Nuevo federalismo electoral

La propuesta de los integrantes del Pacto por México para la creación del Instituto Nacional Electoral y el establecimiento de una legislación única en la materia, camina a grandes pasos, generando un amplio debate sobre el tipo de refundación institucional que requiere nuestra democracia.

Isidro H. Cisneros/ A los Cuatro Vientos

El punto central de la discusión es si una iniciativa de esta naturaleza podría afectar al federalismo mexicano, sobre todo, en lo que se refiere a la desaparición de los órganos locales encargados de organizar las elecciones. Se debe recordar que bajo el concepto “federalismo” se presenta una multiplicidad de significados y concepciones políticas, intentos de aplicación y experiencias históricas, así como modos de organización del Estado que son muy diversos entre sí y que resulta necesario clarificar. Uno de los más grandes constitucionalistas de nuestro tiempo, Luigi Ferrajoli, sostiene que el federalismo es una cuestión de grado que se mide a través de dos elementos: “La cantidad y la calidad de las funciones de garantía confiadas a las instituciones federales, y la cantidad y la calidad de las funciones de gobierno confiadas a las instituciones federadas”. Y agrega que los estados miembros están vinculados por normas producidas por las fuentes federales, por un pactum subiectionis, que pone fin a su soberanía.

constitucion1824El federalismo en nuestro país tuvo sus bases primigenias con la Constitución de 1824, la cual, al finalizar la Guerra de Independencia, postuló que “la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de República representativa, popular y federal”, estableciendo que el supremo poder de la federación se divide en: legislativo, ejecutivo y judicial. Era la primera Constitución federal que definía la forma de organización y funcionamiento de los poderes de los estados miembros de la Unión, y enumeraba las obligaciones y restricciones que pesarían sobre el ejercicio de los poderes de los estados integrantes del pacto federal. Una nueva Carta Magna se promulgó en 1857, con la derrota de la dictadura de Santa Anna, que restableció nuevamente el federalismo y la república representativa. La idea de federalismo prevaleciente en nuestro país, proviene de la Constitución de 1857, cuya formulación pasó íntegramente a la nueva Constitución de 1917, que en su artículo 40 señala: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación”. Vivimos bajo un precepto y una modalidad de entender el federalismo que data de hace 189 años. Desde entonces, el mundo de la política democrática ha cambiado radicalmente.

El federalismo se desarrolló como una forma histórica de unificación política y como un instrumento para generar un Estado nacional. Nuestra Carta Magna creó dos órdenes subordinados a ella: la Federación y las entidades federativas. Su artículo 41 establece que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión y por los de los estados”. Entre ellos no existe jerarquía sino coordinación. Muchos piensan, erróneamente, que ambos órdenes representan dos gobiernos completamente separados y casi independientes, que son cosoberanos; es decir, que una parte de la soberanía corresponde a la Federación, y la otra, a las entidades federativas, olvidando que la soberanía siempre es una e indivisible. El poder del Estado tiene dos campos de igual jerarquía: el federal y las entidades federativas, y de aquí deriva la idea de que existen dos poderes, dos formas de gobierno y dos órdenes jurídicos. El Estado federal es exactamente lo contrario: un poder de gobierno y un solo orden jurídico, o dicho de otra manera, un Estado unitario pero con descentralización política.

Por lo tanto, se debe distinguir entre Estado federal como organización política garantizada constitucionalmente, y federalismo democrático como concepto global que involucra el punto de vista social en la estructura política para garantizar y gestionar el pluralismo. Es el “cemento institucional” que permite el desarrollo del poder democrático sobre el territorio. Observamos un nuevo federalismo que se contrapone al federalismo tradicional que concibe a la soberanía en términos feudales como poder absoluto sobre un territorio. El federalismo democrático es una solución para inhibir la formación de feudos políticos. Se dice, con justa razón, que los gobernadores representan a los nuevos señores feudales que buscan el control de todos los ámbitos de la política local.

La creación del Instituto Nacional Electoral no atenta contra el federalismo. Ni vulnera la soberanía de los estados, ni creará las condiciones para que desaparezcan las legislaturas locales. Tampoco representa un retorno al Estado centralista. Por el contrario, favorece el federalismo democrático. Se requiere modificar la vieja inercia endógena local que produce y reproduce tendencias autoritarias, y sustituirla por una nueva inercia exógena nacional que favorezca la democratización. Solo de esta manera se reducirán los elevados costos de la política, se fomentará la equidad electoral y se reforzará el federalismo democrático que México requiere para el siglo XXI.

zorro*Isidro H. Cisneros. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia. Ex Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal  (isidroh.cisneros@gmail.com    Twitter: @isidrohcisneros) agitadoresdeideas.blogspot.mx