendrá las siguientes facultades:

  1.                 I.          Vigilar que los gastos, cuentas y administración de los recursos del Instituto se encaminen adecuadamente para el cumplimiento de su objeto y facultades, ajustándose en todo momento a lo que dispone este ordenamiento, los planes y presupuestos aprobados, así como otras disposiciones aplicables;
  2.            II.          Solicitar la información y documentación necesarias y efectuar los actos que se requieran para el cumplimiento adecuado de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que le encomiende la Contraloría General del Estado;
  3.        III.          Rendir un informe anual tanto a la Junta Directiva como a la Contraloría General del Estado;
  4.       IV.          Recomendar a la Junta Directiva y al Director General las medidas preventivas y correctivas que sean convenientes para el mejoramiento de la organización y funcionamiento del Instituto;
  5.           V.          Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, sólo con derecho a voz; y
  6.       VI.          Las demás necesarias para el ejercicio de las anteriores.

Las facultades del Comisario se señalan sin perjuicio de las que le otorguen otras disposiciones legales.

Artículo 23.- El Instituto proporcionará al Comisario los recursos humanos y materiales que razonablemente requiera para la atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públicos del Instituto estarán obligados a proporcionarle el auxilio que requiera para el desempeño de sus facultades.

 CAPÍTULO III

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO

 Artículo 24.- El Instituto contará con un patrimonio propio y se integrará:

  1.       I.          Con los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes.
  2.   II.          Con los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el sector público; los que le sean transmitidos por el sector privado y las aportaciones que se adquieran por cualquier otro título;
  3. Con los fondos estatales, nacionales o internacionales, públicos o privados, obtenidos para el financiamiento de los programas, proyectos y actividades del Instituto;
  4. Con los recursos que obtenga de las actividades que realice en cumplimiento de su objeto general;
  5.  V.          Con las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales; y
  6. Con los demás ingresos, créditos, derechos y bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal.

El Instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público, aplicables a la Administración Pública Estatal.

 CAPÍTULO IV

DEL RÉGIMEN LABORAL DEL INSTITUTO

 Artículo 25.- Las relaciones laborales entre el Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Guerrero y su personal, con excepción del que se contrate por honorarios en los términos del Código Civil del Estado de Guerrero, se regirán por la legislación en la materia.

El Instituto definirá las condiciones de ingreso, promoción y permanencia del personal que tenga carácter académico.

Se considerará personal de confianza al Director General, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Administradores y aquellos otros cargos que con tal carácter determine la Ley en la materia.

 T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

Artículo Segundo. La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado hará las previsiones necesarias a fin de dotar al Instituto de los recursos humanos, materiales y presupuestales que se requieran para su creación y operación, y para incluirlo en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Artículo Tercero.- Por esta única ocasión el Director General del Instituto será nombrado directamente por el Titular del Ejecutivo Estatal. A su vez el Director General, por esta única ocasión, nombrará al personal académico del Instituto. En lo sucesivo, una vez constituida la Junta Directiva y promulgadas las Condiciones de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico del Instituto, se seguirá el procedimiento establecido en este Decreto.

Artículo Cuarto.-La Junta Directiva del Instituto deberá quedar instalada en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este ordenamiento.

Artículo Quinto. El Consejo Técnico-Académico del Instituto deberá quedar constituido en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de instalación de la Junta Directiva.

Artículo Sexto. La Junta Directiva aprobará las Condiciones de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico del Instituto en un plazo no mayor de ciento veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de su instalación.

Artículo Séptimo. La Junta Directiva aprobará el Reglamento Interior del Instituto en un plazo no mayor de ciento veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de su instalación.

Artículo Octavo. Quedan derogadas todas las disposiciones legales y reglamentarias, que se opongan al presente ordenamiento.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 15 de enero de 2013

 

 

 

Dip. Laura Arizmendi Campos

 

 

Dip. Jesús Marcial Liborio

 

 

Dip. Olaguer Hernández Flores

Vocal

Dip. Héctor Apreza Patrón

Vocal