En grave riesgo la trascendental reforma constitucional a los Derechos Humanos en México

El licenciado Raúl Ramírez Baena, ex ombudsman de los Derechos Humanos en Baja California y director ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN), reveló A los Cuatro Vientos lo que sigue:

“Hace unos meses el diputado Francisco Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quiso revertir en el Congreso de la Unión la reforma constitucional de junio de 2011, que otorga la mayor protección a los derechos humanos de las personas.

“Ahora lo tratan de hacer desde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, contradiciendo sus propias tesis de noviembre de 2011 que reafirman el Principio Pro Persona.

“El Principio de «Progresividad» fue establecido en el Artículo 1o. Constitucional en la misma reforma del 2011.

“De prosperar la corriente regresiva en la corte, será un duro golpe a las acciones de protección y garantía de los derechos humanos en México”.

Al respecto, el portal animalpolitico.com publicó este miércoles 28 de agosto el siguiente artículo:

Claves para entender la discusión en la SCJN. Bloque de constitucionalidad y jerarquía de fuentes

La SCJN discute esta semana los alcances de la reforma de 2011 al artículo 1° constitucional, a fin de determinar la jerarquía de los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales dentro del orden jurídico nacional.

MAGISTRADO CORTE JUSTICIAEl Pleno de la Suprema Corte mexicana se ha abocado al análisis de los alcances del artículo 1° constitucional, reformado en 2011, y su interpretación en conexión con el artículo 133, que no ha sido reformado. De lo que el Pleno determine depende la consolidación de la reforma de 2011 en cuestiones tan relevantes como la existencia de un llamado bloque de constitucionalidad, la jerarquía de normas sobre derechos humanos, la fuerza de los precedentes interamericanos y el control de convencionalidad.

En los siguientes días, se analizarán, al menos, dos contradicciones: la 293/2011 y la 21/2011 sobre estas cuestiones.

El lunes 26 de agosto inició la discusión de la Contradicción de Tesis 293/2011, el proyecto fue presentado por el Ministro Arturo Zaldívar. En él, se plantean cuestiones sobre bloque de constitucionalidad, supremacía constitucional, jerarquía de normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y vinculatoriedad de precedentes de la Corte Interamericana.

La contradicción se da entre dos Tribunales Colegiados que sostienen criterios distintos de interpretación sobre la jerarquía de las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados y su interpretación por parte de instancias internacionales, como lo es la Corte Interamericana. Dicha contradicción fue anterior a la reforma de 2011, por lo que el lunes, el Pleno se dedicó básicamente a determinar si procedía o no la resolución de la Controversia dado que los Tribunales no habían interpretado el nuevo texto constitucional. La cuestión fue planteada por la Ministra Margarita Luna Ramos, a la que se unieron otros ministros del ala conservadora. Finalmente, y por unanimidad, se votó a favor de su resolución dada la trascendencia que tiene para el sistema jurídico la definición sobre los alcances del nuevo artículo 1° constitucional.

Es importante mencionar que estas dos contradicciones fueron discutidas los días 12 y 13 de marzo de 2012, aún con los ministros Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia. La 293, también en la ponencia de Zaldívar, quedó pendiente de votación pues no se alcanzaba la mayoría para aprobarlas y el ministro decidió retirarla para lograr un consenso con los ministros.

Leer Más: http://www.animalpolitico.com/blogueros-treinta-y-siete-grados/2013/08/28/claves-para-entender-la-discusion-en-la-scjn-bloque-de-constitucionalidad-y-jerarquia-de-fuentes/#ixzz2dL6gyPxS
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La transcendental discusión se da en los momentos en que la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), a través del doctor Héctor Fix Zamudio, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que la reforma de junio del 2011 al Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es “una gran innovación” en nuestro país ya que impactó de manera directa  la administración de justicia federal en la nación. Por la importancia del posicionamiento hecho por el académico, A los Cuatro Vientos presenta el texto del documento de la AMC

Los derechos humanos elevados a nivel constitucional, una gran innovación en México

La reforma es un nuevo paradigma que actualiza la concepción anacrónica que confundía las garantías individuales con los derechos fundamentales.

Academia Mexicana de Ciencias

El 6 y 10 de junio de 2011 se publicaron dos importantes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impactan directamente en la administración de justicia federal.

AMC doctor Héctor Fix Zamudio“Estas reformas constitucionales en materia de derechos humanos, significan un nuevo paradigma que actualiza de manera dinámica, la anacrónica concepción –propia del siglo XIX–, que confundía las garantías individuales con los derechos fundamentales”, señaló el doctor Héctor Fix Zamudio (foto arriba) en su conferencia “El futuro de la labor judicial en el campo de los derechos humanos”.

Fix Zamudio, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), señaló que lo más importante de estas reformas es que elevan a nivel constitucional los derechos humanos establecidos por los tratados internacionales de los que forma parte México. Esto es una evolución que se observaba en América Latina y México se había quedado rezagado, indicó.

Explicó que los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales se habían incorporado a la Constitución a través de leyes dictadas por el Senado; la doctrina los ha llamado “derechos nacionales de fuente internacional”; ahora la innovación de la reforma constitucional de junio de 2011, es que esos derechos están a nivel constitucional. Después de una evolución muy larga pero que ahora ha culminado.

“En relación con estas reformas, -cuestionó- ¿Qué función tienen los jueces, empezando por los que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y también los de carácter local?, ¿qué implican estas reformas y la incorporación de los derechos establecidos en los tratados internacionales para los jueces?, desde luego cambia la perspectiva”, señaló.

Desde este punto de vista, dijo el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en México y en otros países de Latinoamérica existe un problema muy serio que es necesario solventar, pues no existe una regulación jurídica sobre cómo se van a cumplir, no solo las sentencias de la SCJN, sino las recomendaciones aceptadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no son obligatorias, y las de los demás órganos administrativos de las Organización de las Naciones Unidas que tienen la facultad de recibir quejas y emitir recomendaciones.

Y añadió: “Hay una necesidad de impartir una ley, de establecer un órgano técnico permanente que establezca cómo, qué autoridades y en qué momento tienen que cumplir las sentencias”.

Por otro lado, planteó el especialista, “¿qué obligaciones tienen los jueces mexicanos con motivo de estas reformas tan importantes?”, a lo que respondió: “Los jueces federales, al conocer de las controversias constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan a la Constitución federal”.

DERECHO A PROTESTAR

Mientras que los demás jueces mexicanos, es decir, de las entidades federativas y el Distrito Federal, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución federal y los tratados internacionales sobre derechos humanos, solo para efectos concretos, sin hacer una declaración de invalidez de dichas normas.

También reflexionó sobre en quién recae la protección de los derechos humanos si en las instancias internacionales o en los gobiernos.

“Debemos entender que la protección nacional es la más importante, la fundamental; las demás son subsidiarias y complementarias”.

Por lo anterior la tarea que tienen los jueces en México es aplicar esos derechos en el ámbito interno, que es la protección más importante.

“El reto para los jueces mexicanos es hacer una protección nacional, realmente importante que pueda ser innovadora”, concluyó el especialista.